“Vi que murieron 10 personas asfixiadas”: los relatos de los detenidos por la dura política antipandillas de Nayib Bukele

Un hombre que estuvo encerrado en la cárcel salvadoreña conocida como Mariona, la más grande de ese país, narró el supuesto infierno que pasó en una unidad donde los custodios golpeaban sin piedad a los reclusos. Aseguró que fue testigo de asesinatos que nadie investigó.

“Vi que murieron como 10 personas asfixiadas; en las celdas de enfrente vi que murieron otras personas porque los custodios las mataban. Los custodios lo sacaban, tal vez porque venía el custodio y el prisionero lo veía. Lo golpeaban en medio de la cancha y le daban descargas eléctricas. (En el caso de) otro señor… lo pusieron a correr en el piso y como estaba liso, el señor se cayó y cuando se iba a levantar los custodios le pegaron en la cabeza y allí murió”.

Este es uno de varios testimonios que compila un nuevo informe sobre las condiciones en varios penales durante el régimen de excepción, que es parte de la mano dura contra las pandillas implementada por el presidente Nayib Bukele. La polémica medida lleva 14 meses en vigor y ha detenido a más de 68,000 personas presuntamente relacionadas con las maras y el crimen organizado.

Pero la organización de derechos humanos que elaboró este análisis, Cristosal, advierte que la política de Bukele viola las garantías individuales; ha puesto arbitrariamente tras las rejas a “miles de personas” que no están vinculadas a las pandillas; propicia la tortura, el maltrato sistemático, la falta de atención médica y hasta los asesinatos; y oculta las verdaderas causas de muerte de quienes la han padecido.

“El régimen de excepción se corresponde con un populismo punitivo del tipo ‘autoritario’”, señala el grupo, destacando que varios arrestos se han realizado sin investigación previa ni órdenes judiciales, solo por denuncias anónimas y porque la persona tenía tatuajes “artísticos” similares a los de los mareros.

“Según los testimonios de personas que estuvieron recluidas en Mariona, Izalco y Quezaltepeque, hay ejecuciones al interior de las cárceles, pero nadie habla de ello porque tienen miedo; en algunos casos se presume que son sicarios, pero también se afirma que muchos mueren a consecuencia de las palizas, golpes y choques eléctricos que les causan los custodios”, denuncia el reporte.

El régimen y la reacción de Bukele

Cristosal ha documentado el fallecimiento de al menos 153 personas que fueron detenidas durante el régimen de excepción, siendo la causa principal una “probable muerte violenta”. Los cadáveres tenían hematomas, laceraciones, heridas por objetos punzocortantes y señales de estrangulamiento, asegura.

Varios grupos defensores de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos "de poder" en el marco del estado de excepción, que suspende la libertad de asociación, el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como del derecho a tener la asistencia de un abogado.

Esta iniciativa fue aprobada por el Congreso a petición de la administración de Bukele, luego de que en un solo un día de 2022 se registraran 62 asesinatos atribuidos a bandas delictivas.

El presidente, cuya gestión registra un amplio nivel de aprobación conforme bajan los índices de inseguridad, ha criticado a quienes se oponen a las acciones emprendidas contra “terroristas”.

“Que sepan todas las ONGs (organizaciones no gubernamentales) de derechos humanos que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”, tuiteó Bukele tras ordenar el despliegue de más de 5,000 soldados por el asesinato de un policía en Nueva Concepción a mediados de mayo. Días después se informó que tres sospechosos, supuestos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), habían sido detenidos en dicha localidad.

“No nos importan sus reportajes lastimeros, sus periodistas ‘prepago’, sus políticos marionetas, ni su famosa ‘comunidad internacional’ que jamás se preocupó por nuestra gente. Sanaremos nuestro país y eliminaremos esta peste por completo”, escribió entonces el mandatario.

Hasta ahora, el presidente no se ha referido específicamente al informe elaborado por Cristosal.

“Muchachas embarazadas abortaron”

En 98 páginas, la organización da voz a quienes quedaron bajo custodia del Estado en meses recientes. “Mientras estaban hincados les ponían descargas eléctricas y a uno hasta le sacaron sangre. Al entrar al sector donde iban a quedar, los custodios les dieron otra golpiza”, contó un joven de 20 años que estuvo en Mariona.

“Muchachas que iban embarazadas y como no se les dio asistencia médica a tiempo, abortaron. Yo vi a una muchacha que a ella se le reventó su apéndice en la celda donde estábamos, la llevaron al hospital, le hicieron el lavado y a los tres días la llevaron nuevamente al piso donde estábamos”, narró una mujer que fue detenida durante el régimen de excepción.

Otra reclusa relató lo siguiente: “Vi cuando los custodios le pegaron a una joven que se robó unos paquetes de limpieza y alimentos, hasta intervino el director del centro penitenciario para golpearla. La dejaron bastante lesionada debido a que le ocasionaron golpes en sus extremidades. El castigo extremo era enviar a las internas al denominado ‘calabozo’, que era una celda pequeña... También las ponían al sol para hacer flexiones hasta que estaban al borde del desmayo”.

La negligencia médica habría provocado la muerte de varios detenidos, según Cristosal, que describe el caso de un hombre de 45 años y con discapacidad intelectual, que falleció por “edema pulmonar” y fue sepultado en una fosa común.

“Sin embargo, las fotografías forenses muestran que el cadáver presentaba edemas en el rostro. Personas entrevistadas informaron que fue golpeado dentro del penal donde estaba recluido, recibió patadas en el estómago que le provocaron que expulsara sangre por la nariz y boca, lo que provocó que perdiera la movilidad y no pudiera comer; no recibió atención médica”, se lee en el reporte.

Las palizas eran la “bienvenida” cotidiana en los centros penitenciarios y se les advertía que torturarían aún más a quienes denunciaran lo sucedido a las organizaciones que visitaban las cárceles, según el informe. “Cuando llegamos al penal nos bajaron de la 'coaster' (autobús) y lo primero es que nos hincan donde había grava. Estuvimos media hora en grava y temblando del miedo porque mirábamos cómo los ingresaban agachados, hincados, y te golpeaban”, narró un joven de 23 años.

Entre los fallecidos bajo custodia estaba un hombre de 52 años que tenía una tienda pequeña y un molino. Los pandilleros llegaban drogados y armados a su negocio y le exigían que les diera comida. Eso bastó para acusarlo de ser cómplice y detenerlo, de acuerdo con el informe. En la cárcel murió por “edema pulmonar”, según el informe.

Otras denuncias hechas en la investigación de Cristosal son que les daban a los detenidos muy poca comida y agua, que había hacinamiento en las celdas, que algunos estaban en las cárceles en calidad de “desaparecidos” porque no les notificaban a sus familiares y que, en algunos casos de fallecimiento, sus seres queridos se enteraron a través de las redes sociales y de empleados de funerarias.

Mira también: