Muere la MACCIH, el proyecto anticorrupción de la OEA en Honduras

La 'MACCIH' llevó a cabo casos emblemáticos de corrupción en contra de políticos por malversación de fondos, pero causó la ira del Congreso hondureño. La Secretaría General de la OEA confirmó que la MACCIH finalizará sus funciones el domingo, 19 de enero. (Read this article in English)

Jeff Ernst
Por:
Jeff Ernst.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a la izquierda, se reúne con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el martes 13 de agosto de 2019, en la Organización de los Estados Americanos, en Washington.
El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, a la izquierda, se reúne con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, el martes 13 de agosto de 2019, en la Organización de los Estados Americanos, en Washington.
Imagen Jacquelyn Martin/AP

El Gobierno hondureño y la Organización de Estados Americanos (OEA) informaron este viernes de que el diálogo para una segunda etapa de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad de Honduras (MACCIH) concluyó sin ningún acuerdo entre las partes.

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En un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras, el Gobierno "lamenta que a pesar de los esfuerzos" con la Secretaría General de la OEA, para crear "un nuevo sistema integral de transparencia y lucha contra la corrupción e impunidad y fortalecimiento del Estado de derecho, no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio".

Al mismo tiempo, la Secretaría General de la OEA consideró lamentable que "no ha resultado posible alcanzar los acuerdos necesarios para la renovación del mandato de la Misión, razón por la cual la MACCIH finalizará sus funciones el 19 de enero de 2020."

La MACCIH fue la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro. El convenio de creación de la MACCIH fue suscrito en enero de 2016 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con una vigencia de cuatro años.


En su comunicado, el gobierno hondureno citó "las denuncias de algunos sectores sociales económicos y políticos en Honduras en las que expresaron sus observaciones y desacuerdos con las actuaciones de algunos funcionarios integrantes de la Misión, que se interpretaron como excesos en sus facultades convencionales".

Tambien, mencionó " la suplantación de las facultades constitucionales y legales e independencia de actuaciones de las instituciones del Estado".

El Gobierno de Honduras y la OEA iniciaron a finales de diciembre de 2019 en Washington una mesa de diálogo sobre la segunda etapa de la Maccih, la que continuaron la semana pasada a puerta cerrada en Tegucigalpa. El propósito de la mesa de diálogo era lograr un nuevo convenio de apoyo de la OEA que coadyuve en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras y el fortalecimiento del Estado de derecho.

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Los funcionarios del gobierno hondureño habían prometido que las negociaciones conducirían a una misión más sólida, pero varios expertos dicen que los términos impuestos por el gobierno para un nuevo mandato hubieron tenido el efecto contrario.

Según fuentes de Univision, un punto de disputa principal fue el papel de investigación de la misión y su coordinación con una unidad fiscal especial, conocida como la UFECIG, que el gobierno hondureño quería despojar de cualquier nuevo acuerdo. En tal caso, la misión se habría reducido a una función de asesoramiento.

"Si [la MACCIH] no puede ayudar a la unidad de fiscalización anticorrupción (UFECIG) que ha sido altamente eficaz, entonces la misión se convertirá en uno más en una cadena de 40 años de proyectos de asesoramiento sin sentido", dijo Chuck Call, profesor de la Universidad Americana que ha estudiado misiones anticorrupción en Centroamérica.

"Lamentablemente, parece que la administración Trump no está dispuesta a usar su influencia para apoyar la extensión [de la misión] mientras el gobierno hondureño trabaje con ella para frenar la inmigración".

La MACCIH fue creado por la OEA para investigar las denuncias de corrupción política en Honduras.
La MACCIH fue creado por la OEA para investigar las denuncias de corrupción política en Honduras.
Imagen OEA

El factor Trump y la inmigración

El Departamento de Estado de Estados Unidos que proporcionó fondos para la misión, o MACCIH, como se le conoce por sus iniciales en español, permaneció en silencio durante las cruciales semanas finales de negociaciones entre Honduras y la OEA.

En un discurso en el OEA el viernes, el Secretario de Estado Mike Pompeo se refirió al "renacimiento" del multilateralismo para proteger la democracia, citando diversas preocupaciones en países del hemisferio, pero no mencionó a Honduras.

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Mientras tanto, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, visitó Honduras la semana pasada para anunciar que un acuerdo de 'tercer país seguro', alcanzado en septiembre para frenar los casos de asilo en la frontera sur, comenzaría a implementarse en las próximas semanas.

"A medida que continúen haciendo más para asegurar sus fronteras, desmantelar pandillas y carteles e implementar nuestro acuerdo de asilo, Estados Unidos continuará invirtiendo y apoyando el crecimiento económico en Honduras", dijo Wolf en una conferencia de prensa conjunta con el presidente hondureño Juan Orlando Hernández .

Pero Estados Unidos cortó drásticamente la asistencia extranjera a Honduras el año pasado y en octubre un tribunal federal de Nueva York condenó a un hermano de Hernández por lo que los fiscales llamaron "tráfico de drogas patrocinado por el estado".

Caso de Guatemala

La aparente aceptación de la administración Trump conrespecto a la MACCIH siguió una estrategia similar empleada el año pasado cuando Guatemala desmanteló su misión pionera internacional contra la corrupción, la CICIG respaldada por las Naciones Unidas. Guatemala fue el primer país en implementar un acuerdo de tercer país seguro.

El pueblo hondureño había pedido una CICIG propia después de que en 2015 se reveló un escándalo de corrupción masiva que implicaba la malversación de cientos de millones de dólares del sistema nacional de salud.

Bajo la presión de protestas masivas en las calles de Tegucigalpa, Hernández se vio obligado a admitir que una parte de los fondos terminó en sus arcas políticas y entró en negociaciones con la OEA. El resultado fue el MACCIH, una misión más pequeña y más débil que su progenitor en Guatemala, cuyo mandato de cuatro años comenzó el 19 de enero de 2016.

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Sin embargo, el MACCIH ganó mucha de la fuerza que le faltaba cuando un acuerdo posterior entre la OEA y el gobierno hondureño creó la UFECIC, un nuevo circuito judicial anticorrupción y una unidad procesal anticorrupción especial.

En poco más de dos años de operaciones, la UFECIC se ha convertido posiblemente en la unidad fiscal más exitosa en la historia de Honduras, llevando a juicio 12 casos emblemáticos de corrupción y obteniendo la condena de una ex primera dama por cargos de malversación de fondos. La unidad disipó el mito de la falta de capacidad y puso al descubierto la falta histórica de voluntad política para presentar este tipo de casos.

En última instancia, el éxito de la cooperación investigativa entre el MACCIH y el UFECIC es probablemente lo que llevó al primero a ser despojado de su papel de investigación.

Queda por ver si a este último se le permitirá continuar operando con la independencia que ha sido fundamental para su éxito sin la cobertura política proporcionada por su asociación con el MACCIH. También es posible que el UFECIC se disuelva.

Los criticos al gobierno, señalan que décadas de asistencia extranjera han demostrado que el obstáculo principal para las instituciones efectivas en Honduras es la ausencia de voluntad política. 


Se cree que esta nueva realidad jugó un papel en la reciente renuncia de la jefa interina del MACCIH, la jurista peruana Ana María Calderón, quien fue la tercera persona en ocupar el cargo en cuatro años.

Un nuevo convenio también requeriá la aprobación del Congreso, que ha estado en una casi permanente guerra con la misión desde que anunció su primera acusación.

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"Si esa unidad hondureña (la UFECIG) se desmantela después de su desempeño estelar, la única razón lógica es facilitar el crimen por parte de funcionarios del gobierno", dijo Call.

Varios de los casos emprendidos involucraron la malversación de fondos de desarrollo a través de organizaciones sin fines de lucro por legisladores hondureños. Una investigación de Univision mostró que hasta 360 legisladores podrían estar implicados en el esquema y que la cantidad malversada podría superar el escándalo del sistema nacional de salud.

¿Termina el combate a la corrupción?

El gobierno hondureño ha asegurado que sigue comprometido con la lucha anticorrupción. "Reafirmamos nuestro firme compromiso para continuar trabajando en la construcción de mecanismos más integrales que permitan seguir fortaleciendo las instituciones hondureñas y avanzar como sociedad en la prevención y el combate a la corrupci´ón y la impunidad en Honduras,” el gobierno dijo en su comunicado.

Pero muchos expertos dudan de la palabra del gobierno."Este es el último paso del presidente Juan Orlando Hernández y todos los partidos en el Congreso para debilitar cada control sobre la capacidad de los funcionarios elegidos y nombrados para robar", dijo Coll.

Hernández fue nombrado como cómplice no acusado por los fiscales en el juicio por tráfico de drogas de su hermano y está acusado de recibir millones de dólares en sobornos de narcos.

Miembros de su familia han sido implicados en casos de corrupción, incluida su hermana Hilda, quien murió en un accidente de helicóptero en 2017 pero que tenía un claro papel de liderazgo en dos de los casos de corrupción que salieron a la luz.

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Un par de organizaciones sin fines de lucro vinculadas a la familia de Hernández que han recibido más de 100 millones de dólares en fondos públicos también estaban bajo investigación. 

El destino de estos casos, al igual que el de la lucha anticorrupción en Honduras, pende de un hilo.

"Este es un día lúgubre, triste, sombrío y nada estimulante para los hondureños... Quizás es por la certeza de que la degradación ética del país ha llegado a su punto más alto," escribió Leticia Salomón, una socióloga y economista hondureña.

El parque central de Gracias, Lempira, muestra su historia indígena y de la época de la colonia española.
Daysi Iglesias, vende 'ticusos', una masa de maíz con frijoles y refrescos naturales, en la plaza central de Gracias, Honduras. "Sí, sé que está preso el hermano del señor presidente, verdad, pero sólo ellos saben sus vueltas, cómo las tienen, no sé. Nosotros nos dedicamos al trabajo".
Domingo Gutierrez, un cafecultor en Gracias, Lepmira
El occidente de Honduras es una zona remota fronteriza con Guatemala y El Salvador.
El camarógrafo de Univision Noticias, Marvin Valladares, captura imágenes de las laderas con neblina en el oeste de Honduras
La casa del presidente Hernández ocupa una gran parcela en las afueras de Gracias, Lempira. Pero solo se ve la bandera nacional. La casa está escondida detrás de una valla alta.
El aeródromo fue construido para el turismo, pero ha quedado inutilizado, excepto por el presidente.
Antes de que llegara el dinero presuntamente proveniente de la droga, los resientes dicen que Gracias era una "aldea virgen". Luego los empresarios y políticos locales comenzaron a mostrar señales de nueva riqueza. Comenzaron a construir grandes casas y comprar caballos y autos de lujo. En la foto, una casa en construcción en las afueras del pueblo, cerca del nuevo aeropuerto y la casa del presidente.
Uno de los coacusados en el juicio de Nueva York es el exvicealcalde de Gracias, Mario José Cálix, conocido localmente por su apodo 'Cubeta'. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado su extradición, aunque se desconoce su paradero. En la foto, la casa de Cálix en Gracias. Nadie respondió cuando Univision Noticias tocó la puerta.
El municipio de Gracias cuenta con 55,000 habitantes, de los cuales 22,000 viven en el pueblo y tiene un presupuesto anual de aproximadamente $2 millones, según el alcalde.
Un político opositor local, Ramón López, de 40 años de edad, indicó que creció jugando fútbol con Tony Hernández y que lo conocía como un típico ganadero que fue electo al congreso en 2013. Recordó sus feroces 'tacleadas' en el campo de fútbol. "No era tan bueno. Nosotros aquí le decimos, a la voz popular, 'machetero', de los que pegan", dijo.
El alcalde de Gracias, Javier Enamorado, un odontólogo de 48 años de edad, dice estar "asombrado" por las acusaciones en contra de la familia Hernandez. "Nunca vimos un posicionamiento económico que fuera fuerte como para como lo mencionan", dijo en una entrevista en su alcaldía en la plaza principal de la ciudad.
El Paraíso, Copán, es una de las aldeas hondureñas estratégicamente ubicadas en la ruta de la cocaína hacia la frontera con Guatemala.
El edificio del municipio de El Paraíso se hizo famoso en Honduras, aunque el alcalde dice que se hizo con dinero del pueblo, no del narcotráfico.
Adonias Morales, alcalde de El Paraíso y amigo íntimo de Alexander Ardón, conocido en el pueblo como 'Chande.'
Vista de las calles de El Paraíso, un pueblo de 10,000 habitantes. Los narcotraficantes aprovecharon su ubicación estratégica cerca de la frontera con Guatemala para contrabandear cocaína destinada a Estados Unidos.
La iglesia en el pueblo de El Paraíso, departamento de Copán, en el noroccidente de Honduras.
El municipio de El Paraíso está construyendo una nueva plaza central, con una réplica de una pirámide maya. La ciudad está a una hora en coche de las famosas ruinas de Copán.
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El parque central de Gracias, Lempira, muestra su historia indígena y de la época de la colonia española.
Imagen David Adams/Univision

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Un manifestante enmascarado en medio de la refriega. En un informe del comisionado estatal de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), divulgado el 15 de diciembre, se afirma que las protestas han dejado 16 muertos, "un número no cuantificado de lesionados" y al menos 1,675 detenidos. Entre los fallecidos figuran 2 policías y 14 manifestantes.
Manifestantes tiran la basura de un camión recolector para bloquear una calle de Tegucigalpa. Las fuerzas de seguridad hondureñas se enfrentan con opositores que exigen un conteo detallado de los votos. El gobierno asegura que el proceso electoral fue transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunos entes internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
La policía se ha dedicado a retirar las barricadas colocadas por los manifestantes. El informe del comisionado estatal de Derechos Humanos de Honduras se refirió a la violencia contra trabajadores de la prensa: "los ataques contra periodistas y medios de comunicación, situación que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país".
Las manifestaciones son promovidas por el partido Alianza de Oposición, cuyo candidato presidencial es Salvador Nasralla. Las pérdidas económicas rondan los 1,500 millones de lempiras (unos 63 millones de dólares), según un informe de la Cámara Hondureña de Aseguradoras.
Tanto Nasralla como el presidente hondureño y aspirante a la reelección, Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron vencedores antes del primer informe del organismo oficial electoral de Honduras (TSE) el día de las elecciones.
De acuerdo con el último informe divulgado por el TSE, Hernández ganó los comicios con 42,95 %, mientras que Nasralla, que ha reiterado que no aceptará los resultados oficiales, sumó el 41,42 %.
El organismo hondureño de derechos humanos asegura en su informe que realizó "acciones" para lograr la liberación de varios de los detenidos, especialmente jóvenes y niños que "no habían cometido delitos" y que ha sido mediador en algunos enfrentamientos entre manifestantes y policías.
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), que surgió después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 al entonces presidente Manuel Zelaya, ha convocado una "movilización nacional" para defender "la victoria" de Nasralla.
El expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, estaba al frente de uno de los bloqueos de acceso a Tegucigalpa. Dijo a medios locales que exigen un conteo "voto por voto" para comparar firmas, las actas y los cuadernillos en las más de 18,000 urnas electorales.
"Estamos exigiendo que se respete la voluntad del pueblo en las urnas (...) no vamos a dejar de protestar, no vamos a dejar que se quede en el poder el dictador Juan Orlando Hernández", anadió Zelaya, aliado de Nasralla, un popular presentador de televisión.
Los focos de violencia se han presentado en los accesos a las grandes ciudades del país, incluyendo la capital Tegucigalpa y la industrial San Pedro Sula, donde los manifestantes opositores han levantado barricadas.
En Tegucigalpa un vehículo de transporte de tropas del Ejército fue incendiado, mientras continúan bloqueos en al menos tres vías de entrada en la ciudad por partidarios opositores.
El gobierno asegura que el proceso electoral fue transparente y que aceptará el resultado definitivo que dé el árbitro electoral, pese a las dudas expresadas por algunos entes internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
Algunos choques violentos se han presentado también en Puerto Cortés, la principal terminal marítima de Honduras en la costa Atlántica.
Los bloqueos también se extienden a otros puntos del país como la ciudad de La Ceiba, en el litoral Atlántico, la sureña ciudad de Choluteca y en el departamento agrícola de Olancho. El Tribunal Electoral tiene de plazo hasta el 26 de diciembre para anunciar el ganador definitivo de los comicios, mientras analiza las impugnaciones presentadas por la oposición.
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Un manifestante enmascarado en medio de la refriega. En un informe del comisionado estatal de Derechos Humanos de Honduras (Conadeh), divulgado el 15 de diciembre, se afirma que las protestas han dejado 16 muertos, "un número no cuantificado de lesionados" y al menos 1,675 detenidos. Entre los fallecidos figuran 2 policías y 14 manifestantes.
Imagen Reuters
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