"Es una vergüenza", dice abogado penalista sobre la reactivación de la cámara de gas en Arizona

El estado ha comprado materiales para producir gas de cianuro de hidrógeno, el mismo que se usó en algunas ejecuciones en Estados Unidos y que los nazis utilizaron para matar a 865,000 judíos en el campo de concentración de Auschwitz.

Por:
Univision
Documentos muestran que el estado de Arizona trató de importar de manera ilegal un fármaco para ejecuciones letales.
Video Arizona trata de importar fármaco ilegal para ejecutar

Las renovaciones a la cámara de gas de Arizona, en donde se llevó a cabo la última ejecución con gas letal del país hace más de dos décadas, han generado el rechazo de abogados y analistas políticos.

"Lo que Arizona está haciendo, tratando de usar el mismo químico que usaron los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, es una vergüenza", dijo Ambrosio Rodríguez, abogado penalista. "Aunque la pena de muerte es legal en Arizona, el estado tiene el deber de a usar la pena de muerte para ejecutar a las personas de una manera humana sin tener que sufrir".

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El estado ha comprado materiales para producir gas de cianuro de hidrógeno, que se usó en algunas ejecuciones en Estados Unidos y que los nazis utilizaron para matar a 865,000 judíos en el campo de concentración de Auschwitz.

La cámara de gas de Arizona, ubicada en la Prisión Estatal de Arizona Florence, se construyó en 1949 y está en desuso desde hace 22 años, pero recientemente ha sido "reformada" y está "operativamente lista", según documentos consultados por el diario británico The Guardian.

Los dos posibles candidatos para retomar la pena de muerte en el estado, en la cámara de gas, son Frank Atwood, de 65 años, condenado a muerte por matar a una niña 8 años, y Clarence Dixon, de 65 años, condenado por el asesinato en 1978 de una estudiante universitaria.

Esta renovación que se dio a conocer a finales del año pasado en la prisión en Florence, ubicada al sureste de Phoenix, ha sido blanco de críticas que señalan que es "una forma de castigo inhumano".

“Es una situación de cumplir la pena de muerte en una cámara de gas es triste y muy difícil, también tiene consecuencias debido a la mala ejecución practicada en 2014 en la que se usaron químicos inyectados en las venas pero esta persona no murió en un tiempo prudente y sufrió. Arizona no tiene un buen record de ejecuciones humanitarias”, comentó Carmen Cornejo, analista política en Arizona. “A esto le sumamos el costo público y social”

Cornejo se refiere a la última ejecución en Arizona en 2014, cuando se le administró una fallida inyección letal al reo Joseph Wood. Tras administrarle 15 dosis de una mezcla de drogas, Wood tardó casi dos horas en morir.

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“Sin importar si apoyas o no la pena de muerte en general, hay un consenso en la sociedad estadounidense de que un gas creado como pesticida y usado para eliminar a judíos, no tiene lugar en la administración de justicia criminal”, escribió en un comunicado esta semana el Comité Judío Estadounidense.

Funcionarios de correccionales han negado a explicar por qué vuelven a usar la cámara de gas. Sin embargo, la medida se toma en un momento en que a los estados les resulta cada vez más difícil obtener los fármacos para inyecciones letales, ya que los productores se niegan a suministrarlos, según reportó AP.

Hay cuatro estados con leyes de cámara de gas vigentes

El mes pasado, Carolina del Sur aprobó una ley que obliga a los sentenciados a muerte a escoger entre la silla eléctrica o un pelotón de fusilamiento de reciente formación.

Arizona también ha batallado para encontrar proveedores de los fármacos, pero hace unos meses reveló que había recibido un embarque de pentobarbital.

Funcionarios de correccionales señalaron que requisitos legales y constitucionales permitieron que los condenados a muerte optaran por la cámara de gas si eran condenados por crímenes que ocurrieron antes de que Arizona adoptara la inyección letal en 1992.

En el estado hay 115 personas en espera de cumplir con su pena mortal.

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Oficiales de correccionales desmantelaron la sala de inyecciones letales en la cárcel estatal de San Quintín, luego de que este miércoles el gobernador Gavin Newsom firmó una orden ejecutiva que suspende de manera inmediata la aplicación de la pena de muerte en California. La acción le perdonará la vida, de manera temporal, a 737 prisioneros condenados a muerte.
Al anunciar su decisión, el gobernador de California hizo referencia al "fallido" sistema de justicia que "discrimina" a los acusados que pertenecen a las minorías, principalmente a los negros e hispanos, así como a los que padecen de problemas de salud mental. 
<b>"Nuestro sistema de pena de muerte ha sido un fracaso. Matar a una persona de manera intencional está mal. Como gobernador, no supervisaré la ejecución de ningún individuo"</b>, dijo Newsom.
La suspensión de la pena de muerte en California estará vigente durante la administración del gobernador Newsom, que comenzó en enero de 2019. Dado que la moratoria se dio a través de una orden ejecutiva existe la posibilidad de que un futuro gobernador estatal le vuelva a dar luz verde a las ejecuciones en la cárcel de San Quintín.
Aunque la decisión fue contraria a la voluntad de los electores de California, el gobernador tiene la facultad de actuar de manera unilateral para frenar la pena capital en el estado debido a que su orden ejecutiva no conmutó ninguna sentencia entre los reos, una acción que habría requerido de un acuerdo validado por la Corte Suprema del estado.
En la entrada a la sala de inyecciones letales en la prisión de San Quintín ahora se observa un letrero con la siguiente leyenda: "CERRADO por la Orden Ejecutiva N-09-19".
En esta imagen se muestra cómo lucía la cámara de gases que también estaba ubicada en el "corredor de la muerte". En los últimos años decenas de reos en espera su última hora han muerto por suicidios o de causas naturales, mientras agotan todos los recursos legales posibles para frenar sus ejecuciones.
California es uno de los 31 estados de EEUU que mantenía vigente la pena capital para los reos condenados a muerte, sin embargo, la última ejecución en la cárcel de San Quintín ocurrió hace más de una década. Clarence Ray Allen, un hombre diabético de 76 años, fue el último reo que recibió la inyección letal en el 2006, más de 20 años después de ser encontrado culpable por un triple homicidio.
Aunque California alberga a una cuarta parte de los prisioneros condenados a muerte en todo el país con un total de 737, desde 1978, cuando se reinstauró la práctica, solo se han realizado 13 ejecuciones.
A la fecha unos 25 reos han agotado todos sus recursos legales para evitar enfrentar la cámara de gases o la inyección letal en San Quintín, sin embargo, más de un juez federal ha determinado que ambas prácticas son inconstitucionales y mientras esas demandas continúan en revisión, las ejecuciones se suelen prolongar por años e incluso décadas en medio de un mar de retos legales.
Según datos oficiales del estado, desde 1978 California ha gastado más de 5,000 millones de dólares en el programa que mantiene viva la pena capital. Tan solo en el año 2010, el “pabellón de la muerte” recibió una inyección de capital de 853,000 dólares para renovar el equipo que hasta la fecha nunca fue utilizado.
En 2012 y 2016 los electores de California rechazaron una serie de medidas para eliminar la pena capital en el estado. En su lugar, hace tres años los votantes se inclinaron a favor de aprobar la Propuesta 66, que buscaba acelerar las ejecuciones de los reos condenados a muerte mediante la agilización de sus procesos de apelación.
Los opositores a la pena de muerte, incluyendo al gobernador Gavin Newsom, argumentan que la práctica suele estar rodeada de discriminación y disparidades raciales. Desde mediados de los años 70’s más de 150 reos han sido exonerados por condenas erradas, muchos de ellos hombre negros y de origen hispano.
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Imagen Handout/Getty Images