La semana pasada se dio inicio en la corte federal en Washington DC a un juicio en el que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) junto a un grupo de fiscales generales de varios estados acusan a Google de prácticas anticompetitivas para lograr el monopolio del mercado de los motores de búsqueda.
EEUU vs Google: las claves del juicio que puede definir el futuro de internet
Estos son los factores claves del juicio del gobierno de EEUU contra el coloso tecnológico y las posibles consecuencias del caso que podrían afectar tanto el futuro mismo de Google, como la manera en que usaremos el internet en el futuro.
Según la demanda del gobierno presentada en 2020, Google abusó de su dominio en el mercado de motores de búsqueda para mantener un poder casi absoluto, dejando pocas o ninguna opción a los usuarios.
El juicio durará alrededor de 10 semanas, pero no se espera que el juez Amit Mehta se pronuncie antes de 2024.
Estos son los factores claves del juicio contra el coloso tecnológico estadounidense y las posibles consecuencias del caso, que podrían afectar cómo usaremos el internet en el futuro.
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Qué alegan el Departamento de Justicia y los fiscales generales contra Google
Según el DOJ y los fiscales generales, Google logró limitar el alcance de buscadores de la competencia como Bing, Yahoo! y Ask.com de manera ilegal al pagar miles de millones de dólares a fabricantes de hardware como Apple para que su motor de búsqueda fuera el predeterminado de fábrica en los programas navegadores instalados en sus teléfonos y computadoras.
De esta manera, el buscador de Google sería el primero que ven las personas cuando acceden a sus navegadores web e intentan hacer una búsqueda.
La demanda estima que de esta manera en los últimos años Google logró acaparar una cuota de mercado de búsquedas en Estados Unidos de cerca del 90%.
La demanda también alega que Google pretendía que los acuerdos fueran "exclusivos", negando a los rivales el acceso a consultas de búsqueda y clics, y permitiendo a Google afianzar su dominio en el mercado.
El gobierno dijo que los acuerdos sobre navegadores, que dirigen miles de millones de consultas web a Google todos los días, han resultado en menos opciones para los consumidores, cuyos resultados de búsqueda suelen estar encabezados por publicidad, y menos innovación.
" Esta demanda ataca el corazón del dominio de Google sobre internet para millones de consumidores, anunciantes, pequeñas empresas y empresarios estadounidenses sometidos a un monopolio ilegal", dijo el ex fiscal general William Barr cuando se presentó el caso por primera vez en octubre de 2020.
Cómo se defiende Google de los alegatos de la demanda
Google sostiene que no violó la ley antimonopolio y que sus acuerdos para la instalación de su motor de búsqueda en los navegadores de sus socios comerciales era "competencia legítima" y no "exclusión ilícita".
Según la empresa acusada, dichos acuerdos no impidieron que los rivales desarrollaran sus propios motores de búsqueda ni impidieron que empresas como Apple y Mozilla, el fabricante del navegador Firefox, los promocionarán.
En un escrito presentado en la corte en enero, Google sostiene que los fabricantes de teléfonos y navegadores web establecieron la búsqueda de Google como su opción ‘de fábrica’ a fin de ofrecer a sus clientes la experiencia de "más alta calidad" disponible.
Google también afirma que los usuarios de dispositivos móviles pueden cambiar fácilmente si quieren utilizar otro motor de búsqueda.
Por qué el gobierno dice que los acuerdos de Google constituyen una práctica monopólica ilegal
En principio un acuerdo entre empresas que excluyen a sus competidores son legales y de hecho son muy comunes y no sujetos al escrutinio de los reguladores.
Pero cuando una empresa es tan grande y poderosa como Google, al punto de que restringe la entrada en el mercado de rivales mucho más pequeños sin poder probar que dicha restricción tiene un efecto positivo en los consumidores finales, la práctica puede ser vista como ilegal.
En el juicio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos deberá probar que los acuerdos comerciales de Google causaron un perjuicio en la competencia en los mercados de búsquedas mientras que Google podría debilitar el caso del gobierno si logra demostrar que los acuerdos conllevan beneficios para los usuarios
Qué busca el gobierno en su demanda contra Google
El DOJ y sus aliados en el juicio no buscan la imposición de una sanción monetaria contra Google, sino lograr de manera judicial que la compañía deje de llevar a cabo lo que consideran son prácticas monopólicas y anticompetitivas.
Un triunfo del DOJ podría tener profundas implicaciones para Google y su futuro.
Entre las medidas que podría tomar el tribunal, la demanda sugiere la división de Google a fin de acabar con el monopolio, una solución que se ha usado en el pasado como cuando en 1984 el proveedor de telefonía AT&T fue dividido en siete empresas telefónicas regionales.
El caso del gobierno contra Google constituye el mayor desafío al poder de las compañías tecnológicas desde la demanda del DOJ contra Microsoft en 1998, por prácticas monopólicas para imponer el uso de su navegador Internet Explorer.
El tribunal falló a favor del gobierno encontrando que Microsoft intentó bloquear ilegalmente el navegador rival Netscape Navigator. Microsoft llegó a un acuerdo que dejó a la empresa intacta, y al pasar de los años a raíz de la erosión de su popularidad y de la creciente competencia, Internet Explorer dejó de ser actualizado después de la presentación de su versión 11 en 2013.
El juez Mehta, quien fue nominado al cargo en 2014 por el expresidente Barack Obama, tiene experiencia en casos antimonopolio habiéndose ocupado de un caso que resultó en el bloqueo temporal de fusión de Sysco y US Foods por valor $3,500 millones después de que los reguladores se opusieron al acuerdo. Las empresas desecharon el intento de fusión días después.
Más recientemente, Mehta condenó a Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, a 18 años de prisión por su papel en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y presidió el juicio que resultó en la condena por desacato al Congreso de Peter Navarro, exasesor del expresidente Donald Trump en materia económica.