El agente fronterizo que ayudó a coyotes en Texas por $500: pasará 10 años en prisión

Oberlin Cortez Peña, quien trabajaba en la estación Falfurrias de la Patrulla Fronteriza, fue condenado por colaborar con una banda de traficantes de personas y que también le pidió ayuda para traficar cocaína por una garita fronteriza. No sabía que un coyote se había vuelto informante del gobierno.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
Las autoridades mexicanas detuvieron a más de 260 migrantes centroamericanos hacinados en un remolque en el estado de Chiapas, según informó el Instituto Nacional de Migración de México. Sigue las últimas noticias en Univision.
Video Detienen a más de 260 migrantes hacinados en un camión cerca de la frontera sur de México

Un juez federal de Texas impuso una sentencia de 10 años de prisión a un agente novato de la Patrulla Fronteriza que reconoció haber ayudado a traficantes de personas y de droga en Texas.

Oberlin Cortez Peña, de 23 años, quedó bajo custodia federal el viernes y ahora espera su traslado a una prisión para cumplir su castigo. Se había declarado culpable el pasado 17 de diciembre.

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Los fiscales afirmaron que tenían evidencia suficiente para comprobar que Cortez Peña “usó su conocimiento como agente de la Patrulla Fronteriza” para aconsejar a criminales sobre cómo evitar que en garitas fronterizas detectaran droga y migrantes que ocultaban en autos particulares.

También les indicó cómo esconder sustancias ilícitas y distraer a los perros antinarcóticos.

Él mismo cruzaba, de México a Texas, antes que sus cómplices para garantizar que usarían un carril inspeccionado por un policía novato o menos estricto, de acuerdo con el gobierno federal.

Oberlin Cortez Peña, quien trabajaba en la estación Falfurrias de la Patrulla Fronteriza.
Oberlin Cortez Peña, quien trabajaba en la estación Falfurrias de la Patrulla Fronteriza.
Imagen Oficina de Alguaciles del condado Hidalgo (Texas)

Los investigadores descubrieron a Cortez Peña en junio de 2021, cuando fueron notificados de que un oficial fronterizo estaba recibiendo sobornos a cambio de ayudar a una banda de coyotes. Su tarifa era de 500 dólares por cada cruce con migrantes, describe la acusación.

El 22 de julio de 2021, un día después de que los traficantes pasaron migrantes a Texas, el agente se reunió con uno de ellos en el centro comercial La Plaza, en McAllen, para conversar sobre cómo pasar 11 libras (4.9 kilos) de cocaína por un pago de 1,000 dólares.

No sabía que el coyote se había vuelto un informante de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una dependencia policial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

El Departamento de Justicia alega que Cortez Peña participó en el tráfico de dos cargamentos de cocaína, cada uno con más de 11 libras de la droga.

En una ocasión él recomendó posponer el cruce ilícito porque consideró que los funcionarios aduanales en ese turno “eran buenos” y no quería arriesgarse.

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Cada vez, el oficial fronterizo viajó delante de sus cómplices, vigiló a cierta distancia el avance de los cargamentos y se reunió con los coyotes en el lado estadounidense para recibir su pago.

Así lo atraparon

En el segundo y último viaje con droga, se quedó de ver con el informante del gobierno en una gasolinera y allí le entregó 1,000 dólares en efectivo.

Más tarde comenzó su turno en la estación en Falfurrias de la Patrulla Fronteriza. Al llegar, lo estaban esperando investigadores federales, quienes le confiscaron el soborno y un rifle suyo tipo AR-15.

En un tribunal federal en McAllen, Cortez Pena aseguró que no tenía el arma por el encuentro con el coyote, sino porque tenía planeado salir a cazar cerdos. Sin embargo, el juez que revisó su caso, Randy Crane, explicó en la corte que no era necesario un AR-15 para ese tipo de cacería.

Usar un rifle en una actividad criminal también fue agregado en la acusación.

“La aplicación honesta de la ley es la piedra angular de la confianza pública”, dijo el fiscal de distrito, Alamdar Hamdani, en un comunicado.

“Este acusado violó su juramento de defender la Constitución y traicionó esa confianza para participar en actividades delictivas con fines de lucro. La sentencia… es un mensaje de que investigaremos y enjuiciaremos agresivamente las denuncias de corrupción policial y continuaremos buscando sentencias significativas cuando sea necesario”, agregó el funcionario.

Otras cuatro personas han sido señaladas como parte de esta investigación. Se trata de Edwin Alejandro Castillo, de 24 años; y José Luis Durán, de 26. Fue Castillo quien cooperó con el HSI y le agregaron un cargo por sobornar a un agente del orden. Él y Durán fueron sentenciados a tres años de prisión.

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El gobierno también acusó a Kristian Nicole West, de 33 años; y Herbey José Solís III, de 29. Ellos se declararon culpables de tráfico de migrantes.

Registros públicos indican que Ortiz Peña fue detenido en marzo de 2021 por la Policía de Álamo, Texas, por manejar ebrio o drogado (DUI) y pagó una fianza de 15,000 dólares.

Cuatro meses después fue arrestado por el caso federal y quedó en libertad pagando una fianza. Lo volvieron a detener en diciembre de 2022 porque portaba un arma de fuego en un rancho.

En su audiencia condenatoria, Ortiz Peña le pidió clemencia al juez y dijo que, por su inmadurez, fue “esclavo de la debilidad del mundo”, de acuerdo con el medio MyRGV.com

“Estaba alimentando las malas tendencias dentro de mí… No estaba listo para ese trabajo”, expresó.

El juez Crane le impuso el castigo mínimo obligatorio por los delitos cometidos: 121 meses tras las rejas.

Agentes del servicio de los US Marshals tomaron su custodia en la corte. Hasta este martes, los registros de Ortiz Peña aún no aparecían en la base de datos del Buró federal de Prisiones (BOP).

Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
En el interior de la vivienda estaban 43 inmigrantes originarios de México, Guatemala, Honduras y Ecuador. “Todos se encontraron en buen estado de salud y fueron arrestados en espera de la investigación”, indicó la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) en un comunicado.
Las deplorables condiciones de esta vivienda contrastan con el multimillonario negocio de los coyotes, que solo en 2017 pudo haber generado hasta $2,300 millones, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés).
Se cree que esta actividad ilícita no se ha visto afectada con las caravanas de migrantes que se presentan en la frontera para pedir asilo a Estados Unidos. Estos seis migrantes, por ejemplo, fueron descubiertos en otra casa de seguridad en Laredo, Texas, el 5 de agosto de 2019. Llegaron desde México, Guatemala y Honduras.
“Los traficantes de personas continúan utilizando hogares y negocios locales como punto de partida para los inmigrantes ilegales, causando molestias a los residentes de Laredo”, advierte la Patrulla Fronteriza. En esta guarida fueron hallados 38 indocumentado en mayo de 2018.
Las tarifas que deben pagar los migrantes ahora superan los $10,000. Sin embargo, ellos reciben un trato miserable por parte de los coyotes mientras son llevados a sus destinos, de acuerdo con las autoridades.
En estas condiciones vivieron temporalmente ocho guatemaltecos detenidos por la Patrulla Fronteriza y el Sheriff del condado de Webb en Central Laredo en julio de 2018.
A principios de febrero de 2017, las autoridades encontraron a 11 inmigrantes en una vivienda en la ciudad de Eagle Pass, cerca de la zona limítrofe con México. Se trataba de ocho mexicanos, una hondureña, y un hombre y una mujer salvadoreños.
“Las organizaciones criminales utilizan habitualmente sus casas secretas para colocar inmigrantes en condiciones a menudo infrahumanas. Por lo general, las personas deben esperar a que los transporten hacia el interior de Estados Unidos y pagar tarifas a los contrabandistas”, señala la Patrulla Fronteriza.
La Patrulla Fronteriza advierte que “no es raro que estos inmigrantes indocumentados sean retenidos durante semanas o más en estructuras pequeñas y estrechas sin ventilación adecuada, agua potable, ni condiciones saludables”.
Las autoridades también alertan que las personas que vigilan estas guaridas también se dedican al secuestro, robo, abuso físico y agresiones sexuales de los inmigrantes que reciben.
Los migrantes son transportados a estos lugares inmediatamente después de que cruzan ilegalmente la frontera de distintas maneras: caminando varios días por el desierto, ocultos en vehículos que pasan por garitas aduanales o nadando por el peligroso Río Grande.
Los crímenes que ocurren en estos sitios y durante el recorrido por la frontera generalmente no se reportan a las autoridades por miedo a la deportación o porque los migrantes desconfían en la policía en sus lugares de origen, según oficiales fronterizos entrevistados por Univision Noticias.
Estos 37 indocumentados estaban en una vivienda secreta detectada en el sur de Texas en mayo de 2016. La mayoría de ellos eran hombres jóvenes.
Este escondite fue encontrado en junio de 2018 en Laredo. Lo hallaron después que la Patrulla Fronteriza y el Sheriff de Webb recibieron información de que varios indocumentados estaban allí.
El operativo concluyó con la detención de 62 personas que cruzaron la frontera ilegalmente. Procedían de México, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Al anunciar los arrestos, José Martínez, entonces subjefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de Laredo, dijo que esta acción reflejaba el compromiso de las autoridades “para interrumpir la actividad ilícita, negar a las organizaciones criminales la capacidad de operar y proteger la vida humana”.
Una de las medidas para combatir el contrabando de migrantes es demoler sus escondites, como este ubicado en la ciudad de San Juan, en Texas.
La pequeña vivienda fue derrumbada usando maquinaria pesada y bajo el resguardo de oficiales de la Patrulla Fronteriza.
Un estudio publicado por Rand Corporation en abril contradice una añeja versión de funcionarios de EEUU: que los carteles están involucrados directamente en el tráfico de personas. Pero alerta que los migrantes les tienen que pagar al pasar por sus territorios, generando una ganancia de entre $30 y $180 millones al año.
El reporte de Rand Corporation recomendó a las autoridades estandarizar y ampliar el rango de preguntas que los oficiales fronterizos hacen a los migrantes para buscar información más consistente sobre los contrabandistas, rutas y pagos. Además de expandir sus esfuerzos para interrumpir los pagos que los coyotes reciben de los familiares de los migrantes en EEUU.
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Una investigación encabezada por la Patrulla Fronteriza (USBP), la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Sheriff del condado de Webb detectó una casa de seguridad de un grupo de traficantes de personas en Laredo, Texas, la tarde del 23 de noviembre de 2019.
Imagen Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP)
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