Será más fácil estudiar y trabajar en España: claves de una reforma que busca mano de obra extranjera

España aprobó esta semana la mayor flexibilización de su política migratoria con una orientación laboral: abre vías a la regularización de indocumentados y a la contratación en origen ante la acuciante falta de trabajadores en sectores clave de un país envejecido.

Se trata de una reforma del reglamento de la Ley de Extranjería, que data de 2011 y conduce a procedimientos "lentos e inadecuados", que generan "periodos prolongados de irregularidad, con altos costes sociales y económicos", según el Ministerio de Migraciones.

El Gobierno español, una coalición de centro-izquierda, aprobó esta medida por decreto para evitar así un trámite parlamentario más largo en un Congreso donde el partido ultraderechista Vox, con un duro discurso antiinmigración, es ya la tercera fuerza.

La reforma nace de "la falta de capital humano en diferentes sectores", según su texto, es decir, de la urgencia que tiene España por conseguir los miles de trabajadores que le faltan en sectores motores (y precarizados) de la economía del país, como la hostelería, el transporte y el campo. Pero también para la nueva economía: el ámbito digital donde escasea tanto la producción como el personal cualificado.

Regularizarse estudiando: el arraigo por formación

Una de las figuras más destacadas de la reforma es el arraigo por formación: una autorización de residencia por doce meses para los extranjeros que hayan permanecido en España en situación irregular durante al menos dos años seguidos, con la condición de que se comprometan a seguir una formación reglada en alguno de los empleos donde hay escasez de mano de obra.

La lista de profesiones en las que a España le urge personal se actualizará periódicamente pero ya se sabe que seguro estarán incluidos trabajos en bares, restaurantes y hoteles, en el campo, en la construcción y en el sector del transporte.

Este modelo de permiso de residencia, inspirado en el sistema alemán, puede ampliarse por 12 meses más. Después, si la persona extranjera consigue un contrato de trabajo podrá quedarse.

Los estudiantes extranjeros podrán trabajar y quedarse

Otra medida de gran calado es la que atañe a quienes llegan a España con un visado de estudiante, que hasta ahora no podían trabajar mientras completaban su formación y lo tenían muy difícil para quedarse una vez terminada.

Ahora podrán compaginar estudio y empleo siempre que no superen las 30 horas laborales a la semana. Cuando finalicen sus estudios no tendrán que completar una estancia de tres años, como antes, para obtener un permiso de trabajo.

El cambio beneficiará a los alrededor de 50,000 estudiantes de fuera de la Unión Europea que cada año se matriculan en España, la mayoría latinoamericanos.

"Esta es la apertura más importante del reglamento junto con la ampliación del arraigo familiar, que antes era muy deficitario", indica Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa, que investiga temas migratorios.

La regularización de unos 170,000 niños

La reforma también amplía el arraigo familiar, es decir, "si una persona de la familia regulariza su situación, se regulariza a toda la familia", explica Rodríguez-Alarcón.

Se estima que en España, un país de 47 millones de habitantes, hay 500,000 personas en situación irregular. Siete de cada diez proceden de América Latina. Unos 170,000 son niños.

La mayoría están en España con sus familias y no tienen documentación porque sus padres están en situación irregular en el país.

"Ahora a los niños, al estar escolarizados, se les reconocerá inmediatamente el arraigo", indica la experta de porCausa.

Contratos en origen y trabajo por cuenta propia

La reforma no esconde que su objetivo es satisfacer las necesidades no cubiertas del mercado laboral español, por lo que también amplía la contratación en los países de origen y lo que se denomina "migración circular", contrataciones para necesidades productivas puntuales con el compromiso del regreso.

Es decir, será más fácil que una empresa contrate y lleve a España a trabajadores extranjeros si justifica que no puede cubrir ese perfil con empleados españoles.

De nuevo ahí será clave el " Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura", que se irá actualizando periódicamente.

Se necesitan, entre otros, teleoperadores, desarrolladores de software, conductores de vehículo de reparto y representantes comerciales.

Otra aspecto novedoso de la norma es que flexibiliza los requisitos para que los extranjeros consigan un permiso para trabajar por cuenta propia en España, algo tan complejo ahora que en 2021 solo lo lograron 285.

Sobra empleo en los trabajos más precarios

Este verano España, un país que vive en gran medida del turismo, acusa por ejemplo la falta de trabajadores en la hostelería, uno de los sectores más precarizados, con bajos salarios, largas jornadas y pagos sin declarar.

En pandemia ocurrió algo similar en el campo, un sector donde desaparece el relevo generacional y en el que los costes de producción dejan beneficios exiguos que no lo hacen atractivo.

Temor a la explotación del inmigrante

Una de las críticas extendidas a esta reforma es que abre la puerta a la mayor temporalidad del empleo, un problema crónico del mercado laboral español, y a la concepción del migrante como mano de obra sustituta en los trabajos que los españoles ya no quieren.

"Esta norma fomenta la explotación de las personas trabajadoras extranjeras, que serán el paliativo a la 'falta de capital humano en diferentes sectores'. Oculta el ministro, José Luis Escrivá, que esos empleos no se cubren por la vulneración constante de los derechos de trabajadores en España", apunta Adilia de las Mercedes, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG (España).

Y añade: " Prima la visión utilitaria y no el reconocimiento de derechos de la población migrante. La lógica utilitaria de las migraciones indica que -y este es quid de la cuestión- no podrán trabajar en nada fuera de esos campos marcados. ¿Irregularidades sobrevenidas a la vista? Seguramente. ¿Limitaciones al derecho a elegir libremente la profesión u oficio? Obviamente".

Beneficia a las personas con más recursos

La reforma no es lo que las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, en el marco del movimiento "RegularizaciónYA", exigen: que salgan de la irregularidad el total del medio millón de indocumentados.

Aunque la consideran "insuficiente", hay entidades como porCausa que sí creen que es "un paso enorme" y " que se va a notar mucho más de lo que algunas organizaciones estiman", indica Rodríguez-Alarcón.

La experta admite, no obstante, que la norma "tiene muchos fallos" y que " beneficia más a quienes tienen más recursos y pueden pagarse un curso durante dos años para obtener los papeles".

De las Mercedes, socia del estudio legal de derechos humanos DEMOS, considera que esas personas deberían tener una autorización de trabajo provisional. "Si no pueden trabajar mientras, ¿de qué viven entretanto?", se pregunta.

Asimismo, considera "totalmente elitista" la ampliación para quienes llegan con un visado de estudios: "Es una norma clasista que hace españolas solo a determinadas élites que se lo pueden pagar (las tasas universitarias son más altas que para los alumnos de la UE, además del costo de la estancia)".

Colapso en la tramitación de visados

El alcance de la medida, y lo positiva o no que llegue a ser para los inmigrantes, dependerá en gran medida a su aplicación, como recuerda Rodríguez-Alarcón.

"Uno de los objetivos de la norma es mejorar los procedimientos burocráticos con la creación de una unidad de apoyo a las oficinas de extranjería, para facilitar los trámites", indica Gemma Pinyol-Jiménez, directora de políticas migratorias en el centro de estudios Instrategies e investigadora asociada GRITIM-UPF. También se agilizarán los trámites en las oficinas consulares.

La reforma "abre la espita de las posibilidades", dice Rodríguez-Alarcón, pero dependerá de la capacidad de gestión de los visados para dar salida a la gente que los solicite. "Muchos -añade- no se han otorgado por el colapso de los servicios públicos".