La política migratoria de Trump provoca un “tsunami” de renuncias en las cortes de inmigración

La política migratoria de 'tolerancia cero' de Donald Trump está causando estragos en las cortes de inmigración. La falta de independencia de los jueces, la imposición de un sistema de cuotas y el retiro de discrecionalidades durante la impartición de justicia ha llevado a muchos jueces a pensar en irse o pedir anticipadamente sus retiros.

“Habíamos estado prediciendo que se produciría un verdadero tsunami de jubilaciones debido a la creciente presión ejercida sobre los jueces”, dijo a Univision Noticias la honorable Dana Leigh Marks, presidenta honoraria de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). “Los jueces están obligados a concluir más casos de forma más rápida que nunca y con menos apoyo”, agregó.

Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias dijeron que el retiro de jueces y personal de las cortes de inmigración se ha incrementado desde mediados del año pasado, cuando el entonces fiscal general Jeff Sessions impuso el sistema de cuotas y le retiró a los jueces el poder de cancelar administrativamente los casos de deportación de extranjeros que no representan una amenaza para la seguridad pública o nacional de Estados Unidos.

Crisis nunca vista

“Todos los días conocemos historias de jueces y personal de los tribunales de inmigración que están cansados, que quieren irse o pasar a retiro”, cuenta Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles, California. “Hay una crisis que afecta la psicología de los jueces, están bajo mucha presión debido a la política impuesta por este gobierno”, agrega.

“He hablado con varios de ellos en los ascensores de los tribunales, en los restaurantes donde coincidimos para almorzar y nos dicen que están frustrados con el gobierno porque los fuerzan a proceder de manera rápida, y este esquema los lleva a violar los derechos de los indocumentados”, precisa.

Gálvez dice además que otra de las principales quejas por parte de los jueces “es que la actual política les impide implantar justicia de forma imparcial. Sus patronos los obligan a acelerar los casos, están apresurando la justicia y eso no se puede hacer. No se sienten augusto, no les gusta la presión ni el numero de casos que están obligados a resolver. Por eso muchos han optado por retirarse en vez de renunciar”.

Sin precedentes

La NAIJ no aporta cifras que refleje la gravedad del problema en las cortes de inmigración. “Por lo que sabemos, el número de jueces que dejaron el trabajo a mitad de la carrera en los últimos dos años (desde que Trump se instaló en la Casa Blanca) no tiene precedentes”, dijo Marks.

Agregó que la asociación “no está al tanto de los números exactos o las razones oficiales dadas por los jueces que eligieron renunciar y jubilarse, pero podemos decir que las historias reportadas en algunos medios reflejan lo que muchos jueces han dicho informalmente de sus colegas cuando se marchan”.

En cuanto a las causas que motivan la partida de jueces y empleados de los tribunales, la presidenta honoraria de la NAIJ dijo que “muchos jueces han renunciado a la mitad de su carrera o se han retirado lo antes posible debido a la creciente invasión de la independencia judicial, las incursiones en la discreción judicial y el mayor enfoque en la deportación acelerada, lo que muchos temen a costa del debido proceso migratorio”.

Clima de “miedo”

Univision Noticias intentó hablar con algunos jueces y fiscales, pero se negaron a hablar con la prensa. “Incluso se resisten hacerlo off the record, por miedo de perjudicar sus trabajos”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami, Florida, y durante 15 años fungió como fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.

“Algunos fiscales que conozco se han trasladado a otros trabajos porque no aguantaban las políticas del gobierno de Trump”, señala. “Desafortunadamente se trasladaron a otros puestos gubernamentales, distintas agencias federales, lo que quiere decir que ninguno va a poder o querer hablar con un periodista”.

Sánchez dice además que “los empleados federales suelen tener muchas restricciones” y que una de ellas “es la de hablar con la prensa. Aunque lo hacen, tienen miedo de que los “despidan” o “degraden de sus puestos por hablar”.

Advirtieron la crisis

El tsunami mencionado por Marks fue advertido en abril del 2018 por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA). Tras revisar la política migratoria de Trump, emitió una condena a la decisión tomada en ese entonces por el Departamento de Justicia (DOJ) de imponer “cuotas estrictas” de casos a resolver a los jueces “como parte de las evaluaciones de desempeño individual”.

La medida supone un “cambio que quita la independencia de los jueces cuando toman decisiones de alto riesgo”, sobre todo cuando una persona se encuentra en un proceso de deportación de Estados Unidos, indicó AILA.

"Durante años el sistema de los tribunales de inmigración ha superado el punto de quiebre y con demasiada frecuencia niega a los inmigrantes, incluso a niños, una oportunidad justa de presentar sus reclamos", dijo Jeremy McKinney, secretario de AILA. "El sistema es tan imperfecto, que algunos comediantes, como el caso de John Oliver, utilizaron su show para ridiculizarlo”, agregó.

El gobierno de Trump impuso una cuota de 700 casos al año por juez para conseguir evaluaciones satisfactorias. Según el DOJ, la estrategia va dirigida a descongestionar los tribunales de inmigración, atascado con más de 800,000 casos, pero AILA alega que la medida restringe el debido proceso migratorio.

Vida o muerte

El impulso “para obligar a los jueces a completar los casos es nuevo y peligroso, y es el último ejemplo de por qué los tribunales necesitan independencia", añadió McKinney.

AILA señala que el Congreso aprobó más dinero para financiar los tribunales de inmigración, pero en vez de trabajar para mejorar los defectos estructurales, el gobierno de Trump “está debilitando su función con cuotas numéricas sin precedentes y obligan a que muchos jueces apresuren los casos para proteger sus puestos de trabajo”.

“Las decisiones de las cortes de inmigración tienen consecuencias de vida o muerte. No se pueden gestionar como una cadena de montaje que busca eliminar rápidamente a un número masivo de personas a expensas del debido proceso”, subrayó McKinney.

Restricción de poderes

Un mes después de la fijación de cuotas, Sessions, entonces fiscal general, prohibió a los jueces de inmigración la práctica de cerrar casos de deportación que involucran a miles de inmigrantes sin antecedentes criminales, que no representan una amenaza para la seguridad nacional y tienen lazos profundos con Estados Unidos, una práctica que se aplicaba desde la década de 1980.

El llamado "cierre administrativo" o "cancelación de deportación" permitió a los jueces remover casos de baja prioridad de sus registros, lo que en la práctica facilitó que algunos inmigrantes permanezcan indefinidamente en el país pese a carecer de un estatus de permanencia legal.

Sessions emitió la orden a raíz de un caso en el que un juez de inmigración había otorgado el cierre administrativo para un menor no acompañado originario de Guatemala.

"La Asociación está muy decepcionada con la decisión del fiscal general de quitarnos una herramienta para controlar nuestros expedientes", dijo en ese momento Marks. "Hemos aconsejado sobre ese asunto y dado a conocer el punto de vista de las cortes explicando que el cierre administrativo es un método útil para nosotros y poder arreglar nuestros expedientes en una manera más eficaz, especialmente en la época de tantos casos atrasados".

"Es una avenida de priorizar nuestro trabajo, no evitarlo, algo que sirve a los intereses del debido proceso y una administración inteligente", agregó.

Reclamo sin respuesta

En agosto del año pasado el juez Ashley Tabaddor, presidente de la NAIJ, envió una queja al juez jefe de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) por medio de una carta, en la que expuso la preocupación de los jueces por la política migratoria del gobierno.

Tabaddor expone en la misiva que las directrices impartidas por el DOJ “afectan las condiciones de empleo” y “violan la autoridad de un juez de inmigración para tomar decisiones basadas en juicios independientes y discreción de conformidad” con lo estipulado en la ley.

También señala que las restricciones impuestas le quitan a los jueces la capacidad para “otorgar una continuación por buena causa”, y además constituyen una “violación de la autoridad del juez de inmigración para otorgar un aplazamiento razonable en su propia instancia de conformidad” con lo estipulado en la ley.

La NAIJ también dijo estar alarmada por el aumento de un 30% de ordenes de deportación en comparación con las emitidas el año anterior, y se mostró alarmada por la acumulación excesiva de casos, situación que también impacta en la impartición de justicia.

“El sistema de tribunales de inmigración no garantiza que todas las personas que se presenten ante el tribunal reciban una audiencia imparcial y una revisión completa de los casos de conformidad con el estado de derecho”, se lee en la misiva.

Están dañando el sistema

A pesar de las advertencias el gobierno de Trump siguió adelante con su dura política migratoria. Y si bien Sessions fue despedido por Trump a principios de noviembre del año pasado, las políticas implementadas por el exfiscal general se mantienen intactas, incluso algunas han sido fortalecidas, como en el caso de inmigrantes que piden asilo en la frontera y deben esperar en territorio mexicano hasta que los jueces decidan sus futuros en Estados Unidos.

“Todo esto está dañando el sistema”, dice Jaime Barrón un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, Texas. “Desgraciadamente los empleados federales, como en cualquier empresa, cuando se les presiona de más tienden a abrir los ojos y buscar mejores oportunidades. Bajo el gobierno de Trump se ha creado un ambiente hostil de trabajo. Por eso están renunciando”.

Barrón agrega que “las renuncias causan un daño terrible al sistema”, debido a que los casos acumulados serán resueltos en un tiempo más largo.

“Si los jueces están renunciando, los juicios se van a demorar mas y algunos inmigrantes deberán permanecer más tiempo privados de libertad”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “En concreto”, dice, “la ley sigue siendo la misma, pero tenemos menos jueces que cada día están oyendo más casos. Eso agrava la crisis”.

Un reciente informe del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York revela que las cortes de inmigración tienen más der 1.100,000 casos acumulados. De ellos, unos 350,000 corresponden a casos reabiertos por Sessions y que los jueces habían cerrado administrativamente por no representar una amenaza a la seguridad nacional de Estados unidos.