¿Un sistema migratorio más humano? Una coalición pide reformar el presupuesto para dar un mejor trato a los indocumentados

Ante la inacción del Congreso en debatir una reforma migratoria que incluya un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados y modernice la ley de inmigración, una coalición integrada por abogados y organizaciones piden a la Casa Blanca reducir el presupuesto para operaciones de emplazamiento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y destinarlo a reparar un sistema que se encuentra “roto”.

Por medio de una carta dirigida a la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), la coalición, integrada por 16 entidades, recomiendan priorizar los gastos para beneficio “de las comunidades de inmigrantes”, al tiempo que solicitan “que se tomen medidas más audaces hacia un enfoque más humano de la política de inmigración en el presupuesto propuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2024”.

La misiva asoma tres semanas antes de la elección de medio término prevista para el 8 de noviembre y cuando, en el Congreso, no existen, por ahora, espacios para el debate migratorio.

En los comicios del primer martes de noviembre los estadounidenses saldrán a las urnas para elegir una nueva Cámara de Representantes (435 escaños), 34 de los 100 senadores y en 36 estados se elegirán gobernadores, además de comicios estatales, condales y municipales a nivel nacional.

Financiar la política de inmigración

Preocupados por la falta de ‘señales’ por parte del Congreso en cuanto al debate de un plan migratorio en el 2023, la coalición propone que el presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2024 “financie” una política de inmigración “más humana”, con la disminución de las partidas presupuestarias destinadas para la detención y monitoreo basado en la vigilancia, así como “aumentar los fondos para casos basados en la comunidad inmigrante”, como la reunificación de familias.

La misiva añade que, desde la creación del DHS en 2003, como parte de la respuesta del gobierno a los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, “el dinero de los contribuyentes dedicado a la detención y vigilancia de los inmigrantes en los procesos civiles de extranjería han crecido exponencialmente”.

“De 2005 a 2022, los fondos asignados para las Operaciones de Custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) se cuadruplicaron con creces, al tiempo que los dineros para la partida presupuestaria denominada Alternativas a la Detención (ATD) de ICE, se incrementó un 31%”, agrega.

El grupo señala que este dramático aumento en el gasto “no ha reducido el uso de la detención y no está justificado por pruebas o hechos”.

Pieza clave dentro del debido proceso

La carta dirigida a la OMB indica además que los inmigrantes con lazos profundos con sus comunidades y solicitantes de asilo recién llegados “están muy motivados para comparecer ante los tribunales de inmigración para buscar la protección y la estabilidad que necesitan para y permanecer en Estados Unidos”.

“Basado en evidencia, los análisis confirman que el apoyo legal y social son la mejor manera de garantizar que las personas que navegan en la corte de inmigración entienden los procesos, y sus derechos y obligaciones”, factor a considerar para reducir las “detenciones severas y políticas de vigilancia” implementadas por el DHS a través de sus distintas agencias que participan en el proceso migratorio.

Las organizaciones también mencionan que, investigaciones sobre los datos de la Corte de Inmigración revelan que más del 80% de todos los inmigrantes “comparecen voluntariamente a sus audiencias” y que las tasas de cumplimiento “se acercan al 100% para aquellos con representación legal”.

Añaden que cuando los inmigrantes no se presentan a sus audiencias, “a menudo se debe a errores del gobierno, como deficientes Notificaciones de Comparecencia (NTA), errores para registrar las direcciones de los inmigrantes, o porque el individuo carece de y apoyo social para superar inconvenientes de tipo geográfico, de vivienda, salud mental u otros obstáculos personales para llegar a tiempo a la corte”.

Menos presos en cárceles de ICE

Entre las recomendaciones al presupuesto 2024 de la Casa Blanca, la coalición sugiere que se debe buscar “una financiación significativamente menor para las operaciones de custodia de ICE”.

“El uso de la detención masiva para el procesamiento de inmigración fue anómalo durante gran parte del siglo 20" y el crecimiento de la red de prisiones y cárceles privadas de ICE “ha sido impulsado en gran medida por cabildeo en prisiones privadas y ha demostrado ser dañino e incluso mortal para los detenidos”, señala.

La misiva añade que tras cuatro años de esfuerzos de supervisión del Congreso, “administrativos y externos han dejado en claro que los daños causados por la custodia ejercida por ICE no han sido ni puede ser reparada”.

“Continuar canalizando dólares de los contribuyentes a una red innecesaria de cárceles que amenazan la salud y la seguridad de los detenidos evidencian un gobierno”, agrega.

Un ejemplo que seguir

La coalición, preocupada por urgentes mejoras al sistema migratorio vigente, menciona que el presupuesto propuesto para el año fiscal 2023 “incluye una disminución” en los fondos para la detención de inmigrantes de 34,000 en la actualidad a 25,000 diarios, un ejemplo que se debe repetir en el presupuesto 2024.

“Una reducción adicional en el año fiscal 2024 lograría tanto el objetivo fiscal de responsabilidad del gobierno y ayudaría a promover sus objetivos de inmigración”, indica.

A su vez, indica que las detenciones prolongadas no solo resultan caras, sino que son “innecesarias”.

“Actualmente ICE considera que más de la mitad de la población detenida está sujeta a sanciones legales, disposiciones que requieren detención o custodia obligatoria”, precisa. Pero advierte que el DHS "mantiene amplia discreción para considerar liberación con condiciones para estas poblaciones, pero que históricamente no lo ha aplicado para las personas bajo la custodia de ICE”.

Argumenta además que la detención prolongada sin ningún acceso a revisión “conduce a una angustia significativa y, en muchos casos, deteriorando la salud mental” de los inmigrantes privados de libertad.

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Alternativas para la Detención (ATD)

Las recomendaciones para el presupuesto de la Casa Blanca para el año fiscal 2024 también recomienda que la Administración, así como el DHS, deberían “disminuir significativamente la solicitud de fondos para el Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (monitoreo basado en vigilancia) de ICE, y desarrollar un plan para la eliminación gradual del programa a favor de alternativas más apropiadas para detención".

A medida que la detención de ICE creció exponencialmente en los últimos años, también lo hicieron las supuestas Alternativas a Programa de Detención (ATD), conocido como el Programa de Apariencia de Supervisión Intensiva (ISAP), sistema basado en la vigilancia por medio de dispositivos electrónicos y que "no sirvió para reducir el uso de la detención”, indica la carta.

Al 30 de enero de 2021, ICE estaba monitoreando un total de 87,439 inmigrantes bajo el programa ATD; hoy en día el número de inmigrantes vigilados electrónicamente asciende a 316,700 (al 24 de septiembre de 2022).

Las organizaciones citan un informe de 2015 que recoge más de 250 ejemplos a los ATD en 60 países diferentes, donde los mejores modelos no utilizaron tobilleras o grilletes electrónicos, sino involucraron a las personas en el proceso de inmigración a través de programas informativos y apoyados por la comunidad, ejemplos que contribuyeron al “cumplimiento positivo, resolución de casos, costo y salud y resultados de bienestar”.

Peticiones concretas

La coalición incluye en la carta a la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca una lista de recomendaciones concretas, que incluye:

• Reducir los fondos para la detención y vigilancia de inmigrantes mientras se aumentan los fondos para la gestión de casos basada en la comunidad;
• Proporcionar representación legal para todos los inmigrantes indigentes que se enfrentan a la deportación, incluidos niños, adultos y familias;
• Disminuir el tamaño del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza, y reducir la financiación de los programas de vigilancia fronteriza;
• Proporcionar fondos adecuados a la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) para reducir su creciente retraso, y garantizar un sistema de inmigración y asilo justo y eficiente;
• Aumentar la financiación existente y desarrollar nuevas fuentes de financiación para las comunidades y organizaciones sin fines de lucro que forman un componente esencial de la capacidad de Estados Unidos para responder a los nuevos solicitantes de asilo y refugiados; y
• Garantizar que las familias separadas se reunifiquen con éxito.

Entre otros, la misiva fue firmada por la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), el American Immigration Council, Church World Service; Freedom for Immigrants (FFI), Immigration Hub, National Immigrant Justice Center, National Immigration Law Center, Women’s Refugee y United We Dream. Rights.