Juez suspende prioridades de deportación y ordena al gobierno ejecutar las expulsiones pendientes
Esta orden significa que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un indocumentado con una orden final de deportación.
Por:
Jorge Cancino.
La decisión del juez federal respondió a una demanda interpuesta por los estados de Arizona, Montana y Ohio. "De acuerdo con el fallo, todas las deportaciones van a ser ejecutadas y no tienen validez las prioridades que determinó el secretario Mayorkas en septiembre del año pasado", indicó Jorge Cancino, editor de inmigración de Univision Noticias. Más información aquí.
Video Revés para Biden: Juez dictamina que el gobierno no tiene autoridad para modificar leyes de deportación de extranjeros
Un juez de distrito dictaminó este martes que el gobierno federal no tiene la autoridad para modificar las leyes de aprehensión, detención y deportación de extranjeros que el Congreso de EEUU explícitamente ha promulgado bajo el debido proceso legislativo.
El fallo bloquea la Sección 2 del memorando emitido por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, fechado el 30 de septiembre 30 de 2021, donde establece las nuevas prioridades de deportación que los oficiales tienen que evaluar en los diferentes casos para proceder a la expulsión de un extranjero.
PUBLICIDAD
La decisisón judicial fue en respuesta a una demanda presentada por los estados de Arizona, Montana y Ohio, gobernados por republicanos, quienes alegan que el gobierno violó la ley al modificar y establecer las prioridades de deportación, sobre todo de aquellos indocumentados que tienen una orden de expulsión vigente.
Los demandantes fustigaron el memorando de Mayorkas y señalaron que el cambio de prioridades corresponde al presidente en uso de sus poderes ejecutivos.
En la sentencia, el juez Michael J. Newman desestimó los alegatos del DHS y concedió la demanda de los estados. También dijo que el secretario del DHS y todos los funcionarios y agentes de ese departamento tienen prohibido hacer cumplir la Sección 2 del memorando del 30 de septiembre, donde se establecen las prioridades de deportación.
La orden significa que el gobierno debe proceder con las deportaciones y no puede “autorizar la liberación de, ya sea bajo fianza, supervisión o de otro modo, de un no ciudadano con una orden final de deportación”.
Tampoco puede dilatar o suspender la expulsión de un individuo en la medida “en que no haya otra disposición” establecida en la ley de inmigración.
“Esta Orden no limita ni impide que el DHS haga cumplir o implemente la orientación permanente en una forma no prohibida en el presente”, agregó el dictamen.
El juez dijo que la orden preliminar “se aplica a nivel nacional y en todos los lugares, territorio o jurisdicción donde el DHS tiene autoridad para hacer cumplir la guía”, a menos que la Corte de Apelaciones del 6to Circuito o la Corte Suprema establezcan lo contrario.
Abogados consultados por Univision Noticias señalaron que el fallo del juez Newman constituye un revés importante para la política migratoria de Biden y anticiparon que el caso escalará a la Corte Suprema de Justicia.
“Los tres estados demandantes lograron parar que se implementen las prioridades de deportación tipificadas en el memorando del 30 de septiembre que flexibilizaba y otorgaba amplia discreción a los agentes del DHS”, dijo José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida.
“Ahora las personas que están en proceso de deportación o tienen una orden de deportación emitida, mi consejo es que busquen consejo legal porque con esta orden están en riesgo de ser detenidos y expulsados de Estados Unidos”.
“La decisión tomada por el juez Newman es un golpe para Biden y su política migratoria”, dijo Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Más que nada por la instrucción que dio de que el fallo debe implementarse de inmediato a nivel nacional mientras se apela la decisión”.
“Pero al final del día, se trata de recursos”, agregó Gálvez. “El DHS no tiene los recursos para hacer todos los arrestos que debe hacer ni llevar a cabo todas las deportaciones que los demandantes esperan”.
En cuanto a qué deben esperar los extranjeros con orden de deportación vigente, Gálvez dijo que “si no tienen delitos graves, pesados, no deberían están viviendo con temor, pero si en alerta de que esto pueda ser implementado pronto”.
En cuando a la cantidad de órdenes de deportación emitidas, Mayorkas dijo en noviembre del año pasado ante los miembros del Comité Judicial del Senado, que el DHS tenía conocimiento de 1.2 millones de extranjeros que debían ser expulsados del país.
PUBLICIDAD
Pero advirtió que “el hecho de que un individuo sea un indocumentado removible no debería ser el único motivo de una acción judicial contra ellos".
El jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos también cuestionó la validez de la totalidad de las órdenes finales de deportación existentes, muchas de las cuales fueron emitidas en ausencia debido a fallos en las Notificaciones de Comparecencia (NTA).
Ese problema fue zanjado por la Corte Suprema, que dictaminó que los documentos mal escritos, sin fecha o con direcciones incorrectas, no eran válidos.
"No aceptaría necesariamente el hecho de que todos (los indocumentados con una orden final de deportación) hayan recibido el debido proceso", dijo el secretario.
Mayorkas también reafirmó las prioridades de deportación que fueron anunciadas en febrero y actualizadas en octubre por medio de un memorando que envió a los directores de todas las agencias bajo su mando.
Mira tambien:
1 / 5
Eddy Rafael Salinas Galeano, ciudadano de Nicaragua, con antecedentes delictivos fue detenido por cruzar ilegalmente la frontera cerca de San Luis, Arizona. El 6 de enero de 2014, Galeano, de 31 años, fue condenado por actos lascivos con un niño y luego condenado a entre 10 y 22 meses. Cumplió poco menos de catorce meses antes de su deportación a Nicaragua el 23 de febrero de 2015. Galeano será procesado por reingresar al país tras ser deportado.
