Rescatan a 33 niños desaparecidos algunos de los cuales eran víctimas de explotación sexual en California

El operativo se dio en el marco del Mes de la Concientización Sobre el Tráfico de Personas y tenía como objetivo “identificar, localizar y recuperar a niños desaparecidos, en particular a los que han sido o se sospecha que han sido explotados sexualmente”.

Por:
Univision
Hastiados de la violencia y la pobreza que se vive en sus países, miles de menores centroamericanos no acompañados llegaron a Estados Unidos en la última década. Alexandra, Edwin y Emmanuel son parte de una nueva generación que lucha por hacerse un espacio en un entorno difícil que se ha convertido a la fuerza en su nuevo hogar.
Video Menores no acompañados: el destino incierto de un grupo invisible

Más de 30 niños desaparecidos, incluidos ocho que estaban siendo explotados sexualmente en el momento de la recuperación, fueron rescatados como parte de la 'Operación Los Ángeles' en el sur de California, según anunció el viernes el FBI.

De acuerdo con un comunicado, otro de los menores había sido secuestrado por uno de sus padres sin tener custodia sobre él. Algunas personas fueron arrestadas por violación a su libertad condicional, robos y otros delitos. La operación también resultó en la apertura de múltiples investigaciones y en el arresto de un presunto traficante de personas, a quien se le levantarán cargos estatales.

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El operativo se dio en pleno Mes de la Concientización Sobre el Tráfico de Personas y tenía como objetivo “identificar, localizar y recuperar a niños desaparecidos, en particular a los que han sido o se sospecha que han sido explotados sexualmente”.

“El FBI trabajó con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y más de dos docenas de socios no gubernamentales y policiales para identificar, localizar y recuperar a 33 niños desaparecidos”, aseguró Kristi K. Johnson, subdirector a cargo de la oficina local del FBI en Los Ángeles.


El FBI advirtió que algunos menores rescatados terminan regresando al tráfico sexual comercial de manera voluntaria o por la fuerza, entorpeciendo los esfuerzos de las autoridades.

“Este ciclo nocivo destaca los desafíos que enfrentan las víctimas y los que enfrentan las fuerzas del orden cuando intentan evitar que las víctimas regresen a una situación abusiva. Es posible que las víctimas no se identifiquen a sí mismas como víctimas de trata o que ni siquiera se den cuenta de que están siendo objeto de trata”, detalló el comunicado.

En los últimos años el FBI ha reportado un aumento de crímenes relacionados con trata de persona. En el 2020 inició 664 investigaciones a lo largo de los Estados Unidos y logró 473 arrestos. Sin embargo, para noviembre de 2020 tenía 1,800 investigaciones pendientes.

Para la operación se reunieron varios equipos para esta operación, que estaban compuestos por agencias policiales locales, estatales y federales, así como el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de California y organizaciones no gubernamentales de defensa de las víctimas.

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<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
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