Cuando los familiares se vuelven 'coyotes': los casos que no perdona la Patrulla Fronteriza

Cada cierto tiempo, entre miles de incidentes relacionados con las bandas de contrabando de personas, las autoridades arrestan a 'coyotes' improvisados que ayudan a familiares o amigos indocumentados. El pago suele ser un simple "gracias", un abrazo o una palmada en el hombro. Si el "favor" se logra le habrán ahorrado al pariente o conocido miles de dólares que habría desembolsado usando el método más popular de cruzar la frontera ilegalmente.

Aunque la Patrulla Fronteriza no lo considera una actividad ilegal por la cual deba encender sus alarmas, sus agentes no han dejado de encontrar estos casos.

El hecho más reciente señala a una pareja de salvadoreños que fue en su vehículo hasta la frontera con México para recoger a un sobrino sin papeles. Ahora enfrentan cargos de tráfico de personas, por los cuales pasarían hasta diez años en una prisión federal.

Los acusados, Edy Giovanni Fuentes Alvarado, de 37 años, y su esposa Kenia Yamileth Gómez Caballero, de 36, se acercaron poco después del mediodía del lunes pasado a un retén de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en la carretera 94, al este del condado de San Diego, en California. Es una ruta usada frecuentemente por los 'coyotes' y narcotraficantes, por eso los patrullajes son comunes allí.

La pareja iba a bordo de una camioneta Nissan Armada de color blanco. Por no tener documentos que verificaran su presencia legal en el país fueron remitidos a una segunda inspección. A un agente de la CBP le dijeron ser centroamericanos con un trámite de asilo pendiente.

Cuando el oficial indagó más, Fuentes Alvarado confesó que había manejado hasta esa zona para recoger a su primo indocumentado y aceptó que estaban esperando una llamada suya para recogerlo en algún lugar de la frontera. Al revisar su celular, descubrieron mensajes de texto en los que coordinaban el transporte y la ubicación satelital del familiar sin papeles.

La Patrulla Fronteriza usó esa información para rastrear al inmigrante, quien fue localizado con otra persona cerca de la intersección de Otay Lakes Road y la autopista 94. Ambos dijeron ser salvadoreños y haber ingresado al país sin autorización, por lo que quedaron bajo custodia federal.

Fuentes Alvarado y su esposa fueron arrestados el 25 de febrero, a pesar de que no llevaban al pariente en el auto.

"Este tipo de casos suceden, aunque no son constantes. La mayoría de las personas contratan a una organización de tráfico de migrantes para cruzar la frontera", explicaba en una entrevista realizada hace unos meses el agente Eduardo Olmos, vocero de la Patrulla Fronteriza en el sector San Diego.

Castigos más duros a 'patrocinadores'

El cargo por tráfico de personas es bastante amplio. La Ley de Inmigración y Nacionalidad establece sanciones penales solo por "traer y alojar a ciertos extranjeros": por alentarlos a venir a este país o por financiar su cruce ilegal desde Estados Unidos. Una persona puede ser condenada por este delito si recoge en la frontera a un familiar indocumentado, aunque este no le pague nada.

Esas normas ahora son más estrictas. El 20 de febrero de 2017 la actual administración emitió un memorándum que ordena al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomar medidas contra los padres, familiares y cualquier otra persona que "directa o indirectamente (…) facilite el tráfico ilícito o el tráfico de un niño extranjero" a este país.

"Esta disposición es tan amplia que podría incluir a personas que ayudan a planificar el viaje del niño a Estados Unidos, que ayudan a pagar un guía para el viaje del niño o que alientan al niño a ingresar" a EEUU, advierte un informe sobre los cambios relacionados con el delito de tráfico de personas que elaboró el Centro de Recursos Legales de Inmigración (ILRC) en julio de 2017.

El organismo advierte que los acusados podrían enfrentar procesos de deportación y penales.

"Desde el 29 de junio de 2017, ICE confirmó que comenzó a enfocarse en personas en Estados Unidos que pudieron haber pagado un guía para que los niños crucen hacia Estados Unidos", señala el ILRC.

"Aunque ICE no ha revelado ningún detalle con respecto al alcance o la duración de esta acción, el enfoque aparentemente se ha centrado en los 'patrocinadores' (quienes reciben a los niños una vez que salen de los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE)", agrega.

Un año después se cumplió ese temor: a finales de 2018 se reportó que unos 170 indocumentados que pidieron custodia de niños en albergues del gobierno fueron arrestados por ICE.

Castigos reducidos a traficantes

Un informe de la Comisión de Sentencias de Estados Unidos (USSC), una agencia independiente de la rama judicial del gobierno federal, indica que 2,241 personas fueron convictas por tráfico de personas en 2014, siendo el 11.2% de todas las faltas migratorias.

En ese período, más de la mitad de estos delincuentes eran ciudadanos estadounidenses, el 77.2% eran hombres y su edad promedio era 33 años. Casi el 60% habían cometido faltas menores o no tenían antecedentes penales. Menos de la mitad de ellos transportaban a menos de seis indocumentados.

Este informe no identifica a familiares o amigos de migrantes acusados por este delito.

De acuerdo con el USSC, pocos se salvaron de un castigo. Casi nueve de cada diez acusados terminaron en una prisión. Sin embargo, apenas el 3.6% cumplió la pena de cinco años tras las rejas por cada persona que cruzaron ilegalmente.

Es posible que sea el resultado de los acuerdos con los fiscales para cerrar sus procesos antes de llegar a un juicio. El castigo promedio fue de 18 meses.

El policía que ayudó a su amigo

En la primavera de 2017, la Fiscalía federal de San Diego interpuso cargos de tráfico de migrantes contra un policía de Los Ángeles que transportaba en su auto a dos mexicanos sin papeles cerca de la frontera entre California y México. Uno de ellos era su amigo; lo conoció hace unos años cuando le hizo un trabajo en su casa.

Cuando los dos pasajeros del oficial angelino Mambasse Koulabalo Patara fueron interrogados por agentes migratorios, estos dijeron que no hicieron ningún trato monetario con él para transportarlos.

A finales de abril de 2018, Patara se aproximó hasta un punto de revisión de la CBP en la carretera 8, cerca de Pine Valley, a unas 12 millas de la zona limítrofe con México. Él solo se delató. "Aparentaba estar nervioso", menciona el reporte del incidente.

Los indocumentados, Germán Ramírez González y Fermín López, cruzaron solos la frontera y se comunicaron con el policía para decirle el lugar donde los podía recoger.

Si es encontrado culpable, el policía sería condenado a cinco años de prisión y se le impondría una multa de hasta 250,000 dólares.

La justicia también castiga a los buenos samaritanos. Las autoridades acusaron de este delito a una mujer estadounidense que se encontró a tres inmigrantes desorientados cuando manejaba por la autopista 8, en el este de San Diego, el 30 de julio de 2018.

Fue arrestada a pesar de que uno de sus pasajeros, Kevin Herrera Salas, afirmó que ella se detuvo y accedió a llevarlos a un lugar seguro, después de que le contaron que caminaron varios días en las peligrosas montañas de Otay. Ellos cruzaron por la zona de Tecate y el 'coyote' que los llevaba los abandonó.

Según el informe, Herrera Salas dijo que "no sabía a dónde los llevaba y que no le estaban pagando" a la mujer.

La Patrulla Fronteriza, sin embargo, la acusó de un cargo administrativo de tráfico de personas, un proceso menos severo y que está fuera del sistema judicial. No está claro qué castigo recibió la conductora.