Panel de la ONU acusa al gobierno de Daniel Ortega de crímenes de lesa humanidad
El informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua menciona entre las violaciones y abusos las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, los cuales se llevan a cabo, aseguran, de forma sistemática y por motivos políticos.
Por:
Univision y AFP
La defensora de Derechos Humanos Bianca Jagger, quien ha criticado duramente las medidas de represión del gobierno de Daniel Ortega, reacciona a la liberación de los presos políticos y la condena que recibió el obispo Rolando Álvarez, tras haberse negado a ser desterrado a Estados Unidos.
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Un grupo de expertos de Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que constituyen "crímenes de lesa humanidad", según un informe publicado este jueves en el que reclamaron sanciones internacionales.
El documento del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, menciona, entre esas violaciones y abusos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, y privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.
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"Se perpetran de manera generalizada y sistemática por motivos políticos, y constituyen crímenes de lesa humanidad de asesinato, encarcelamiento, tortura, incluida la violencia sexual, deportación y persecución por motivos políticos", afirmó el experto independiente Jan Simon, citado en un comunicado.
El presidente Ortega, en el poder desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condenas de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria.
El reporte recalca que los abusos "no son un fenómeno aislado", sino el fruto de un "desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático".
Desde diciembre de 2018, al menos 3,144 organizaciones de la sociedad civil han sido clausuradas y prácticamente todos los medios independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior, señala el comunicado.
Simon acusó al gobierno nicaragüense de "instrumentalizar a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral para [...] implementar un marco legal tendiente a reprimir" las libertades fundamentales y "eliminar, por diferentes medios, cualquier oposición en el país".
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Según el grupo de expertos, Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, cometieron estos crímenes y continúan haciéndolo.
En su informe, el grupo insta a la comunidad internacional a emprender acciones legales contra los responsables de esas violaciones y a incrementar las sanciones.
Simon destacó que el Estado y los individuos responsables de las violaciones de derechos humanos deben rendir cuentas, ya sea bajo el derecho internacional penal, la legislación nicaragüense o de terceros países.
El informe apunta que la Policía Nacional y grupos armados progubernamentales, de forma coordinada, incurrieron en un patrón de ejecuciones extrajudiciales durante las protestas de 2018, que se prolongaron por casi cinco meses. Muertes cuya investigación obstruyó el gobierno de Ortega, según los expertos.
Además, acusa a agentes de la policía, funcionarios penitenciarios y a miembros de grupos armados progobierno de cometer actos de tortura, incluida la violencia sexual, durante los interrogatorios y la detención de opositores.
"Las autoridades han buscado la persecución, criminalización y eliminación de cualquier voz opositora", señaló la experta Ángela María Buitrago, citada en el comunicado.
"Miles de defensores de derechos humanos, trabajadores de ONG, activistas, periodistas, líderes estudiantiles, religiosos y artistas" y líderes opositores "se vieron obligados a abandonar el país", insistió.
En el documento, los expertos instan al gobierno a terminar con "las violaciones, abusos y delitos, en particular la persecución por motivos políticos" y a abrir investigaciones independientes de los abusos denunciados.
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La privación de la nacionalidad como herramienta de represión
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que la legislación nicaragüense que permite privar de ciudadanía viola el derecho internacional.
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