El censo de 2020 preguntará a las personas si son ciudadanas lo que disminuirá aún más la visibilidad de los inmigrantes

Para el próximo censo de los Estados Unidos, que se hará en el 2020, el gobierno de Donald Trump ha introducido una nueva pregunta que genera gran polémica: si una persona es ciudadana o no del país, según informó el Departamento de Comercio el lunes. Esta consulta no se incluye en el documento del censo nacional desde 1950 y ha sido criticada duramente por demócratas y activistas, que consideran que significará que numerosas personas rechacen responder, lo que alteraría el resultado.

En el comunicado del Departamento de Comercio, dirigido por Wilbur Ross, se indica que se ha "determinado reinstalar la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 porque es necesario para dar datos completos y precisos", lo que permitiría establecer el número de personas con derecho al voto.

Esta iniciativa debe ser confirmada por el Congreso, que hacia finales de marzo tendrá que validar todas las preguntas.

Los críticos cuestionan la iniciativa y la ven en la línea de una política migratoria más dura bajo el gobierno de Trump, que ha hecho de este tema uno de sus principales objetivos. Los defensores de los inmigrantes sostienen que la inclusión de esta pregunta llevará a los indocumentados o residentes legales permanentes con lazos con personas sin documentos a no cumplimentar el censo, lo que falseará los datos.

Las consecuencias

El censo, que se realiza cada 10 años, es la base para la distribución de 675,000 millones de dólares de fondos federales para diversas áreas, como escuelas, centros hospitalarios, infraestructuras, entre otras áreas.

Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y de las legislaturas locales en la próxima década.

El conteo de población puede tener consecuencias clave en cómo se asignan los escaños para el Congreso con simples variaciones de entre 10,000 personas o menos.

En 2001 el estado de Utah demandó al gobierno federal después de que el estado no recibió un escaño adicional para el Congreso por una diferencia de 856 personas durante el Censo del 2000.

Utah argumentó sin éxito que el censo no contó debidamente más de 11,000 misioneros mormones que prestaban servicios fuera del país.

La polémica pregunta fue solicitada por el Departamento de Justicia, comandado por Jeff Sessions, conocido por sus ideas antiimigrantes, el pasado mes de diciembre. La lista final de preguntas debe ser enviada al congreso hacia el final del mes de marzo.

Demanda demócrata

Tras el anuncio de la pregunta, un grupo de senadores demócratas presentaron un proyecto de ley para evitar su inclusión en el próximo censo.

Según informaron en un comunicado, los demócratas presentaron la proposición, bautizada como 'Ley de Todas las Personas Cuentan de 2018' en contra de la iniciativa.

De introducirse esa cuestión, los legisladores opositores consideraron que "reduciría la participación entre los hogares inmigrantes" en el censo.

"El censo federal no es una herramienta para satisfacer a la base (electoral) del presidente", enfatizó el senador Bob Menéndez, que estuvo acompañado por sus compañeros de Cámara y partido Cory Booker y Maizie Hirono.

En esta línea, el legislador comentó que es "increíble" tener que contemplar "legislación para prevenir que esta Administración politice el censo con sus sentimientos antiinmigrantes y que contamine el proceso de redistribución (de distritos) para favorecer a su partido".

"Añadir esta pregunta tendría un impacto devastador en la participación de las minorías y en la financiación futura de programas que impactan en las comunidades más necesitadas", aseguró, por su lado, Hirono, quien llamó al resto de legisladores a secundar la propuesta, copatrocinada por otros once senadores demócratas.

De ser aprobado, prohibiría que la Oficina del Censo hacer preguntas sobre ciudadanía o el estatus migratorio de una persona.

Pregunta "inconstitucional"

A la iniciativa de los senadores demócratas, se sumó una demanda del fiscal de California, Xavier Becerra, contra el Gobierno de Trump por considerar que incluir la pregunta es "inconstitucional".

Una coalición de una veintena de fiscales estatales, entre ellos Becerra, había advertido en febrero pasado al secretario de Comercio que " una pregunta sobre ciudadanía violaría la Constitución de Estados Unidos y los estatutos federales".

Por su parte, la senadora demócrata por Hawai, Mazie Hirono, advirtió del "efecto devastador" que tendría la pregunta entre las minorías e inmigrantes. Dijo además que el gobierno de Trump solo busca "abastecer la base antiinmigrante de Trump y fomentar el miedo".

En enero la congresista republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, dijo que "el propósito del censo es sencillo: recoger información apropiada sobre las personas que viven en nuestras comunidades, de manera que podamos entregar recursos federales para las necesidades de la población".

La política cubanoamericana advirtió que " cualquier pregunta, incluida la de la ciudadanía, que pueda afectar un conteo preciso, debe omitirse. El censo no es para contar la cantidad de ciudadanos estadounidenses que hay en el país, sino para ayudar a todos con sus necesidades, sin importar su estatus de inmigración".

Trump ha expresado en múltiples ocasiones su convencimiento de que en el país el sistema permite un "fraude masivo de votos", aunque nunca ha presentado pruebas. De hecho, montó una comisión para estudiar dichos votos ilegales, pero la cerró sin ningún resultado ni datos que avalaran su teoría.

La polémica podría empeorar el problema del censo de 2010, en el que analistas estiman que unos 775,000 latinos no fueron contabilizados.