Madres en trabajo de parto expulsadas, menores deportados solos: las víctimas recurrentes del programa 'Quédate en México'

Cuando Joe Biden asuma la presidencia en enero de 2021, tendrá que lidiar —en medio de una pandemia— con más de 20,000 casos pendientes de asilo de migrantes que siguen bajo el programa instaurado por Donald Trump, 'Quédate en México'. Para entonces, casi 70% tendrá un año o más a la espera de su fecha en corte, viviendo en albergues, campamentos improvisados o en las calles de las ciudades más peligrosas del otro lado de la frontera.

Un reporte divulgado este miércoles por la organización Human Rights First expone numerosas denuncias de la violencia que enfrentan las mujeres embarazadas y los menores no acompañados, que siguen siendo víctimas de los carteles pero también de los agentes de la Patrulla Fronteriza en Estados Unidos.

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Una de ellas ocurrió en abril de 2020: dos niños hondureños fueron expulsados a México a mitad de la noche junto a su madre embarazada, que justo tenía contracciones e imploraba que no la devolvieran al país en el que había sido violada en varias ocasiones. "Los agentes de las Patrulla Fronteriza cerca de Nogales, Arizona, ignoraron las súplicas de la mujer para que no la devolvieran a México (..) y la familia fue expulsada inmediatamente. Les dijeron que buscara protección en México", se lee en el documento titulado 'Una desgracia humanitaria: Estados Unidos sigue bloqueando y expulsando ilegalmente al peligro a los refugiados'.

En otro caso reportado en septiembre, el de una mujer cubana con siete meses de embarazo y su esposo, los funcionarios fronterizos le sugirieron a la pareja que "la única forma en que ella pudiera quedarse en Estados Unidos era que rompiera su propia fuente para inducir prematuramente el parto". Tenían 10 meses esperando en México por su audiencia en una corte de Estados Unidos.

Al apelar a las restricciones por la pandemia y el cierre de la frontera, cuenta el reporte, los agentes de la Patrulla Fronteriza expulsaron a México a varias mujeres solicitantes de asilo que recién habían tenido a sus bebés en Estados Unidos. Según el informe, la organización Al Otro Lado está brindando servicios legales a cinco, entre ellas una haitiana que fue expulsada a Tijuana con su recién nacido en medio de la noche. Las otras fueron sacadas del país hacia algunas de las ciudades más peligrosas de México, como Reynosa y Matamoros.

"Una de ellas fue expulsada inmediatamente después de una cesárea sin que pudiera pasar en el hospital el tiempo adecuado para su recuperación. A ninguna de las mujeres se les dio certificado de nacimiento de sus bebés, lo que complica la ciudadanía de estos niños y los deja sin patria", denuncian.

Desde la implementación de los Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), las mujeres embarazadas, menores no acompañados y personas con discapacidades quedaron expresamente excluidos de la política. Así estaba establecido en sus lineamientos. Sin embargo, historias como las anteriores han sido denunciadas en repetidas ocasiones por abogados y defensores de derechos humanos que viajan a la frontera a brindar asistencia a los migrantes.

A eso se suma la crueldad y el oportunismo con que operan los grupos delictivos en las ciudades fronterizas. Hasta el 15 de diciembre de 2020, Human Rights First reportó 1,310 incidentes de asesinatos, violaciones, secuestros, torturas y agresiones a migrantes bajo PPM: 317 de las víctimas son niños que vivieron intentos de rapto o fueron raptados. Y estas cifras de seguro son más altas, pero las víctimas prefieren no denunciar por temor a sufrir represalias de sus victimarios.

En su informe, la organización concluyó que la pandemia ha empeorado aún más la inseguridad en las ciudades fronterizas a las que están siendo devueltos estos solicitantes de asilo: "La violencia de los carteles de la droga se ha incrementado pues se han aprovechado de la reducción de las operaciones de seguridad del gobierno". Aseguran que el cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, ha arreciado sus actividades criminales en estados como Tamaulipas, a donde están siendo enviados los solicitantes de asilo bajo PPM a uno de los mayores campamentos de la frontera, el de Matamoros.

Expulsados en solitario

El informe estima que hasta septiembre de 2020 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expulsado del país al menos a 8,800 menores no acompañados que buscaban asilo u otras formas de protección. Hasta noviembre, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) cree que son 14,000 los menores no acompañados que han sido echados bajo el argumento de que la frontera y las cortes siguen cerradas por la pandemia.

"Estas expulsiones (...) ponen a los niños en riesgo de persecución, secuestro, abuso y explotación", reclama Human Rights First. Cuentan que al menos 2,200 han sido devueltos en avión a El Salvador, Guatemala y Honduras, sus países, de los que venían huyendo. Otros 6,500 han sido enviados a México, aún cuando no son mexicanos. Sobre esto, la organización pone varios ejemplos.

En agosto de 2020, la Patrulla Fronteriza devolvió a México a un niño guatemalteco de 12 años con discapacidades físicas en lugar de ponerlo a salvo en un albergue hasta reunificarlo con sus familiares en Estados Unidos. Su madre y él habían estado esperando durante meses por una audiencia en una corte en Estados Unidos bajo los PPM, pero luego de que delincuentes en Ciudad Juárez intentaron secuestrar al niño, la madre decidió enviarlo solo para que se presentara en la frontera y solicitara asilo.

Un mes después, otra mujer envió a su hijo de cinco años para que cruzara solo la frontera cuando las condiciones en el campamento en Matamoros, donde se encontraban, se hicieron "insoportables". Lo expulsaron: "Días después de que había sido expulsado la mujer no había podido reunificarse con su hijo, lo habían enviado a una agencia de bienestar infantil en México".

En otro caso reportado en abril de 2020, una salvadoreña de 13 años fue deportada a El Salvador sin que las autoridades estadounidenses contactaran a la madre, que estaba asilada en Estados Unidos luego de que huyera de su país.

En tiempos de covid-19

También hay denuncias de familias y menores no acompañados que han dado negativo en las pruebas de covid-19 y, en lugar de liberarlos —como establecen los acuerdos— para que esperen su fecha de corte con sus familiares en Estados Unidos, son mantenidos en celdas de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) durante días e incluso semanas antes de ser devueltos a México o deportados.

Exponen que incluso ha habido niños de ocho meses de edad detenidos por la Patrulla Fronteriza hasta por 18 días en instalaciones que no tienen las condiciones básicas para resguardar a los menores. "En la estación de Westlaco hay reportes de que no tienen acceso a jabón o a alcohol en gel para las manos y que no se respeta el distanciamiento social", se lee.

Un niño de ocho años que estaba en custodia bajo estas condiciones y que desconocía dónde se encontraba su madre, aseguró: "Me siento muy solo, hace mucho frío, siempre hace mucho frío. No me han dado una mascarilla nueva, la que tengo está sucia por dentro. Creo que mucha gente aquí se enfermerá de covid-19. Eso me da mucho miedo".

Desde que las audiencias fueron suspendidas en marzo y hasta octubre de 2020, la organización estima que otros 3,513 solicitantes de asilo han sido devueltos a México. Son ciudadanos que escaparon de sus países por la represión política de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con el cierre de las cortes la espera para ellos se ha vuelto indefinida. Muchos siguen aguardando, pero otros, desesperados, han decidido cruzar por puntos no autorizados o devolverse a los peligros de los que huyeron.