La Corte Suprema decidirá si los casos de violaciones en el Ejército no prescriben

Los defensores de la reforma de la justicia militar esperan que una audiencia de la Corte Suprema este martes pueda abrir el camino para restablecer sentencias más duras para algunos violadores y acosadores que han evitado las sentencias debido a lagunas legales.

La Corte Suprema escuchará argumentos sobre una apelación del Departamento de Justicia para revisar una decisión de un tribunal militar que condujo a la anulación de múltiples condenas por violación debido a la creación de un plazo de prescripción de cinco años para las violaciones en el Ejército.

Esta también será la primera vez que la Corte Suprema aborda un problema de agresión sexual en la era #MeToo. En los últimos meses, la atención pública se ha centrado en los innumerables casos de agresión sexual militar tras el trágico asesinato este año de Vanessa Guillén, una soldado adscrita a la Fort Hood, en Texas.

La Corte Suprema está escuchando argumentos en un caso que involucra a tres hombres de la Fuerza Aérea cuyas condenas por violación fueron anuladas en 2018. Sus casos fueron descartados cuando la máxima corte de apelaciones militares dictaminó que existía un plazo de prescripción de cinco años para agresión sexual militar en casos que ocurrieron antes de la aprobación de una enmienda en 2006 que eliminó cualquier límite de tiempo.

Uno de los casos involucró una confesión grabada por los fiscales de la Fuerza Aérea. Si tiene éxito, las sentencias contra los tres hombres podrían restablecerse.

Harmony Allen, una de las tres sobrevivientes cuyo violador fue liberado por el fallo de la corte militar espera que el caso pueda impulsar la lucha por la justicia para todas las sobrevivientes de agresión sexual militar.

Creciente campaña

Allen es parte de una creciente campaña para cabildear por la reforma de la justicia militar en el Congreso, incluido un proyecto de ley bipartidista que lleva el nombre de Vanessa Guillén. El proyecto de ley busca crear un proceso legal independiente para enjuiciar los casos de violación y acoso sexual, eliminando a los oficiales al mando del proceso de toma de decisiones.

Los críticos dicen que la cadena de mando militar ha encubierto casi sistemáticamente los casos de abusos sexuales en un esfuerzo por proteger la preparación militar y el avance profesional en una jerarquía dominada por hombres.

"El hecho de que hayan tardado casi dos décadas (...) en intentar hacer justicia, demuestra que el sistema de justicia militar está abrumadoramente contra los sobrevivientes", dijo Allen en un comunicado.

“Las víctimas de agresión sexual militar han estado gritando desde los tejados durante años, pero ha habido poca o ninguna respuesta por parte de los líderes militares. Está claro que el Congreso debe intervenir. Espero que los candidatos al Senado reconozcan la responsabilidad que tienen en la protección de las mujeres y los hombres que sirven a nuestro país y se comprometan a arreglar un sistema roto".

Entre los que se han comprometido a apoyar la reforma militar se encuentra el candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Allen tenía 19 años cuando un instructor de curso la golpeó y violó el 25 de agosto de 2000 en la Base de la Fuerza Aérea Sheppard, en Texas. El sargento primero Richard Collins fue declarado culpable de la violación de Allen ante un tribunal militar de Florida en 2017 y lo condenó a 16 años y medio de prisión. Pero fue liberado después del fallo Monaghas en 2018.

El abuso sexual en el Ejército se considera una de las principales causas de trastorno de estrés postraumático, igual o peor que el trauma debido al combate.

Según admitió el propio Pentágono, el número estimado de agresiones sexuales ha aumentado a 20,500 para 2018. Una de cada 16 mujeres en el Ejército informó haber sido agredida sexualmente durante el último año.

Plazo de prescripción

La Corte Suprema debe escuchar los argumentos sobre si los tribunales militares tienen límites de tiempo para el enjuiciamiento de la violación. El fallo de 2018 de la Corte de Apelaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos (CAAF) revirtió un precedente de larga data con un fallo conocido como USA. v. Mangahas, que estableció el plazo de prescripción de cinco años para las violaciones en el Ejército que tuvieron lugar antes de 2006.

Allen cuenta con el apoyo del grupo Protect Our Defenders, que aboga por las víctimas de abuso sexual militar.

"Varios violadores han sido puestos en libertad o se han desestimado los cargos pendientes debido a este fallo y, si el fallo se mantiene, a incontables supervivientes de violación se les negará el acceso a la justicia", dijo el coronel retirado Don Christensen, ex Fiscal Jefe de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y presidente de Protect Our Defenders.

"La decisión de la Corte Suprema de revisar un caso de agresión sexual militar es la culminación de años de incansables esfuerzos de sobrevivientes como Harmony que abogan por la justicia. Su decisión tendrá un profundo efecto en el tratamiento de la cultura de violación y agresión sexual en el ejército en el futuro ”, Añadió.

La decisión de Mangahas prohibió a los fiscales presentar cargos por violación ocurrida antes de 2006 a menos que el delito hubiera sido denunciado y acusado dentro de los cinco años. La Corte Suprema ahora interpretará si debe existir un plazo de prescripción de cinco años o ningún límite de tiempo para el enjuiciamiento de agresión sexual militar en los casos entre 1986 y 2006.

Históricamente, según la ley militar, cualquier delito debe ser acusado dentro de los cinco años. Pero en 1986, el Congreso eximió a los delitos punibles con la pena de muerte, incluida la violación, del plazo de prescripción de cinco años.

En Estados Unidos v Mangahas, la corte de apelaciones determinó que debido a que nunca se impondría la muerte por el delito, la violación no calificaba para la exención de 1986 y debería estar incluida en el plazo de prescripción de cinco años.

Los cargos contra Mangahas fueron desestimados. Como resultado, se anularon cuatro condenas por violación y al menos 10 casos adicionales fueron desestimados o no procesados, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema este verano que interviniera y revocara la decisión, argumentando que "subvertiría el esfuerzo concertado de los militares para erradicar la agresión sexual, erosionaría la confianza en el sistema de justicia militar y generaría la impresión de que 'no pasará nada al perpetrador' de violaciones militares".