Corte Suprema permite juicio sobre pregunta del censo de 2020 (si una persona es ciudadana o no)

La Corte Suprema le ha negado al gobierno la solicitud de aplazar el juicio que pretende dilucidar si, como lo afirman más de 17 estados y 7 ciudades, hubo una motivación impropia y de tintes políticos en la decisión que tomó Wilbur Ross, el secretario de Comercio, de introducir la pregunta sobre si una persona es ciudadana estadounidense o no en el censo que se realizará en 2020.

El juicio está programado para que se inicie el próximo lunes 5 de noviembre en Nueva York y el anuncio del máximo ente de justicia hace suponer que una mayoría de los 8 magistrados, quienes no están obligados a revelar su voto, no habrían estado dispuestos a bloquear la realización del juicio en su fecha asignada como lo habría solicitado la administración Trump.

“Lo más significativo es que la corte encontró motivo para creer que el secretario Ross dio explicaciones falsas sobre sus razones para y sobre el génesis de la pregunta sobre ciudadanía”, indicó el juez federal Jesse M. Furman a AP.

A finales de marzo, el Departamento de Justicia, con Jeff Sessions a la cabeza, pidió introducir la pregunta como una forma de determinar con mayor precisión los datos completos y el número de personas con edad para votar en Estados Unidos.

Unas semanas después, sin embargo, más de una docena de estados y ciudades demandaron al gobierno por haber incluido la polémica cuestión por considerarla inconstitucional. La demanda presentada sostiene, entre otras cosas, que incluir la pregunta de si se es ciudadano o no fue una decisión arbitraria que "debilitará fatalmente la precisión de la cuenta sobre la población" del país.

Los estados que se unieron a la demanda fueron tanto demócratas como republicanos: Connecticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, New Jersey, Nueva York, Nuevo México, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington, Iowa, Maryland, Minnesota, Carolina del Norte, Vermont, Virginia.

Esta consulta, efectivamente, no se incluye en el documento del censo nacional desde 1950 y ha sido criticada duramente por demócratas y activistas, que consideran que significará que numerosas personas rechacen responder, lo que alteraría el resultado.

El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de 675,000 millones de dólares de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.

Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década.

El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.