Gobierno de Trump | Últimas noticias: en vivo | Gobierno de Trump demanda a la ciudad de Nueva York por políticas de "ciudad santuario"

Donald Trump firmó este jueves el proyecto de ley que cancela cerca de $9,000 millones que habían sido aprobados para ser destinado a radiodifusión pública y ayuda exterior.

La mayor parte del gasto que se está recortando tenía como objetivo apoyar programas de asistencia exterior. Cerca de $1,100 millones eran para la corporación de radiodifusión pública que financia los medios NPR y PBS, aunque la mayor parte de ese dinero se distribuye a más de 1.500 estaciones de radio y televisión públicas locales de todo el país.

La Casa Blanca había presentado la legislación como un caso de prueba para el Congreso y anunció que se aprobarían más paquetes de recortes similares.

El gobierno de Donald Trump demandó este jueves a la ciudad de Nueva York por sus políticas de "ciudad santuario", argumentando que obstruyen la aplicación de la ley migratoria federal.

"La ciudad de Nueva York ha liberado a miles de delincuentes en las calles para que cometan delitos violentos contra ciudadanos respetuosos de la ley debido a las políticas de "ciudad santuario", dijo la fiscal general Pam Bondi en un comunicado. "Si la ciudad de Nueva York no defiende la seguridad de sus ciudadanos, lo haremos nosotros".

La demanda incluye al alcalde Eric Adams, a la comisionada de policía Jessica Tisch y a muchos otros funcionarios y departamentos de la ciudad.

Por "ciudad santuario" se conoce a aquellas que generalmente no colaboran con el gobierno federal a la hora de aplicar sus leyes migratorias y medidas como la deportación de personas indocumentadas.

La demanda llega después de que funcionarios de Trump responsabilizaran el pasado lunes a las políticas de santuario de la ciudad del tiroteo de un agente de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en un parque de Manhattan durante el fin de semana. El agente estaba fuera de servicio y no vestía uniforme en ese momento.

Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja del delincuente sexual Jeffrey Epstein, se reunió este jueves con el número 2 del Departamento de Justicia, Todd Blanche, y "respondió cada pregunta" que se le hizo sobre el caso del fallecido financista, afirmó el abogado de Maxwell, David Oscar Markus.

"Nunca se detuvo, nunca invocó un privilegio, nunca se negó a responder. Respondió a todas las preguntas con sinceridad, honestidad y lo mejor que pudo", dijo a la salida del tribunal federal de Tallahassee, Florida, donde Maxwell cumple una condena de 20 años tras ser declarada culpable de ayudar a Epstein a abusar sexualmente de niñas menores de edad.

"Todavía no hay promesas", dijo Markus sobre si su clienta podría recibir un potencial perdón o reducción de pena."De momento, solo está respondiendo a las preguntas".

Blanche confirmó la entrevista en su cuenta de X y anunció que continuará este viernes. "El Departamento de Justicia compartirá información adicional en el momento apropiado", dijo.

Con información de AP

Tres años después de que la Corte Suprema abriera la puerta a las prohibiciones estatales del aborto, la mayoría de los adultos en Estados Unidos sigue opinando que el aborto debería ser legal, con posturas similares a las de antes del fallo histórico.

Los nuevos resultados de una encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos muestran que alrededor de dos tercios de los adultos estadounidenses creen que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos.

Aproximadamente la mitad opina que el aborto debería estar disponible en su estado si alguien no quiere continuar con un embarazo por cualquier motivo.

Ese nivel de apoyo al aborto ha disminuido ligeramente con respecto a lo que mostró una encuesta de AP-NORC el año pasado, cuando parecía que el respaldo al aborto legal iba en aumento.

Con información de AP.

La justicia colombiana condenó el miércoles a siete exdirectivos de la multinacional bananera Chiquita Brands a más de 11 años de prisión y el pago de una multa de 3.4 millones de dólares por financiar a grupos paramilitares durante el conflicto armado interno.

Es la primera sentencia contra ejecutivos de Chiquita en Colombia, luego de que la justicia estadounidense fijara en 2024 una millonaria indemnización para víctimas de la guerra.

Este miércoles, un tribunal del departamento de Antioquia halló culpables a los siete acusados por el delito de "concierto para delinquir agravado", por sus vínculos en la región bananera de Urabá con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsables de múltiples crímenes durante la peor época del conflicto, según la sentencia conocida por la AFP.

Entre los condenados están tres exdirectivos que ocuparon la gerencia general de la compañía en Colombia entre 1990 y 2004. Uno de ellos es el estadounidense Charles Dennis Keiser.

Otros tres antiguos altos cargos fueron absueltos.

La justicia colombiana considera que la multinacional transfirió unos 2 millones de dólares a las extintas AUC, de extrema derecha, entre las décadas de 1990 y 2000.

Los recursos que la empresa entregó a las AUC "fueron destinados para financiar la expansión del paramilitarismo en la región", lo que facilitó el accionar de los paramilitares que cometieron asesinatos, desapariciones forzadas y torturas contra líderes sociales y campesinos de la zona, dijo la fiscalía.

Con información de AFP.

El inspector general independiente del Pentágono recibió pruebas de que la información de los mensajes enviados desde la cuenta de Signal del secretario de Defensa Pete Hegseth sobre los bombardeos de EEUU en Yemen, procedían de un correo electrónico clasificado como 'SECRETO/NOFORN', informó el diario The Washington Post citando a personas familiarizadas con el tema.

De acuerdo con ese reporte, los planes del ataque fueron compartidos en un correo electrónico clasificado con más de una docena de funcionarios de defensa por el general Michael 'Erik' Kurilla, comandante principal que supervisa las operaciones militares de EEUU en el Medio Oriente, y luego fueron publicados en al menos dos chats grupales no clasificados de Signal por una cuenta afiliada a Hegseth el 15 de marzo, muy poco antes de que comenzaran los ataques a los militantes hutíes.

Esta clasificación de 'SECRETO' del correo electrónico de Kurilla indica que la información estaba clasificada a un nivel en el que la divulgación no autorizada podría causar graves daños a la seguridad nacional. Además, la etiqueta 'NOFORN' significa que tampoco estaba destinada a ser compartida con ningún extranjero, incluidos altos funcionarios de aliados cercanos de EEUU.

Los mensajes compartidos en Signal están siendo investigados por la oficina del inspector general del Departamento de Defensa, tras una petición bipartidista de miembros del Comité de Servicios Armados del Senado.

El hecho de que la información estuviera calificada como 'SECRETO' contradice las afirmaciones de la administración de que no se divulgó información clasificada en los chats de Signal. En uno de esos chats se había incluido por error a un periodista.

El gobierno de Trump está construyendo un enorme centro de detención con capacidad para 5,000 personas en el oeste de Texas, según anuncios oficiales de contratos, lo que aumenta significativamente la capacidad de la administración para mantener detenidos a inmigrantes en medio de sus crecientes esfuerzos de acelerar arrestos y deportaciones.

Un anuncio del Departamento de Defensa el lunes indicó que Acquisition Logistics, una empresa con sede en Virginia, recibió 232 millones de dólares en fondos del Ejército para construir esta instalación, destinada a adultos inmigrantes que se encuentren solos.

Los documentos de contratación describen la estructura como una “instalación de lados blandos”, un término que suele referirse a campamentos con tiendas de campaña.

Según el anuncio, la nueva instalación se construirá en El Paso, donde se encuentra la base militar Fort Bliss, que se extiende por partes de Texas y Nuevo México.

El anuncio se produjo semanas después de que las autoridades de Florida apresuraran la construcción de un nuevo centro de detención migratoria, conocido como 'Alligator Alcatraz', ubicado en una pista aérea aislada rodeada de pantanos en los Everglades de Florida.

Con información de AP.

El Departamento de Estado anunció el miércoles que ha aprobado ventas de armas por 322 millones de dólares a Ucrania para reforzar sus capacidades de defensa aérea y proporcionar vehículos de combate blindados, en un momento en que el país intenta repeler el aumento de los ataques rusos.

Las posibles ventas, que según el departamento ya fueron notificadas al Congreso, incluyen 150 millones de dólares para el suministro, mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de vehículos blindados estadounidenses, y 172 millones de dólares para sistemas de misiles tierra-aire.

Las aprobaciones se producen semanas después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenara una pausa en otros envíos de armas a Ucrania para que el Pentágono pudiera evaluar sus reservas de armamento, en una decisión que tomó por sorpresa a la Casa Blanca. Posteriormente, el presidente Donald Trump cambió abruptamente de postura y prometió públicamente, a principios de este mes, continuar enviando armas a Ucrania.

“Tenemos que hacerlo”, dijo Trump. “Tienen que poder defenderse. Están siendo duramente atacados en este momento. Vamos a enviarles más armas, principalmente armas defensivas”, agregó.

Trump respaldó recientemente un plan para que los aliados europeos compren equipo militar estadounidense y luego lo transfieran a Ucrania. No estaba claro de inmediato cómo se relacionaban las últimas ventas propuestas con ese acuerdo.

Con información de AP.

Además de pagar más de $220 millones al gobierno de Donald Trump para recuperar la financiación federal, la Universidad de Columbia implementará una serie de cambios anunciados previamente en marzo, incluyendo la revisión de su currículo sobre Oriente Medio para garantizar que sea "exhaustivo y equilibrado" y el nombramiento de nuevo profesorado para su Instituto de Estudios Israelíes y Judíos.

La universidad también deberá emitir un informe a un supervisor que garantice que sus programas "no promuevan objetivos ilegales de DEI (diversidad, equidad e inclusión)", entre otros cambios.

"El acuerdo se elaboró cuidadosamente para proteger los valores que nos definen y permitir que nuestra esencial colaboración de investigación con el gobierno federal se reactive", declaró la presidenta interina de la universidad, Claire Shipman.

La Casa Blanca canceló en marzo más de $400 millones en subvenciones y contratos federales de Columbia como represalia por las protestas contra la guerra en Gaza que tuvieron lugar en sus campus, al considerar que la universidad "fracasó" a la hora de proteger a sus estudiantes judíos del acoso de algunos de sus compañeros.

Todd Blanche, número dos del Departamento de Justicia, se reúne con Ghislaine Maxwell, colaboradora cercana de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia anunció a principios de esta semana que el encuentro entre el subsecretario Blanche y Maxwell se realizaría “en los próximos días”.

“El presidente Trump nos ha ordenado divulgar toda evidencia creíble. Si Ghislaine Maxwell tiene información sobre personas que hayan cometido delitos contra víctimas, el FBI y el Departamento de Justicia escucharán lo que tenga que decir”, declaró Blanche en un comunicado compartido por la fiscal general Pam Bondi en la red social X esta semana.

En 2022, Maxwell fue sentenciada a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de tráfico sexual y otros delitos, y actualmente cumple su condena en una cárcel federal en Tallahassee.

Por otra parte, el miércoles, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió una orden de citación para que Maxwell preste declaración bajo juramento el próximo 11 de agosto, desde la prisión.

Como directora de inteligencia nacional, Tulsi Gabbard es responsable de proteger los secretos de Estados Unidos y detectar amenazas extranjeras. Sin embargo, en una aparición sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca el miércoles, dirigió sus ataques contra los enemigos políticos del presidente Donald Trump.

Gabbard intensificó sus intentos por desmentir la conclusión ampliamente aceptada de que Rusia intentó ayudar a Trump a ganar las elecciones contra Hillary Clinton hace casi una década. Afirmó tener pruebas “irrefutables” de que el entonces presidente Barack Obama y sus asesores conspiraron para dar un golpe de Estado, fabricando evidencia para empañar la victoria de Trump.

Gran parte de lo que dijo no era nuevo y carecía de fundamento. Gabbard afirmó que su investigación sobre la administración demócrata buscaba evitar la politización de las instituciones de seguridad nacional, pero generó dudas sobre su propia independencia al frente del sistema de inteligencia.

Este enfoque en un escándalo antiguo también sirve para desviar la atención del caso Jeffrey Epstein y de las preguntas sobre la relación del presidente con un abusador de menores.

Durante su intervención, Gabbard dijo que había remitido documentos al Departamento de Justicia para una posible investigación criminal y, horas después, el departamento anunció la creación de un “grupo especial” para investigar las denuncias.

La oficina de Obama no quiso hacer comentarios el miércoles, pero el martes calificó las acusaciones de “absurdas” y una débil estrategia de distracción, según su portavoz Patrick Rodenbush.

Con información de AP.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, enfrenta llamados de algunos demócratas para que testifique en el Congreso tras los reportes en medios del miércoles que aseguran que le comunicó a Donald Trump en mayo que su nombre aparecía en los archivos del delincuente sexual Jeffrey Epstein y después intentó ocultar el caso.

“Necesitamos que Bondi y (el director del FBI, Kash) Patel comparezcan ante el Comité Judicial para que testifiquen sobre esto ahora”, declaró el senador Adam Schiff, demócrata de California, en respuesta al informe en un video publicado en X.

El Departamento de Justicia emitió un comunicado conjunto de Bondi y el fiscal general adjunto Todd Blanche, en el que asegura que “nada en los archivos justifica una mayor investigación o enjuiciamiento”.

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A pesar de los intentos del Departamento de Justicia y del propio presidente Donald Trump de pasar página con el caso sobre tráfico sexual contra Jeffrey Epstein, en el Congreso los demócratas y algunos republicanos siguen insistiendo en el asunto.

El miércoles, un subcomité de la Cámara de Representantes votó a favor de emitir una citación al Departamento de Justicia para obtener archivos relacionados con el caso, después de que los demócratas lograran que legisladores republicanos desafiaran a Trump y al liderazgo de su partido para apoyar la medida.

La votación reflejó el creciente impulso a las exigencias de transparencia sobre la investigación de Epstein, incluso cuando el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, atrapado entre las demandas de Trump y la presión de sus propios miembros para que la Cámara actúe, enviaba a los legisladores a casa un día antes del receso de agosto.

El representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, ha presentado una propuesta con apoyo bipartidista que exigiría al Departamento de Justicia “poner a disposición pública en un formato descargable y buscable todos los registros, documentos, comunicaciones y materiales de investigación no clasificados” relacionados con Epstein y sus asociados.

Por otra parte, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes también emitió el miércoles una citación para que Ghislaine Maxwell, delincuente sexual condenada y expareja de Epstein, testifique ante funcionarios del comité en agosto.

Al mismo tiempo, senadores de ambos partidos se han manifestado a favor de realizar audiencias sobre el caso tras el receso de verano.

El liderazgo republicano afirma que no quiere obstaculizar las acciones de la administración Trump ni divulgar información que pueda perjudicar a las víctimas de Epstein.

Mientras tanto, los demócratas han aprovechado el caso Epstein como un argumento dentro de su mensaje más amplio en contra de la agenda republicana, que planean llevar a sus distritos durante el receso de agosto.

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Con información de AP.

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Aquí puedes consultar nuestra cobertura del miércoles: Bondi alertó a Trump en mayo de que su nombre aparecía en los archivos Epstein: reportes.