EEUU acusa a Nicolás Maduro de narcoterrorismo y ofrece $15 millones por su captura

El gobierno de Donald Trump acusó el jueves al líder venezolano Nicolás Maduro de narcoterrorismo por coordinar actividades con la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante dos décadas y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.

El fiscal general William Barr anunció cuatro imputaciones contra Maduro y otros de sus funcionarios durante una conferencia de prensa que ofreció en su despacho. Barr dijo que los cargos anunciados el jueves elevan a 15 los funcionarios de Maduro imputados por la justicia estadounidense por narcoterrorismo, corrupción y narcotráfico.

Maduro reaccionó en Twitter calificando la medida como una conspiración para generar violencia.

El anuncio de Barr no implica designar a Venezuela como estado patrocinante de terrorismo, una lista en la que están Corea del Norte, Irán, Sudán y Siria, como habían informado erróneamente varios medios la mañana del jueves.

"Es un paso a la vez, no tengo nada que decir sobre eso ahora mismo. Obviamente habrá consideraciones de política exterior, pero no es el caso aquí", dijo el fiscal Barr cuando se le preguntó si estaba en los planes del gobierno incluir a Caracas en esa lista.

El canciller venezolano Jorge Arreaza acusó en Twitter al gobierno de Trump de arrementer contra el pueblo venezolano, usando una "nueva modalidad de golpe" sobre acusaciones "miserables, vulgares e infundadas". Agregó que "ofrecer recompensas al estilo de los vaqueros racistas del Lejano Oeste demuestra el desespero de la élite supremacista de Washington".

"El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad", dijo Barr, quien aseguró que el gobierno de Maduro "traicionó al pueblo venezolano y corrompió sus instituciones. Mientras el pueblo venezolano sufre, esta camarilla se llenó los bolsillos. Esto ha llegado a su fin".

"El régimen de Maduro deliberadamente se ha concentrado en Estados Unidos con FARC con la finalidad de traficar cocaína a Estados Unidos. No estamos actuando como policía para el planeta sino como policía para nosotros mismos, estamos protegiendo al pueblo estadounidense", dijo al rechazar que Washington esté actuando como un policía global.

Barr dio a conocer una imputación de cuatro cargos en el distrito sur de Nueva York contra Maduro, el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón; el ex jefe de inteligencia militar, general Hugo Carvajal Barrios; y el excomandante de la cuarta división blindada del Ejército, general Clíver Alcalá Cordones.

Alcalá publicó horas después un video en Twitter donde asegura que no piensa huir.

"Desde hace 48 horas le informé al gobierno colombiano que estoy en mi casa. No estoy huyendo. Dejo en evidencia acá que no voy a huir, no tengo por qué huir porque tengo la defensa de que mi trabajo era por la defensa del pueblo venezolano", dice mirando a la cámara en lo que parece ser el interior de su vivienda en Colombia.

Barr se refirió a este grupo como el "Cartel de los Soles", en referencia a la insignia de un sol que portan los altos oficiales de las fuerzas armadas venezolanas, y dijo que coordinó con las FARC el tráfico de toneladas de cocaína, suninistró de armamento a las FARC, coordinó con Honduras y otros países ese tráfico de drogas, y solicitó que las FARC brindara entrenamiento a una milicia privada.

El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permita el arresto de Maduro y de 10 millones de dólares por la captura de los otros funcionarios.

La segunda imputación dada a conocer el jueves acusa en el Distrito de Columbia al ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, de asociación ilícita para distribuir cocaína a bordo de aeronaves resgistradas en Estados Unidos.

La tercera acusación penal anunciada el jueves está radicada en el distrito sur de Florida contra el presidente de la Corte Suprema Maikel Moreno por asociación ilícita para lavar dinero, y lavado de dinero de fondos millonarios obtenidos por sobornos para alterar docenas de casos civiles y penales en Venezuela.

Una cuarta imputación presentada el jueves acusa en el distrito sur de Nueva York al vicepresidente económico Tareck El Aissami, al superintendente de criptomonedas (Sunacrip) Joselit Ramírez, y al empresario Samark López de varios crímenes para evadir sanciones contra ellos impuestas por el Departamento del Tesoro.

Al preguntarle si Estados Unidos planea enviar un contingente militar a Venezuela o coordinar con policías extranjeras para practicar los arrestos, Barr rehusó entrar en detalles.

"Hay muchas opciones que podemos intentar. Esperamos que el pueblo venezolano esté pronto en una posición en la que puedan entregarnos a estas personas", indicó Barr.

La fiscal federal para el sur de Florida, Ariana Fajardo, quien partici´pó en el anuncio vía conexión de video dijo que la evidencia de corrupción en Venezuela estaba a plena vista en el sur de Florida, como en la compra de condominios y yates de lujo. "Todo esto se ha convertido en parte de nuestra sociedad. Esta fiesta está llegando a su fin".

"Maduro no es jefe de Estado"

La acusación de un jefe de Estado en funcionamiento es muy inusual, pero como indicó Barr en la rueda de prensa, "Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente de Venezuela".

Estados Unidos y otros 60 países no reconocen a Maduro como presidente de Venezuela por considerar fraudulenta su reelección en 2018 y ven al líder opositor Juan Guaidó como el líder interino de la nación sudamericana.

Pero el desconomiento a Maduro no es la postura mayoritaria entre los cerca de 200 países que integran la Organización de Naciones Unidas. Naciones de gran influencia como China y Rusia no reconocen a Guaidó, lo cual ha impedido a organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a adoptar esa postura formalmente.

Los cuerpos de seguridad venezolanos permanecen leales a Maduro, por lo que ha logrado conservar el control sobre el territorio venezolano y sus fronteras.

Un precedente similar en la región fue cuando en 1988 los fiscales federales de Miami acusaron al general panameño Manuel Noriega por cargos de narcotráfico. No era jefe de estado, aunque manejaba el poder desde la Comandancia de las Fuerzas Armadas. Noriega fue capturado en enero de 1990 durante la invasión militar de Panamá y luego fue declarado culpable al final de un juicio. Falleció en Miami en 2017.

El año pasado Estados Unidos congeló los bienes venezolanos en Estados Unidos y anunció sanciones a la empresa estatal de petróleo PDVSA. La administración Trump retiró el reconocimiento oficial a Maduro como presidente de Venezuela y respaldó formalmente al líder de la oposición, Juan Guaidó, como gobernante legítimo de la nación.

La economía de Venezuela se ha derrumbado durante el mandato de Maduro, provocando el éxodo de al menos cinco millones de venezolanos.

El Departamento de Justicia ya ha presentado varios casos de corrupción contra altos funcionarios del gobierno venezolano, incluido el ex Tesorero Nacional, Alejandro Andrade; ejecutivos de PDVSA y empresarios, algunos con propreidades lujosas en Estados Unidos.

La crisis del coronavirus

Cuando se le preguntó sobre la oportunidad del anuncio, dado el brote de covid-19, Barr dijo que la acusación había estado "en proceso durante mucho tiempo. Podríamos haber ido un poco antes". Agregó: "Es hora de denunciar a este régimen por lo que es".

Barr fue más allá y dijo que pensaba que "este es un buen momento porque el pueblo de Venezuela está sufriendo ... La mejor manera en que podemos ayudar al país en este momento es librar al país de esta camarilla corrupta".

Algunos funcionarios extranjeros y grupos de derechos humanos han pedido a la administración Trump que alivie las sanciones económicas por considerar que podrían contribuir a la pandemia de coronavirus.

La idea ha ganado el apoyo de destacados izquierdistas en los Estados Unidos, incluido el candidato presidencial demócrata Bernie Sanders.

"Es absolutamente desmesurado mantener las sanciones en este momento", dijo a AP Jeffrey Sachs, director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia. "La única cosa moral, sensata y legal que se puede hacer es detener la locura que está paralizando los sistemas de salud de otros países", agregó.

Las compañías estadounidenses enfrentan desde hace casi dos años una prohibición de hacer negocios con Venezuela después de que la administración Trump lanzó una campaña para destituir a Maduro por corrupción pública masiva y acusaciones de fraude en su reelección de 2018.

Las autoridades estadounidenses han hecho a un lado las críticas, diciendo que las sanciones permiten la entrega de alimentos y medicinas. Pero la mayoría de los expertos dicen que las sanciones tienen el efecto de crear gran desconfianza en las empresas occidentales para continuar haciendo negocios el gobierno de Maduro.

Venezuela ha reportado hasta el momento 106 casos de coronavuris sin fatalidades. Pero las autoridades colombianas han advertido de una crisis de salud pública si los venezolanos enfermos huyen del colapso del sistema de salud del país para buscar tratamiento en su país.