La diferencia entre vivir dentro y fuera de una ciudad santuario

Los límites que separan dos territorios no son una simple línea trazada en un mapa. Norma Casimiro lo sabe muy bien. Desde que abandonó su Morelos natal hace 17 años con un hijo pequeño, esta mexicana reside con su familia en Westbury, una ciudad de poco más de 15,000 habitantes en el Condado de Nassau, a tan solo once millas de Queens. O, lo que es lo mismo, a tan sólo once millas del mayor amparo a los inmigrantes indocumentados que ofrece una ciudad santuario.

Desde su pequeño estudio subarrendado en una casa unifamiliar, donde vive con su esposo también sin papeles y una hija en común de 8 años nacida aquí, ha seguido con temor creciente el desenlace de las elecciones presidenciales. “Nunca nos planteamos en serio mudarnos a la ciudad porque aquí tenemos trabajo y nos sentimos parte de nuestra comunidad, pero a veces sí que se le pasa a una por la cabeza, por lo que pueda venir luego del 20 de enero”, reconoce Casimiro.

Sabe que en Nueva York tendría más facilidades para ella y su familia a nivel de servicios públicos y está convencida de que “uno allá puede sentirse más seguro, especialmente desde que escuché al alcalde De Blasio decir hace unos días que defendería a todos los neoyorquinos, sin importar su situación migratoria”. Porque, a pesar de estar a once millas de la ciudad de Nueva York, ella no se podrá beneficiar de las protecciones que ofrece esta alcaldía, ya que no reside ahí.

A los obstáculos de la vida diaria en unos suburbios concebidos para la clase media –oferta de transporte limitada, programas sociales escasos o vivienda cara–, se suma ahora el desasosiego por las amenazas del presidente electo de efectuar deportaciones masivas y que sus políticas antiinmigración dejen a su hijo mayor sin los beneficios de DACA. Y, en general, un mayor sentimiento de vulnerabilidad. “Nunca he tenido problemas, pero desde la campaña sí que he notado algunas miradas de desprecio que me han disgustado. En Westbury hay más latinos que en otros lugares de la isla y uno está más acompañado. Con todo, ahora me da miedo entrar en algunas tiendas sola”.

La familia de Norma Casimiro sabe que en su ciudad hay un historial de colaboración proactiva entre las fuerzas del orden de Long Island y la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, y por eso se han autoimpuesto como norma evitar cualquier tipo de conflicto e intentar no salir de noche. “En una ocasión estaba sacando la basura de la casa en la que limpio y empezó a sonar la alarma en la vivienda de al lado. Una patrulla me acorraló. Me hicieron muchas preguntas y me pidieron el ID. Me gustaría tener uno como el que dan en Nueva York. Les dije que no lo llevaba encima en ese momento porque me había traído la señora en su auto. Afortunadamente, vino la niñera que habla bien inglés e intercedió por mí”, relata.

En 2014 el Departamento del Sheriff de Nassau decidió poner fin a la cooperación con el programa de Comunidades Seguras de ICE y se comprometió a no retener a un inmigrante en prisión más tiempo del estipulado por ley a no ser que las autoridades federales presentasen, al menos, una orden administrativa.

También se adoptaron recomendaciones para que los agentes no soliciten el estatus migratorio al interceptar a alguien, pero las organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes precisan que en cualquier caso se trata de sugerencias.

En la entidad Se Hace Camino Nueva York conocen muy bien las diferencias entre vivir a un margen u otro de la ciudad. “ La propia estructura urbana brinda mayor protección por la existencia de una red de transporte público, por la mayor densidad de población y por su gran diversidad”, explica la organizadora Natalia Aristizábal. “Sólo el hecho de estar rodeado de vecinos en un bloque de apartamentos genera más sensación de confianza que vivir en una casa aislada”.

El acceso a un mayor abanico de programas sociales y a la amplia oferta formativa de los diversos centros comunitarios; la puesta en marcha en 2015 del ID municipal como forma de identificación oficial y que permite abrir una cuenta bancaria en algunas entidades; y la existencia de una cartera de buenos abogados para personas en riesgo de deportación con bajos ingresos constituyen, en opinión de Aristizábal, los fundamentos que sostienen la base de Nueva York como ciudad santuario.

A ello hay que añadir un paquete legislativo que impide por ejemplo al Departamento de Correcciones compartir información de prisioneros con ICE antes de una sentencia firme o que las agencias suministren al gobierno federal cualquier dato relativo al estatus migratorio de un neoyorquino.

Estas coberturas desaparecen tras los límites de los cinco condados y la geografía de Long Island tampoco ayuda. La dependencia del vehículo privado incrementa las situaciones de riesgo cuando la necesidad obliga a manejar sin licencia. “Son conocidas las prácticas de caracterización racial que se llevaron a cabo en el pasado para interceptar vehículos de latinos y, automáticamente, reportar su estatus a Inmigración. En ciertas zonas se han tomado algunas medidas para controlar estas actuaciones, pero no tanto en Nassau”, indica el organizador de Se Hace Camino Nueva York en Long Island, Walter Barrientos.

La dispersión territorial y la menor diversidad poblacional favorecen las actitudes discriminatorias. “Esto no es Manhattan. Aquí es bien fácil identificar al que no tiene papeles. Es el que maneja un carro viejo o el que va caminando hacia la estación de tren”, señala Barrientos. La Policía del Condado de Nassau reportó en 2015 un total de 32 delitos de odio y la organización ha detectado un incremento de este tipo de ataques durante la contienda electoral. “En estos últimos meses nuestros miembros han visto con claridad cómo hay gente que no tiene ningún reparo a la hora de expresar que no los quieren en sus vecindarios”, indica el activista.

En comparación con Nueva York, Barrientos denuncia que los recursos de asesoría legal a inmigrantes son casi inexistentes y que, en consecuencia, no se les informa de que aceptar la culpabilidad de determinados delitos de tráfico afectará a su proceso migratorio. “Cualquier problema con la Justicia abre una puerta a la deportación. Este es el principal miedo de nuestra comunidad: qué pasará con el compromiso de Trump de expulsar a todo aquel que tenga un historial delictivo”, manifiesta.

Las redadas han sido numerosas en la zona en el último año y la entidad ha identificado algunos casos que no necesariamente se corresponden con un expediente de deportación en curso, “que es el único supuesto en el que se han producido en la ciudad”. En una de ellas, menciona Barrientos, arrestaron a un padre de familia cuando estaba saliendo de su casa porque en su historial figuraban dos multas hace una década por haber manejado bajo los efectos del alcohol. “A pesar de haber saldado sus cuentas con la Justicia, esto refleja que ICE ha buscado activamente en los archivos y ha tratado su expediente como si fuese un criminal”, añade.

Ana María Archila, codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia, considera primordial buscar fórmulas imaginativas para defenderse ante “una Administración Trump que pretenda cumplir su promesa de acoso al inmigrante”. Según Archila, esto implica empezar a establecer, no tanto en Nueva York sino en lugares como Long Island una red de aliados entre la propia población, “dispuestos a convertir sus casas en ‘santuarios’ a los que la gente pueda acudir para sentirse segura”.

En sus casi dos décadas en Estados Unidos, Norma Casimiro asegura que nunca había tenido ante sí la perspectiva de un futuro tan incierto para ella y los suyos como ahora. “Nos queda luchar, que se escuchen nuestras voces y desear que aquí tengamos algún día las mismas protecciones que en Nueva York”.

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