El exgobernador Duarte rechaza ser extraditado voluntariamente a México en su primera audiencia

Javier Duarte, el exgobernador del estado mexicano de Veracruz, se reservó el derecho de ser extraditado voluntariamente a México hasta que la solicitud sea recibida formalmente y evaluada por su defensa, durante la primera audiencia que tuvo en Guatemala luego de haber sido arrestado el sábado pasado. Con esta decisión, de acuerdo con el Tratado de extradición entre México y Guatemala, el proceso de traslado a su país natal tardaría alrededor de tres meses hasta un año.

"En este momento no puedo allanarme hasta que llegue la solicitud formal de extradición y sea evaluada por mi defensoría", detalló Duarte.

El exfuncionario llegó al Tribunal Quinto de sentencia penal de Guatemala escoltado por alrededor de 20 elementos de seguridad, esposado de pies y manos, así como un chaleco antibalas, procedente de la prisión de Matamoros, en Guatemala. A su llegada fue rodeado por medios nacionales e internacionales, sin embargo Duarte se limitó a alzar la mirada, sin pronunciar palabra.

Durante la audiencia un agente de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de la fiscalía de Guatemala detalló que el gobierno de México lo solicita para que comparezca por su responsabilidad los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El funcionario guatemalteco refirió que Duarte adquirió a través de prestanombres diversos inmuebles con recursos del erario del estado de Veracruz y dio los nombres de cinco de las personas que probablemente fungieron como sus cómplices.

Se trata de: Alfonso Ortega López quien se encargaba de buscar oportunidades para invertir dinero; Moisés Mansur encargado de operar las instrucciones de Duarte; José Juan Janeiro Rodríguez, quien realizaba los pagos de las actividades de inversión y venta de las propiedades; Rafael Gerardo Rosas, testaferro; y Mario González Mora, quien trabajaba en una notaría en la que se llevaron a cabo diversas operaciones.

Durante la audiencia y al responder algunas de las preguntas del juez, Duarte confirmó que lleva seis meses en Guatemala.

El expediente de Duarte comienza a desvelarse

En México el caso Duarte se ha mantenido en opacidad, pero este miércoles en la audiencia de Guatemala por primera vez de manera oficial se dieron los detalles de la supuesta red de prestanombres del exgobernador, incluyendo su modus operandi.

Los jueces guatemaltecos inclusive aceptaron que no conocían de fondo las razones por las cuales el gobierno mexicano pidió el arresto preventivo de Javier Duarte, por lo que un funcionario del Ministerio Público de Guatemala dio lectura a varias operaciones financieras que supuestamente se hicieron desde 2010, año en que el político llegó al poder en Veracruz.

Minutos antes de la audiencia, Univision Noticias entrevistó vía telefónica a la fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, quien conoció esa información que estuvo integrada en la petición provisional de México para el arresto de Duarte.

“Este es un documento que es propiedad de las autoridades mexicanas, en consecuencia, yo como Ministerio Público de Guatemala solo estoy sirviendo de canal entre las autoridades mexicanas y los órganos jurisdiccionales del país, para tramitar el expediente de extradición”, declaró Thelma Aldana.

La fiscal Aldana agregó que ella supo que Duarte estaba en Guatemala el pasado 15 de abril, pero agregó: “yo asumo que Interpol inició la búsqueda (desde hace meses)”.

Es decir, que Duarte ya estaba en la mira, pero fue hasta el 15 de abril cuando la Procuraduría General de República (PGR) de México emitió la solicitud de la detención de Javier Duarte.

¿Qué le espera al exgobernador?

De acuerdo con el Tratado de extradición que México y Guatemala firmaron en 1997, luego de que el gobierno mexicano pida formalmente su extradición por la vía diplomática, la PGR tiene un plazo máximo de 60 días para presentar las pruebas de la acusación contra el exgobernador de Veracruz en las que se basa la petición de captura y extradición.

La Fiscalía guatemalteca deberá presentar a un juez competente la petición formal de extradición cuando la reciba, y este deberá convocar a una audiencia judicial para resolver la solicitud, es decir, para decidir si existen las pruebas suficientes para acceder a la petición.

Duarte podría ampararse ante esa resolución, lo cual alargaría el proceso.

El exfuncionario mexicano, quien se encontraba prófugo de la justicia desde hace seis meses, está recluido en una cárcel que funciona en el Cuartel Militar Matamoros, en la capital, desde el domingo pasado, tras ser detenido la noche anterior en la recepción de un hotel del municipio turístico de Panajachel, en el departamento de Sololá.

Duarte, de 43 años y quien supuestamente estaba en Guatemala desde el pasado noviembre, cuando entró ilegalmente vía terrestre, tenía una orden de captura con fines de extradición por su supuesta responsabilidad en la comisión de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El exgobernador, que supuestamente también habría recibido ayuda de algunas aerolíneas para sus traslados dentro de Guatemala, es acusado de diversas operaciones con recursos de procedencia ilícita, de efectuar contratos a empresas fantasmas y de utilizar testaferros para transferir recursos públicos.

Entre 2012 y 2015 Duarte, expulsado del Partido Institucional Revolucionario (PRI) en octubre pasado y prófugo desde noviembre antes de acabar su mandato el 30 de ese mes, supuestamente desvió grandes cantidades de recursos públicos, que utilizó para adquirir bienes inmuebles tanto en México como en el extranjero, de acuerdo con las autoridades de su país.