El ascenso de Juan Orlando Hernández: autócrata de origen humilde, presidente de Honduras por segunda vez

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TEGUCIGALPA, Honduras.- Juan Orlando Hernández tomó juramento como presidente de Honduras por segundo periodo consecutivo este sábado por la mañana en una ceremonia rodeada de un inusual secretismo y fuerte seguridad.

Ningún jefe de Estado fue invitado y los detalles del acto que se celebraró poco después del amanecer en el estadio nacional de la capital se mantuvieron ocultos hasta el último momento.

Reelegido en noviembre por otros cuatro años, Hernández, de 49, desestima la falta de pompa y dice que después de haber servido por un periodo como Presidente —y antes, 16 años en el Congreso—, él no necesita presentación.

“Ya me conocen”, dijo Hernández a Univision Noticias durante una larga entrevista realizada la semana pasada en su casa de Tegucigalpa. “Entonces, queremos ser austeros”, agregó.

Pero muchos hondureños lo explican de otra manera: tanta sencillez se debe a la impopularidad del Presidente, tras semanas de sangrientas protestas que siguieron a una reelección que, señalan algunos, violó la Constitución y que no tenía precedentes en la corta historia de la democracia del país. Para empeorar las cosas, la votación del 26 de noviembre estuvo marcada por acusaciones de fraude.

La discreta juramentación plantea la pregunta: ¿qué tan bien conocen los hondureños a su presidente? Y en ese sentido, qué tan bien se le conoce fuera del país, siendo un aliado clave de Estados Unidos para frenar el flujo de drogas y migrantes.

Después de una semana de entrevistas en Honduras con una amplia gama de políticos, grupos de la sociedad civil, activistas de derechos humanos y personas en la calle, el retrato de Hernández que emerge es el de un personaje dividido, como el doctor Jekyll y míster Hyde, amado por algunos y odiado por otros.

Sus opositores lo describen como un “dictador” frío y calculador que ha pasado por alto la Constitución para salirse con la suya, socavando las instituciones políticas y legales del país, mientras soborna sistemáticamente a los miembros del Congreso a través de un sistema corrupto de contratos públicos.

Por otro lado, sus partidarios lo elogian como un astuto administrador y adicto al trabajo, con una clara visión para modernizar el país, uno de los más pobres y violentos del hemisferio.

La respuesta, tal vez, se encuentra en algún punto intermedio.

Producto del fraude

“Tenemos un Presidente que es producto de fraude, que no es reconocido por gran parte del pueblo hondureño", dice Fátima Mena, fundadora del Partido Anticorrupción (PAC) y concejal en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país.

Como Mena, el 75% de los hondureños siente que el país va en una dirección equivocada, según una encuesta publicada la semana pasada por CID Gallup América Latina.

Hernández hace caso omiso de las críticas. “Los oponentes dicen todo tipo de cosas, pero eso es parte del día a día”, dice sin mostrar resentimiento.

Tecnócrata y nerd de la política, Hernández cuenta con una maestría en Administración Pública de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY). El personal que lo rodea dice que es un ‘micromanager’ orientado hacia los, que califica a sus ministros utilizando un sistema en línea de puntos verdes, amarillos y rojos, que actualiza cada semana. A menudo aparece por sorpresa para verificar el progreso de proyectos en todo el país.

Todos coinciden en que Hernández pertenece a una raza extraña de políticos hondureños, en un país tradicionalmente asociado con los caudillos, que apenas en 1982 hizo la transición de los gobiernos militares a la democracia. “Es una forma de trabajar que tal vez el país no haya visto antes, pero ahora está obteniendo buenos resultados", dice Hernández.

"Si asumes una responsabilidad tan grande como gobernar un país, debes tomarlo en serio y me gusta tener una visión clara de hacia dónde nos dirigimos, y evaluar si cumplimos con nuestros planes, o si es necesario modificar el camino”.

Moisés Starkman, profesor universitario de Economía y exministro de Cooperación Extranjera lo define de la siguiente manera: “Hernández usa métodos autoritarios para lo bueno y para lo malo (…) Le gusta controlarlo todo”.

Crianza rural entre 17 hermanos

Hernández llegó puntual a la entrevista de 90 minutos, vestido de chaqueta y sin corbata. A pesar de las protestas y la tensión política que antecedieron a su toma de posesión, parecía relajado y amistoso, sonriente en ocasiones, dando respuestas reflexivas, sin ningún rastro de hostilidad, incluso cuando se le preguntó sobre las acusaciones de corrupción y su estilo autocrático.

Su estilo conservador y de negocios no podría contrastar más con su educación. Nacido y criado en el pobre pero pintoresco departamento montañoso de Lempira en el occidente de Honduras, cerca de la frontera con El Salvador, él es el hijo de un cafetalero local que también era un político aficionado y jefe, o 'cacique' rural, en el pequeño pueblo de Gracias.

Uno entre 17 hermanos —el número oficial reconocido por su padre— bromea diciendo que las reuniones familiares eran un problema logístico. "Cuando celebramos el cumpleaños de mi padre no había una casa que nos pudiera encajar a todos, entre hermanos, nietos, sobrinos y todo", dice.

Su familia sigue teniendo una fuerte presencia local, con inversiones en el café, una firma de abogados dirigida por un hermano que también es miembro del Congreso, y la Posada Don Juan, un hotel que lleva el nombre de su padre. Su hermana, Hilda, fue su consejera política más cercana, hasta su muerte en un accidente de helicóptero en diciembre.

El joven Juan Orlando fue enviado a la escuela secundaria en una academia militar en la ciudad norteña de San Pedro Sula, antes de mudarse a Tegucigalpa para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah). Sus estudios en Nueva York ayudaron a darle forma a su política.

“Allí aprendí que la democracia no es solo ir a votar, sino que es el día a día, la interacción entre los diferentes grupos de interés”, dice. Un ejemplo de ello fueron las negociaciones sobre la industria metalúrgica en Buffalo entre intereses comerciales respaldados por republicanos y sindicatos respaldados por demócratas, que le mostraron cómo se podía llegar a un “compromiso para el bienestar de ambas partes”.

Sus esperanzas de quedarse en Estados Unidos para cursar un doctorado se desvanecieron cuando su padre murió y tuvo que volver a casa para encargarse de los asuntos de la familia.

Hernández se unió al conservador Partido Nacional y pasó 16 años como legislador antes de convertirse en Presidente del Congreso de 2009-2013.

Menos muertes por crímenes, más muertes políticas

El primer mandato de Hernández como presidente estuvo marcado por el aumento de los impuestos para luchar contra el crimen y la inseguridad desenfrenada, la lucha contra los cuatro principales cárteles de la droga, así como el flagelo de las pandillas callejeras. Se le reconoce ampliamente por haber purgado una fuerza policial corrupta y por reducir la tasa de homicidios a la mitad desde que asumió el cargo en 2013, cuando Honduras fue clasificado como el país más violento del mundo.

“Pasar de 90 muertes por cada 100,000 habitantes a 42, es algo que ningún país en el mundo ha logrado en cuatro años”, dice Hernández. “Si no hubiéramos roto esa tendencia, se hubieran perdido estadísticamente otras 31,000 vidas”, agrega. Ahora dice que sus prioridades serán enfoque la creación de empleos y la reducción de la pobreza crónica, estimada en un 64% por el Banco Mundial, el índice más alto de América Latina.

Sin embargo, es probable que la última ola de agitación política afecte sus planes. “Tendrá que depender del uso de armas para mantener el orden. Pero eso es insostenible”, dice Luis Zelaya, exrector universitario y candidato presidencial del Partido Liberal en las pasadas elecciones.

“Cuando tienes la gran mayoría en contra lo que viene es la represión, y con la represión viene más represión. La violencia genera más violencia”, agrega Zelaya.

Las organizaciones que trabajan por los derechos humanos temen que los altos niveles de impunidad empeoren aún más.

David Ramos, de 51 años, quiere respuestas sobre la muerte de su hijo José, de 22 años, asesinado de un disparo en la parte posterior de la cabeza durante una protesta antigubernamental el 1 de diciembre, días después de las elecciones.

El video del incidente muestra a José Ramos retirándose de un camino en el que los manifestantes arrojaban piedras contra la policía militar en Choloma, un barrio pobre en las afueras de San Pedro Sula. De repente, un bombardeo prolongado de disparos estalla y momentos después se ve el cuerpo de José Ramos boca abajo en el suelo. En total, cinco personas murieron en el tiroteo.

“Mi hijo decidió protestar contra el fraude electoral. Llevaba la bandera del Partido Libre (Libertad y Refundación). Ese fue su crimen”, dice David Ramos.

“Quiero ver que se haga justicia”, agregó, quejándose de que las autoridades ni siquiera han contactado a la familia. José Ramos, quien dejó a un hijo de ocho años, trabajó durante cuatro años en una maquila de textiles de propiedad canadiense, y no tenía antecedentes penales, asegura la familia.

Cuando se le preguntó sobre el caso Ramos, el presidente Hernández dijo que reconocía la necesidad de investigar todos los actos de violencia y nombró a un comisionado de derechos humanos: “Nadie puede justificar el uso de la violencia, como representantes del Estado u otro grupo político. La pérdida de la vida de alguien tiene que ser investigada y está siendo investigada”.

Sin embargo, el presidente parecía más preocupado por cuestiones de seguridad nacional como el tráfico de drogas y el crimen organizado. También acusó a la oposición política de vínculos con las pandillas.

“Inicialmente las protestas fueron pacíficas y luego se volvieron violentas. Había grupos de pandilleros armados con AK47 (fusiles)”, aseguró.

Diálogo nacional

En medio de la controversia electoral, los observadores señalan que se necesita urgentemente un diálogo nacional para debatir las reformas políticas largamente postergadas, como la despolitización del sistema electoral del país y el fin de la impunidad garantizando la independencia judicial.

“Tenemos que aprovechar la crisis para tratar de enfrentar estos problemas que existen y que están causando la crisis porque nunca antes se los trató en serio”, dice Carlos Hernández, presidente de la Asociación por una Sociedad Más Justa, el capítulo local del grupo de gobernanza global Transparencia Internacional.

Por encima de las diferencias, existe un amplio acuerdo en torno a que el sistema electoral no siga en manos de los políticos. Bajo el sistema actual, los partidos controlan todo, desde el Tribunal Electoral hasta los centros de votación.

Carlos Hernández señala que se están llevando a cabo conversaciones con la sociedad civil hondureña, el Presidente y los líderes de la oposición. También se está considerando involucrar a un mediador internacional —entre los nombres que han barajado se cuentan los expresidentes Felipe González de España, Ernesto Zedillo de México y Laura Chinchilla de Costa Rica— y se busca apoyo de Washington y la Unión Europea.

El presidente Hernández dice estar abierto al diálogo. “Les he dicho a los diferentes líderes políticos que pueden presentar cualquier propuesta, sin importar cuán amplia o agresiva sea”, sostiene. Para que el diálogo conduzca a algún lugar, todas las partes tendrán que superar una enorme brecha de confianza.

“Para aquellos que no lo conocen bien y no han profundizado en sus decisiones, puede ser muy agradable”, dijo sobre el presidente Hernández su principal contendor, Salvador Nasralla, un popular comentarista deportivo que se postuló como candidato presidencial por la Alianza de Oposición Contra la Dictadura, que perdió el 26 noviembre por una diferencia del 1.5% de los votos, según los disputados resultados oficiales.

“Él puede ser carismático, amistoso, atento. Pero cuando miras más profundo, las apariencias engañan. No es transparente, oculta a la gente cómo se usan los fondos estatales”, dice el líder de la oposición Nasralla y otros advierten que si la crisis no se resuelve las cosas empeorarán.

"Con el nivel de pobreza, la gente está desesperada. La única alternativa es irse a Estados Unidos”, dice.