"Son muy pocas mujeres a las que podemos ayudar": un médico cuenta cómo la ley de Texas afecta el acceso al aborto

HOUSTON, Texas.- Una mujer embarazada llegó a una clínica de abortos en Houston la semana pasada. Estaba convencida: no era el momento para engendrar a otro bebé. Ya tenía siete hijos, y uno de ellos estaba batallando en un hospital contra una enfermedad terminal. Pero no pudieron atenderla en ese centro médico. Ya había latido fetal, así que, en realidad, nadie en Texas podía ayudarla a tener un aborto seguro. La ley del estado que entró en vigencia el 1 de septiembre, la SB8, le prohibía a ella —y a cualquier médico— tomar decisiones. La única solución era buscar otro estado que le permitiera realizarse el procedimiento en esa etapa, lo cual era imposible para ella.

El doctor Bhavik Kumar, al frente del Planned Parenthood Center for Choice, al que llegó aquella madre, cuenta a Univision Noticias que han debido dar la misma respuesta a más pacientes. Les tocó negar el procedimiento a mujeres embarazadas, por ejemplo, tras una violación sexual o una agresión: "Aún están procesando el trauma y ahora tienen que buscar otro lugar que les dé los cuidados que necesitan", lamenta. Llegaron también mujeres en situación de calle y con problemas de drogadicción que decidieron no tener un hijo en esas condiciones: "A ellas tampoco pudimos ayudarlas".

En una columna publicada en la revista Elle la semana pasada, la presidenta de Planned Parenthood Federation of America, Alexis McGill Johnson, suma el caso de una mujer con covid-19 que no pudo acceder al aborto porque la cuarentena para su recuperación del virus le cerró la ventana de seis semanas que establece la SB8.

Planned Parenthood —el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva en Estados Unidos— calcula que entre el 1 y el 18 de septiembre recibieron en su red de clínicas en el área del Golfo (que incluye a Texas) a más de 100 mujeres que no pudieron realizarse un aborto seguro por la SB8. Y el número es mayor: la cifra anterior solo cuenta a quienes acudieron a una consulta pensando que calificaban para el procedimiento, pero se enteraron en ese momento que ya no.

"Antes de la ley, una de las mejores cosas que tenía nuestro trabajo es que no importaba cuán difícil era, cuántos retos se presentaban en el día, regresábamos a casa sabiendo que habíamos ayudado a la gente", asegura el médico, que tiene seis años y medio proveyendo abortos en Texas, y viendo la pelea de políticos contra científicos, como él.

"Esa satisfacción nos fue arrebatada. Son muy pocas mujeres a las que podemos ayudar ahora. Nos piden ayuda y tenemos que decirles: 'Tienes que irte a otro estado' (...) Al final del día, somos nosotros, los médicos y enfermeras, quienes nos sentamos con las personas, que tienen nombres e historias, son mujeres que están embarazadas en un mal momento y a quienes les tenemos que decir que no podemos hacerles un aborto (...) Es la peor parte de todo esto: volvemos a casa y en lugar de haber ayudado a la gente nos sentimos preocupados por lo que les pasó y por lo que harán".

Distintos estudios han concluido que un aborto es un procedimiento seguro cuando es realizado por proveedores de salud especializados y en condiciones adecuadas. Aseguran que, en muchos casos, las restricciones fijadas por los gobiernos no las frenan para buscar realizarse el procedimiento. En su lugar, explica Amnistía Internacional, las mujeres acuden a centros clandestinos sin condiciones sanitarias ni personal capacitado. Las más afectadas terminan siendo las personas de menores recursos, que no pueden viajar a otros estados o acceder a servicios privados de salud reproductiva. "Criminalizar el aborto no frena su ocurrencia", concluye la organización.

Un día antes, un día después

El 31 de agosto, a horas de que entrara en vigor la SB8, el doctor Kumar atendió a 60 mujeres, la mayor cantidad de pacientes que había visto en un día en sus años como proveedor de salud reproductiva. Lo normal es la mitad.

El 1 de septiembre, cuando la ley antiabortos comenzó a aplicarse, la sala se vació. Llegaron seis pacientes a su clínica y, entre ellas, solo tres eran elegibles para un aborto.

Kumar creció en Texas y allí estudió Medicina. Cuando le tocó hacer su residencia decidió viajar a Nueva York, donde dice que había una mirada "más exhaustiva" de la salud reproductiva, del acceso al aborto y la educación sexual. En Texas ocurría todo lo contrario y el estigma, recuerda, era mucho mayor. Para entonces, los políticos habían pujado por más restricciones al aborto con leyes como la HB2, que obligaba a las clínicas a estar equipadas como centros quirúrgicos ambulatorios para atender emergencias y exigía que los doctores tuvieran privilegios de admisión en hospitales con servicios de obstetricia y ginecología a menos de 30 millas de distancia. Como consecuencia, el estado perdió casi la mitad de sus proveedores y, aunque en 2016 la Corte Suprema consideró que la ley era inconstitucional, muy pocos pudieron reabrir sus puertas.

Con ese panorama, Kumar tenía la esperanza de que al volver a su estado iba a poder formar a nuevas generaciones y contribuir con un cambio en la narrativa sobre los derechos reproductivos de las mujeres. "Pero lo que ha pasado desde entonces es que los políticos que elegimos y las personas en el poder han aprobado leyes que han impactado agresivamente en el acceso al aborto", dice. "Nunca pensé que la situación llegara a este punto tan malo. Solo aprueban leyes según sus intereses, pero esencialmente están dañando a la gente y sabemos que eso es así. Creo que no les importa".

Ahora, con la SB8 no solo hay restricciones en los trabajadores de las clínicas sino también miedo. La ley permite que cualquier persona pueda denunciar a alguien que provea o recomiende un aborto. Es un espectro tan amplio que puede afectar al médico como a quien paga el aborto; a quien conduce el auto que traslada a la mujer a la clínica como a quien le da el consejo para que opte por ese procedimiento.

"Las demandas dan miedo y nos preocupan", señala, pero no lo frenarán para cumplir con su trabajo según lo que establece la ley. Para resguardar a todo el personal, dice que han tenido reuniones y discusiones para definir nuevas políticas que se adapten a la ley. También se están asegurando de que todos sepan detectar el latido cardíaco y comprendan lo que ven en la pantalla al evaluar a una embarazada.

Cuenta que temen ante cualquier llamada o visitante que no requiera atención pero llegue buscándola: "Nos sentimos muy vulnerables al saber que alguien podría poner una demanda. Nos deja la duda de si esta persona es realmente un paciente, porque las puertas están abiertas por esta ley para que cualquiera venga y nos demande. Nunca hemos lidiado con algo como esto y no sabemos cómo luciría".

Un efecto dominó

Después de que la Corte Suprema le dio la espalda a los médicos, enfermeras y organizaciones que le pidieron bloquear la SB8, otros estados vieron en esa decisión una oportunidad de derribar Roe Vs. Wade, el fallo de 1973 con el que el máximo tribunal despenalizó el aborto.

En Missouri —uno de los estados con más restricciones, donde solo queda una clínica abierta— sus legisladores aplaudieron la medida y adelantaron que buscarían "eliminar el aborto" por completo.

"Esto va más allá del aborto. Es todo acerca de quién tiene el poder de decidir sobre ti, quién tiene la autoridad de tomar decisiones por ti y, finalmente, decidir cuál va a ser tu futuro", dice Yamelsie Rodríguez, presidenta de Planned Parenthood en la zona de Saint Louis y Missouri.

Pero la declaración de los legisladores estatales no les cayó por sorpresa a los provedores. Rodríguez cuenta que por la afrenta de los políticos al derecho al aborto en la mayoría de los estados del centro y sur del país, la organización decidió invertir 10 millones de dólares para abrir una clínica que pudiera atender a las mujeres, una especie de oasis de los derechos reproductivos de la mujer. Lo inauguraron ese año en Illinois, un estado en el que el gobernador JB Pritzker estableció el aborto como un derecho fundamental.

"Nos estamos preparando para más restricciones. Más mujeres que van a tener que dejar sus estados y viajar cientos de millas para acceder al aborto legal en otros estados, incluyendo Illinois. Mucha gente me pregunta o puede pensar que es una situación deprimente, pero yo les recuerdo que yo todavía tengo esperanzas", dice Rodríguez.

Desde 2019, 75% de los pacientes que reciben en esta clínica de Illinois vienen de otros estados: la mayoría de Missouri, pero también viajan desde Arkansas, Kansas, Kentucky, Louisiana, Tennessee y ahora, llaman más que antes desde Texas. Tienen capacidad para ver hasta 15,000 pacientes al año. Realizan alrededor de 6,000 abortos. Este uno de los puntos que el doctor Kumar recomienda a sus pacientes.

Kumar asegura que, pese a la situación en Texas, está "comprometido" con quedarse en este estado: "Aunque yo me vaya habrá mujeres que seguirán viviendo aquí y requiriendo cuidados".

La batalla de los médicos y organizaciones contra la ley antiabortos de Texas no ha cesado. Este jueves, una coalición de proveedores de abortos en Texas —que incluye a fondos, médicos como Kumar y organizaciones de derechos humanos— pidió a la Corte Suprema que escuche de forma acelarada sus argumentos para apelar la SB8.

Para Kumar, lo que ocurre "es un desastre". Como médico, siente que su ética se quiebra cada vez que le dice a una paciente: "No puedo ayudarte". Sin embargo, espera que la batalla legal los lleve hasta el punto en el que "gane la justicia".

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