Uber aporta millones al gobierno de la Ciudad de México pero no se sabe qué se hace con ese dinero

Hace más de dos años, Ciudad de México comenzó a regular a Uber y otras aplicaciones de transporte privado. En una de las ciudades más contaminadas y con más tráfico del continente, estas empresas recibieron el permiso del gobierno de operar casi sin frenos: solo necesitan registrar el vehículo y aportar un 1.5% de la tarifa de cada viaje a un fondo de movilidad.

En su momento, la ley fue aplaudida e incluso el medio colombiano Semana se preguntó si podría ser este un ejemplo para su país. Sin embargo, hoy esta regulación deja muchas dudas. Hasta el momento, el gobierno local no ha sido claro sobre qué hará con los millones de pesos en el fondo, que debe financiar infraestructura pública. A su vez, los resultados del reglamento sobre el tráfico y el sistema de transporte han sido opacos y el gobierno de la Ciudad de México no ha vuelto a evaluar el impacto de estos servicios en la movilidad urbana.

De los 77 países donde opera Uber, México es el tercero más importante en términos de usuarios, después de Estados Unidos y Brasil, con más que siete millones de clientes. Y esta no es la única empresa de su tipo, con alternativas como Cabify e Easy invirtiendo para crecer sus operaciones en México, las cuales también deben aportar a este fondo.

Un fondo poco transparente

La Secretaría de Movilidad (Semovi) autorizó el 15 de julio de 2015 el reglamento que legalizó las operaciones de Uber y otras aplicaciones de transporte. Pasó más de un año para que se estableciera el Fondo para el Taxi, la Movilidad y al Peatón, un fidecomiso privado creado el 31 de agosto de 2016.

Por ser privado, hoy no se sabe cuánto dinero hay en el fondo, el que es manejado por el Banco Interacciones y un comité técnico nombrado por la Semovi. Cuando el periódico mexicano Expansión pidió información al respecto mediante una solicitud de transparencia, la Secretaría respondió diciendo “se está analizando la migración del mismo para que se establezca como fondo público”.

Para este reportaje, Semovi negó solicitudes de entrevista. CityLab Latino contactó a Uber, Cabify, Yaxi e Easy, cuatro de las plataformas de transporte privado que operan en CDMX sobre sus aportaciones al Fondo. Una fuente de Uber en México confirmó que han aportado “a la fecha, 130 millones de pesos al fondo de Movilidad”. Se trata de más de siete millones de dólares.

Por su parte, Cabify en México contestó que empezaron a contribuir al Fondo de manera retroactiva en el primer trimestre de este año. Sin embargo, un representante declaró por e-mail que no podían compartir las cifras. Easy, conocido anteriormente como EasyTaxi, contestó que “se encuentra en un proceso abierto de registro como empresa proveedora de transporte por aplicación con las autoridades correspondientes” y que “nuestra posición ante las regulaciones pertinentes siempre ha sido la de colaborar con las autoridades”. Yaxi, finalmente, no contestó a la solicitud de CityLab.

Esta evidente falta de transparencia sobre las cifras se suma a la poca claridad del destino del dinero. Uno de los objetivos de este fondo es invertir en la infraestructura pública y los taxis de la ciudad. Sin embargo, por ahora, no hay ninguna claridad de que esto esté sucediendo. El gobierno capitalino ha avanzando en este sentido en otros proyectos, como la nueva regulación de estacionamientos y el sistema de parquímetros. Con estos últimos, los comités ciudadanos tienen el derecho de decidir cómo se usa un porcentaje del dinero recaudado por los parquímetros. Sin embargo, la regulación sobre compañías como Uber parece estar caminando en sentido contrario.

Pero no solo el gobierno debería ser más transparente. Los expertos dicen que las empresas también deberían entregar datos, no solo sobre los dineros aportados, sino sobre sus viajes. Esto –que está siendo una lucha en todo el planeta– permitiría entender su efecto en el tráfico de la ciudad y su real aporte a la movilidad de los ciudadanos. “Uber genera su información y sus ingresos utilizando infraestructura que es de todos, que es pública”, dice Gonzalo Peón, director adjunto de ITDP para México. “ Para poder regularlos, tenemos que entender lo que hacen. Pero ningún gobierno del mundo tiene esta capacidad”.

Un ejemplo opuesto de esto es EcoBici, el sistema de bicicletas públicas de Ciudad de México, que es operado por la empresa Clear Channel. Esta compañía siempre ha tenido una política de compartir los datos sobre viajes, para poder mejorar la movilidad en general de la ciudad.

Los datos sobre viajes en Uber, Cabify y otras empresas podrían mostrar al gobierno las zonas y horarios de alta demanda que el transporte público no está satisfaciendo. Por el momento, esta información es privada.

¿Es Uber un aporte a la sostenibilidad del DF?

De alguna manera, el mismo texto del reglamento que regula a estas empresas partió mal. Este se refiere a Uber y otras aplicaciones de su tipo como “tecnologías sustentables… amigables con el medio ambiente que contribuyen a la disminución en la utilización de energía”. Además, explica que Semovi tiene que observar ‘el principio de eficiencia’ procurando formas de transporte “sin que su diseño y operación produzcan externalidades negativas desproporcionadas a sus beneficios”.

Sin embargo, hoy en día hay cuestionamientos a qué tan ecológico y sostenible es este tipo de transporte. Uber ha argumentado que los clientes son personas con autos privados y que el servicio les permite dejar sus autos en casa y así disminuyen el número de autos en circulación. Pero el aumento repentino de usuarios en la Ciudad de México, donde solo hay 0.3 autos per capita, sugiere que muchos usuarios de transporte público ahora están utilizando Uber.

El mismo reglamento argumenta que las unidades de Uber no necesitan circular buscando pasajeros como los taxis y así disminuyen el consumo de combustible, algo que podría ser comprobado (o no) si de hecho se tuvieran más datos de estas empresas.

No se sabe cuántas unidades de Uber hay en la Ciudad de México, pero en todo el país son más que 230,000 y la empresa está apostando por llegar a 500,000 a final de 2018. Tener más unidades significa respuestas más rápidas a los pedidos de clientes. Pero una investigación del The New York Times dice que las empresas “no pagan los costos directos de los conductores que están inactivos, y por eso quieren tener tantos conductores disponibles como sea posible”. En otras palabras, tener más unidades significa que los clientes tienen que esperar menos tiempo, pero las unidades podrían pasar más tiempo circulando sin pasajeros.

En el caso de Nueva York, un estudio comprobó que durante 2016 las aplicaciones de transporte provocaron un aumento de entre un 3% a 4% en el tráfico en la ciudad. A su vez, hallaron un descenso en el número de pasajeros en el sistema de metro en Nueva York en 2016.

Analizar todos los beneficios y externalidades de las aplicaciones es una tarea complicada, pero la Semovi debería realizarla para comprobar si el reglamento está funcionando adecuadamente. Si las externalidades son mayores a los beneficios, quizás habría que proponer un reglamento más estricto para estos servicios privados.

Mientras los millones de pesos en el Fondo de la Movilidad siguen congelados, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal podrían alinear el uso de fondos públicos para el transporte con las necesidades de los ciudadanos. Según INEGI, en 2007 en la Zona Metropolitana, tan solo un 29% de los viajes diarios son en automóvil privado. Un 68.6% se realizan en transporte público concesionado de baja capacidad y sistemas integrados públicos. Un 2.4% se realizan en bicicleta y motocicleta.

Sin embargo, ITDP ha documentado que en la Zona Metropolitana en 2015 se destinaron un 89.4% de los fondos federales a proyectos de pavimentación e infraestructura vehicular. Apenas un 10.6% de los fondos fueron invertidos en proyectos de movilidad sustentable, como ciclovías, transporte público o facilitar el caminar.

Gonzalo Peón, de ITDP, explica que estos datos han sido el motor de discusiones a nivel federal en la Cámara de Diputados. El año pasado establecieron que un mínimo de un 15% del Fondo Metropolitano, dinero federal designado a la Ciudad de México y municipios urbanos del Estado de México y Hidalgo, tiene que invertir en movilidad sustentable.

Por todo esto, los expertos dicen que en una ciudad con problemas de congestión y contaminación tan graves, es irresponsable no regular debidamente a Uber y otras aplicaciones. “Esas empresas son veloces”, dice Peón. “El gobierno apenas las está alcanzando”. La burocracia mexicana ha sido lenta para reaccionar a Uber y sus competidores, pero aún están a tiempo de hacer un balance de su impacto en la movilidad.