Así es como la justicia de Estados Unidos va encajando las piezas del rompecabezas de la corrupción en Venezuela

El fiscal impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (progobierno) de Venezuela, Tarek Williams Saab, reaccionó a la noticia que estremece a ese país y el sur de Florida: el extesorero venezolano y amigo de Hugo Chávez, Alejandro Andrade, se declaró culpable de lavado de dinero y trama de corrupción.

Esta semana anunció que está pidiendo la activación de una alerta roja de Interpol para capturarlo y pedirle a Estados Unidos que entregue a Venezuela "a este delincuente Alejandro Andrade (...) porque este ciudadano vive en EEUU dándose la dolce vita de una manera brutal y totalmente grotesca, repugnante para toda la ciudadanía honesta de este país". También dijo que se ordenó el bloqueo e inmovilización de cuentas de Andrade en Venezuela, allanamientos y confiscación de bienes a sus propiedades, aunque no especificó cuáles son ni dónde están ubicadas, como sí lo hizo al detalle la Fiscalía del sur de Florida el pasado 20 de noviembre.

Ese día se hizo público el documento oficial de declaración de culpabilidad de Andrade (54), quien aceptó que conspiró con empresarios venezolanos y aceptó sobornos por el orden de los mil millones de dólares entre 2007 y 2017, desde que ocupaba el máximo cargo de manejo de divisas y el tesoro nacional hasta el año pasado, cuando vivía como magnate entre caballos y establos en Wellington, Florida. Desde diciembre de 2017, quien fuera tesorero de la nación (2007-2011), había firmado el acuerdo de colaboración con la justicia estadounidense para la investigación por corrupción que involucra cuentas en el sur de Florida.

Como parte de la trama, la misma Fiscalía de Miami acusó al empresario y dueño del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de lavado de dinero y pago de sobornos.

Gorrín se encuentra en Venezuela, según confirmaron amigos cercanos, aunque tiene propiedades en Florida y Nueva York ( valoradas en unos 77 millones de dólares) que le fueron incautadas. Sin embargo, el fiscal Saab no anunció ninguna investigación ni proceso judicial contra él. El empresario acusado en Estados Unidos, quien hizo carrera como abogado penalista en Venezuela, pertenece al círculo de amigos del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, según indican fuentes a Univision Noticias. " Por eso se siente protegido en Venezuela", explicó la fuente.

Su sentencia está programada para el próximo martes 27 de noviembre en la Corte del Distrito Sur de Florida.

Rompecabezas de la corrupción

Lo que está ocurriendo en la Fiscalía del sur de Florida es una suerte de rompecabezas donde las piezas están encajando. En agosto de este año, el banquero venezolano alemán Matthías Krull se declaró culpable de lavar 1,200 millones de dólares en una trama de corrupción que involucra a los hijastros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En su declaración de culpabilidad, Krull además aceptó que asesoró en operaciones de lavado a un cómplice identificado por la denuncia criminal como un empresario dedicado al negocio de la televisión y a quien el documento se refiere como 'Conspirador 7'.

Se pudo comprobar que ese 'Conspirador 7' es Raúl Gorrín, identificado entonces simplemente como "el dueño de un canal de televisión en Venezuela".

Supuestamente fue quien ordenó a Krull mover 159 millones de euros de tres individuos identificados en la denuncia como 'Los Chamos' (presuntamente los Gavidia Flores, hijos de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores).

En agosto, Univision Noticias consultó al abogado de Gorrín en Miami, Howard Srebnick, quien se limitó a decir que su cliente niega estar involucrado en operaciones de lavado de dinero.

Tres meses después se pudo conocer que el 16 de agosto de 2018 la fiscalía selló la acusación que revela que desde 2011 y hasta aproximadamente 2017, Gorrín Belisario procuró pagos de sobornos para beneficiar a dos altos funcionarios de la Oficina Nacional del Tesoro.

Gorrín no ha aceptado las solicitudes de entrevista de Univision Noticias. La primera de ellas, mediante un correo electrónico fechado en abril de 2016.

Para complicación de Gorrín, el martes también se levantó la reserva judicial a la declaración de culpabilidad que hizo en marzo pasado el también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 años. Jiménez, quien estaba radicado en Chicago, aceptó el cargo de conspiración para lavar dinero en el mismo esquema de corrupción, según reveló un comunicado del Departamento de Justicia. Declaró que, en complicidad con Gorrín, adquirieron el Banco Peravia, en República Dominicana, para lavar dinero. Su sentencia está programada para el 29 de noviembre

La conexión Panamá Papers

Otras piezas que acaban de encajar en la trama de supuesto dinero sucio venezolano que afecta a Estados Unidos son los dos exfuncionarios investigados en Panamá Papers y que en este momento enfrentan una inminente extradición de España a Venezuela, también a pedido del fiscal Tareck Williams Saab.

Claudia Patricia Díaz Guillén, quien fuera enfermera del expresidente Chávez y tesorera de la nación entre 2001 y 2013, y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, militar exjefe de seguridad del palacio presidencial, aparecen en la acusación de Andrade como 'Funcionaria 2' y 'Co-conspirador 1'.

Ambos habrían recibido depósitos por el orden de 65 millones de dólares de parte de Gorrín. También habrían sido beneficiados con yates y otros artículos lujosos. Consultado al abogado de ella, Ismael Oliver, por el portal El Confidencial, no habían sido notificados formalmente de esta acusación que los compromete aún más. La revelación llega en un momento cuando la defensa de Díaz Guillén apunta hacia una persecución política por el sector del chavismo que gobierna Venezuela.

El fiscal venezolano nombrado por la ANC sustituyó a la fiscal legítima, Luisa Ortega Díaz, quien está en el exilio luego de que amenazaran con apresarla.

Desde entonces, Saab emprende una supuesta lucha contra la corrupción y ha abierto investigaciones por corrupción contra algunos venezolanos. Uno de ellos fue detenido el pasado 20 de marzo de 2018: Víctor Cruz Weffer (" el general chavista que desembarcó en un paraíso fiscal") y se le procesa "por delitos de corrupción y legitimación de capitales", según escribió el fiscal general en su cuenta de Twitter.

¿Ordenará investigación y proceso judicial el fiscal venezolano contra Raúl Gorrín? ¿Qué otros nombres y conexiones revelarán los acusados que colaboran con la justicia estadounidense? Son interrogantes que resolver los próximos días de este gran rompecabezas que le ha costado miles de millones de dólares a la ahora empobrecida Venezuela.