Líder opositor de Venezuela pide aplicar la Carta Democrática de la OEA y denuncia un golpe de Estado

El gobernador del estado de Miranda y excandidato presidencial de Venezuela, Henrique Capriles, dijo desde la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que si no se anula la sentencia que inhabilitó a la Asamblea Nacional, "la Carta Democrática Interamericana tiene que aplicarse".

Sus declaraciones ocurren un día después de que la oposición venezolana denunció un golpe de Estado llevado a cabo por el presidente Nicolás Maduro tras un fallo de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que dejó sin facultades legislativas al Parlamento.

Capriles explicó que su aplicación es clave, porque impediría al gobierno de Maduro solicitar financiamiento urgente en el marco de la profunda crisis económica que vive el país, agobiado por una amplia escasez de alimentos y medicinas.

El político opositor señaló que países como China y Rusia, potenciales prestamistas, no pueden arriesgarse a firmar contratos de endeudamiento si saben que son nulos, ya que es la Asamblea Nacional la que debe aprobar estos acuerdos.

El argumento de Capriles es que si Venezuela es suspendida de la OEA, como establece la Carta Democrática si el gobierno de Maduro no respeta el hilo constitucional, el país no podría adquirir endeudamiento con un régimen de facto.

"Ellos saben que en el futuro, con otro gobierno, se exponen a que nunca les devuelvan su dinero", señaló.

Capriles afirmó que su país está en una "hora decisiva" y aseguró que el papel de la comunidad internacional será clave para resolver lo que consideró una ruptura del hilo constitucional.

"Nosotros lo que le estamos pidiendo a la OEA es resolver la crisis a través de elecciones (...) porque los venezolanos tenemos cultura de votar y participar" y agregó que los procedimientos establecidos en la invocación de la Carta Democrática Interamericana dan el camino para que ocurra eso.

Capriles dijo que la clave está en que "el mundo, en una sola voz" acompañe los esfuerzos para "restablecer la democracia en Venezuela".

Fiscal general habla de ruptura de orden constitucional

Por otro lado, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo este viernes que el fallo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que en la noche del miércoles asumió las competencias de la Asamblea Nacional " constituye una ruptura del orden constitucional", con lo que la crisis política e institucional en el país se agrava.

"En dichas sentencias se evidencian varias violaciones del orden constitucional", dijo Ortega Díaz.

Ortega Díaz ha sido una pieza clave del chavismo dentro del Poder Judicial, en un país donde no hay una clara división de poderes. La funcionaria ha jugado un papel destacado en la detención de presos políticos y la represión judicial a la oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

"Como máxima representante del Ministerio Público y en nombre de los casi 10,000 funcionarios, y adicional, los casi 3,000 fiscales que ejercen de forma autónoma la acción penal, llamamos a la reflexión, para que se tomen caminos democráticos, que respetando la Carta Magna, propiciemos un ambiente de respeto y rescate de la pluralidad. A que se debata de forma democrática y respetando las diferencias", señaló la funcionaria.

La reacción de la fiscal general se produce un día después de que la Asamblea de Venezuela desconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que inhabilitó al poder legislativo de cualquier función, lo que la oposición consideró un golpe de Estado.

"Golpe de estado"

El diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, anunció este viernes que diputados opositores van a introducir en la Fiscalía General una "acción penal" contra los magistrados de la Sala Constitucional, que emitieron la sentencia del TSJ y que inhabilitó al Poder Legislativo.

El jueves Borges aseveró que la sentencia le da poder absoluto al mandatario: "Es una dictadura", dijo. "A diferencia de las anteriores (sentencias) le da poder a Nicolás Maduro para hacer todas las leyes que él quiera".

El Tribunal Supremo de Justicia anunció la noche del miércoles que asumía las competencias del Poder Legislativo, controlado por los opositores, debido a la persistencia del "desacato", un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional por el incumplimiento de varias sentencias.

"Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho", estableció la sentencia de dicha sala.

Esto generó reacciones de la comunidad internacional, que como la Asamblea Nacional, cree que pone en peligro el endeble equilibrio de poderes en Venezuela.

La reacción más evidente fue la de Perú, que retiró definitivamente su embajador en Caracas, al considerar la decisión judicial un golpe parecido al dado por Alberto Fujimori contra el Congreso.

Mientras tanto, en Caracas se han producido protestas contra la sentencia del TSJ. La Guardia Nacional y grupos afines al gobierno respondieran con violencia contra los manifestantes.