De la bancarrota a una vida de lujos: la historia de un agente de la DEA al que condenaron a 12 años en prisión

En 2010, José Irizarry, un agente antinarcóticos, se declaró en bancarrota porque sus ingresos no le alcanzaban para cumplir con sus obligaciones financieras. Pero unos años después su suerte cambió de manera sospechosa: tenía joyas, autos de lujo y compró una casa en Colombia.

Hasta que lo investigaron descubrieron que había estado trabajando con un narcotraficante que él mismo investigaba y que desvió unos 9 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos destinó para realizar operativos encubiertos contra organizaciones criminales internacionales.

Irizarry, de 46 años, salió de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para enfrentar un proceso criminal que concluyó esta semana con una sentencia a más de 12 años en una prisión. Sus superiores aplaudieron el castigo y dijeron que él no representa la lealtad de la mayoría de sus oficiales.

“El exagente especial Irizarry abusó de la confianza del pueblo estadounidense cuando violó repetidamente su juramento como agente federal”, dijo la administradora de la DEA Anne Milgram en un comunicado. “Llevarlo ante la justicia refleja los principios de quienes sirven y defienden fielmente los valores de la DEA”, agregó.

La acusación señala que el esquema de lavado de dinero cometido por Irizarry comenzó en 2010, después de que solicitó protección bajo la ley federal de la bancarrota. Desde entonces desvió una fortuna que provenía del presupuesto de la agencia antinarcóticos. Una parte la recibieron sus cómplices, entre ellos un funcionario público colombiano y el líder de una organización colombiana de narcos que se convirtió en padrino de sus hijos en 2015.

Radicado en Puerto Rico, este agente recibió además sobornos y comisiones ilegales por al menos un millón de dólares que usó para comprar joyas, un auto BMW, dos camionetas Land Rover y una casa en Colombia valuada en 767,000 dólares. Todo sucedió durante siete años, tiempo en que estuvo en las oficinas de la DEA en Miami y Cartagena (Colombia).

El gobierno señala que el dinero desviado también financió la compra en Miami de un Lamborghini Huracan Spyder 2017 a nombre de un miembro de la familia de uno de los participantes del fraude.

Para tratar de ocultar sus ingresos ilícitos, él y sus cómplices, entre ellos su esposa, Nathalia Gomez-Irizarry, utilizaron una identidad robada para abrir una cuenta bancaria. Ella se declaró culpable de lavado de dinero y fue condenada en diciembre de 2020 a cinco años de libertad condicional y se le ordenó entregarle al gobierno un anillo de diamantes Tiffany de 30,000 dólares.

Irizarry, por su parte, aceptó haber cometido 19 delitos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero, servicios de fraude electrónico, fraude bancario y robo de identidad agravado.

“El Departamento de Justicia tiene tolerancia cero para el abuso en cargos públicos y está comprometido a descubrir y enjuiciar la corrupción dondequiera que se encuentre, especialmente entre las filas de las fuerzas del orden”, dijo Kenneth A. Polite Jr, fiscal asistente de la División de lo Penal de esa dependencia, en el comunicado.

Este agente, que también trabajó en la oficina de la DEA en Washington, renunció a su cargo en 2018 y fue arrestado en febrero de 2020 junto con su esposa cerca de su casa en San Juan, Puerto Rico.

La imagen de agente modelo que había recibido premios por su desempeño se derrumbó cuando la agencia Associated Press reveló presuntas irregularidades de Irizarry, lo cual encendió las alarmas del gobierno.

La jueza federal Charlene E. Honeywell también le ordenó pagar 11,233 dólares y entregar un anillo de diamantes y un auto deportivo de lujo. Al término de la audiencia condenatoria, Irizarry fue puesto bajo custodia de los US Marshals para ser trasladado a una prisión federal.