Mexicanos explotando mexicanos: el caso de 17 campesinos forzados a trabajar miles de horas en EEUU

En México, un reclutador de campesinos prometía el cielo y las estrellas a los interesados en trabajar en Estados Unidos. Les decía que trabajarían lo justo y recibirían un sueldo de 13 dólares por hora o más. Es decir, tendrían un ingreso alto comparado al de su país, donde el salario mínimo es de 8 dólares por día.

Hubo quienes aceptaron la oferta laboral y no les importó pagar una “cuota” de entre 20,000 y 50,000 pesos (de 1,000 a 2,500 dólares) que les pidieron para obtener la visa H-2A, que el gobierno de EEUU otorga a agricultores extranjeros para desempeñar su labor temporalmente. Esa “cuota” es ilegal.

Al llegar a este país cambiaron las cosas: les cobraron por todo aquello que en el contrato acordaron darles gratis o a bajo costo: alimentación, alojamiento y transporte. Eso les generó deudas y sus patrones lo aprovecharon para explotarlos todavía más.

Los detalles de este caso de trabajo forzado en contra de inmigrantes se describen en decenas de páginas que fiscales sometieron a una corte federal del Distrito Medio de Florida. La acusación está basada en las declaraciones de 17 víctimas, todos inmigrantes mexicanos, que alegan haber sido explotados de 2015 a 2017. Casi todos sus victimarios también son mexicanos.

De acuerdo con las autoridades, este complot fue perpetrado por el dueño y los supervisores de la empresa Los Villatoros Harvesting LLC, que ofrecía mano de obra a agricultoras de Florida, Indiana, Kentucky, Missouri, Mississippi, Carolina del Norte y Georgia. Durante tres años, esta compañía dio empleo a cientos de mexicanos con visas H-2A.

El dueño de Los Villatoros Harvesting es el mexicano Bladimir Moreno y sus presuntos cómplices son sus connacionales Efraín Cabrera Rodas, Alexander Villatoro Moreno, Guadalupe Mendes Mendoza y una persona no identificada que se encargaba de reclutar campesinos en México.

La acusación menciona, además, a la estadounidense Christina Gámez, quien fue contadora, gerente y supervisora de dicha empresa de marzo de 2016 a agosto de 2017.

En su declaración de culpabilidad firmada el pasado 11 de marzo ella admitió que, junto a otros empleados de alto rango, obligó a estos campesinos para que realizaran “miles de horas de trabajo agrícola… por un salario bajo”, mientras ellos vivían en condiciones deplorables.

Amenazas de muerte y hacinamiento

Gámez también confesó que preparó reportes falsos que entregó a investigadores federales con el fin de “ocultar aspectos de la empresa criminal”. Ahora afronta una pena máxima de 20 años de prisión, una multa de 250,000 dólares y al pago de una compensación de más de 9,000 dólares, indica un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).

En “largas jornadas de trabajo”, las 17 víctimas cultivaron pepino, pimiento morrón, así como frutas y vegetales en distintas temporadas. Algunos se quedaron varios meses después de que sus visas de trabajo expiraron y fueron escondidos por los operadores de Los Villatoros Harvesting para seguirlos explotando. Mientras eso ocurría, los mantenían en hoteles y moteles, donde hasta seis personas compartían una sola habitación.

Para evitar que buscaran otro empleo o pidieran ayuda, les quitaban los pasaportes y les advertían que los denunciarían a la policía y al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), detalla la denuncia.

“En noviembre de 2016, en Snow Hill, Carolina del Norte, Bladimir Moreno amenazó a una víctima diciendo que si la víctima intentaba escapar uno de sus familiares acabaría muerto”, dice la acusación.

Un año después, Moreno dijo a investigadores federales que su empresa pagaba un sueldo mínimo de 13.01 dólares por hora y que además cubría distintos gastos de sus empleados mexicanos, incluyendo “visa, comida y cruces fronterizos… porque los trabajadores no tienen dinero para cubrir estos costos”.

También negó saber que les cobraran hasta 50,000 pesos (2,500 dólares) por la “oportunidad” de trabajar en EEUU. Pero los fiscales aseguran tener como evidencia registros de tres transferencias por casi 45,000 dólares desde un banco de México y a una cuenta de Wells Fargo a nombre de la empresa de Moreno.

Christina Gámez, por su parte, admitió que sí les cobraban por todo a los trabajadores migrantes y que la compañía de Moreno tomó ventaja porque ellos “estaban desesperados para pagar sus deudas”.

Sigue pendiente la fecha de la sentencia de Gámez. En tanto, los procesos judiciales del resto de los implicados siguen avanzando.

Este caso estuvo a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Departamento del Trabajo y el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado.