Jueza federal declara en desacato a Betsy DeVos por violar una orden judicial sobre préstamos estudiantiles

Una jueza federal declaró este jueves en desacato civil a la secretaria de Educación Betsy DeVos y a su Departamento, y les ordenó pagar daños y perjuicios a los prestatarios estudiantiles que tomaron préstamos para poder asistir a una universidad 'abusiva', actualmente sin fines de lucro.

La jueza había ordenado previamente al Departamento de Educación que dejara de cobrar esas deudas pero el pasado mes el Departamento admitió haber notificado erróneamente a más de 16,000 prestatarios que debían pagar sus préstamos, aun cuando ya se había emitido la orden judicial.

Debido a esa notificación aproximadamente 1,800 prestatarios tenían sus salarios embargados y más de 800 fueron sujetos por error a pagar en la declaración anual de devolución de impuestos.

La jueza magistrada estadounidense Sallie Kim escribió el jueves en su orden que "no hay duda" de que DeVos y el departamento violaron el mandato preliminar y "tampoco hay duda de que las violaciones de los acusados perjudicaron a los prestatarios individuales".

Aunque por el momento la jueza solo ordenó que DeVos y el Departamento de Educación paguen 100,000 dólares en daños, la orden es un revés para la gestión de la secretaria, que busca deshacer las leyes y resoluciones relacionadas con los préstamos estudiantiles implantadas bajo la presidencia de Barack Obama.

En los casi tres años de Betsy DeVos frente al Departamento de Educación, se eliminó una regla que tenía la intención de proteger a los estudiantes de las universidades con fines de lucro y se está reescribiendo otra normativa sobre cómo los estudiantes estafados por el sistema pueden calificar para la condonación de sus préstamos.

DeVos y el departamento también han sido demandados por la alta tasa de rechazo en un programa de condonación de deudas para trabajadores del sector público, según informó CNN.

El Departamento de Educación declaró en Twitter que estaba "decepcionado por el fallo de la corte", pero reconoció que los administradores de los préstamos "cometieron errores inaceptables".

"Aunque estas acciones no se realizaron con malas intenciones, los estudiantes y los padres se vieron afectados y nosotros asumimos la responsabilidad de eso", dijo Mark Brown, director de operaciones de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, en un video adjunto al tuit.

Según Brown, el 99% de los que hicieron pagos cuando no lo necesitaban o que se les embargó su salario han visto su dinero reembolsado y el resto lo hará al final de la semana.

Este caso fue llevado ante la corte por antiguos alumnos de los ya desaparecidos Colegios Corintios, representados por abogados del Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles Predatorios y de los Defensores de los Derechos Económicos y de Vivienda, que argumentan que los prestatarios tienen derecho a no pagar sus deudas después de que sus universidades cerraran, según dictó una normativa de la presidencia de Obama.

Los llamados Colegios Corintios (Corinthian Colleges) cerraron en 2015 tras una multa del gobierno por engañar a potenciales estudiantes con cifras infladas de colocación laboral. Miles de estudiantes se quedaron sin título y el gobierno de Obama dijo a los prestatarios afectados que recibirían la condonación de la deuda.

Sin embargo, la administración Trump está intentando cambiar esa regla desde el principio. Los demandantes presentaron el caso en 2017 y el juez otorgó una orden judicial preliminar en mayo de 2018, ordenando al Departamento que dejara de cobrar las deudas, a pesar de lo cual se siguieron cobrando.

"Miles de estudiantes dejaron de recibir injustamente su devolución de impuestos y se les embargaron los salarios, y el Departamento todavía no ha podido identificar a todos los estudiantes afectados ni reembolsarles el dinero", declaró en un comunicado Toby Merrill, directora del Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles Predatorios.

"El juez está enviando un mensaje alto y claro: los estudiantes tienen derechos bajo la ley y la violación ilegal e imprudente de DeVos de sus derechos no será tolerada", añadió.

Establecido en 2012, el Proyecto sobre Préstamos Estudiantiles Predatorios representa a antiguos estudiantes de universidades con fines de lucro. Su misión es litigar para que sea legal y financieramente imposible que las llamadas universidades abusivas, que usan fondos federales, engañen a los estudiantes.