Esclavizaron a cientos de mujeres migrantes prometiéndoles un futuro “brillante” en EEUU: los tratantes están presos

La última integrante de esta organización criminal acusada por la Fiscalía federal se declaró culpable este martes y ahora enfrenta una condena de hasta cadena perpetua. La mujer reconoció que ayudaba a solicitar visas para que las víctimas entraran a EEUU.

Foto Isaias Alvarado
Por:
Isaías Alvarado.
De acuerdo con los reportes iniciales, dos hombres lograron escapar de un hotel en Houston y contactar a las autoridades para pedir ayuda tras, presuntamente, haber sido víctimas de tráfico humano. Cuando los agentes llegaron al lugar pudieron interceptar dos autos que trataban de darse a la fuga. 9 personas fueron detenidas y se reportan al menos tres heridos de bala. Más información en Univision Noticias.
Video Autoridades detienen a nueve personas vinculadas con un presunto caso de tráfico humano en Houston

Traficantes sexuales de Tailandia les decían “flores” a las mujeres que trajeron con engaños a Estados Unidos para obligarlas a prostituirse. Las autoridades creen que hubo cientos de “esclavas sexuales modernas” que cayeron en las garras de esta organización criminal internacional que operó de 2009 a 2017, hasta que sus jefes y operadores terminaron tras las rejas.

El martes, una mujer que tenía una agencia de viajes en Europa, admitió en una corte federal de Minnesota que se había encargado de tramitar visas de turista para tailandesas que los tratantes colocaban en burdeles clandestinos en varias ciudades estadounidenses, cerrando así este caso criminal.

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Sumalee Intarathong, de 61 años y apodada ‘Alice Spencer Warren’, se declaró culpable de dos cargos de conspiración para cometer tráfico sexual y lavado de dinero, informó el Departamento de Justicia.

La mujer enfrenta una condenada de cadena perpetua y una multa de 750,000 dólares. La corte también la puede obligar a compensar económicamente a sus víctimas. La fecha de su sentencia aún no ha sido programada.

Parecía que Intarathong tenía la vida resuelta cuando se unió a este grupo delictivo. Ella estudió diseño industrial y comunicaciones. En Viena y Londres se preparó para abrir una agencia de viajes llamada East Meets West o EMW Travel. También era dueña de la empresa ESW Graphic Design Co.

“Fue a través de conexiones en el Reino Unido que la acusada comenzó a involucrarse en la organización de tráfico sexual”, afirma el expediente judicial.

Cuando estaba en Tailandia, se reunió con los jefes de la banda, una mujer identificada como ‘M’ y un hombre al que le decían ‘Tu’. Ambos le pidieron ayuda para llenar solicitudes de visas para que varias mujeres pudieran ingresar a EEUU.

Aceptó, a pesar de que sabía que las reclutadas participarían en el comercio sexual, les impondrían deudas de entre 40,000 y 60,000 dólares y las amenazarían con hacerles daños a sus familiares en Tailandia si trataban de escapar.

El 7 de julio de 2011 ella llegó con cuatro víctimas al aeropuerto de San Francisco, California, pero agentes aduanales le negaron la entrada al país porque creían era tratante de personas.

Un infierno del que no podían escapar

Agentes de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) comenzaron a investigar a esta organización criminal en 2013. Así descubrieron que desde 2009 estaba transportando a tailandesas pobres a Los Ángeles, Minnesota, Phoenix, Atlanta, Chicago, Houston y Dallas.

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“Prometieron a las mujeres en Tailandia la oportunidad de alcanzar el sueño americano, pero las explotaron, las coaccionaron y las obligaron a vivir una pesadilla”, dijo el fiscal federal Andrew Luger al anunciar múltiples cargos contra 17 integrantes de la banda, incluyendo Intarathong.

En una declaración jurada, Tonya M. Price, agente del HSI, describe el infierno que pasaron estas mujeres, desde que las entrenaban para las entrevistas con oficiales migratorios en aeropuertos de California hasta obligarlas a prostituirse durante horas cada día en casas, apartamentos, habitaciones de hotel y salas de masajes.

Las autoridades detectaron una casa de citas en Phoenix, Arizona, que funcionó de 2010 a 2014.

Cada vez que las víctimas salían, alguien las vigilaba para que no se escaparan. Las mujeres vivían prácticamente aisladas en EEUU y, dado que hablaban poco inglés, no acudían a las autoridades.

Si un día ganaban 170 dólares, les quitaban $100 para abonar su deuda. Con el resto pagaban por transporte, comida, preservativos, lubricantes y enviaban dinero a sus familiares, señaló Price.

“Durante el período de su adeudo, ‘las flores’ virtualmente no tenían control de sus vidas”, indicó Price.

Con el tiempo, la situación empeoraba. La denuncia alega que las mujeres consideradas “impopulares” con los clientes eran enviadas a los peores burdeles. Allí dormían hacinadas en una habitación, sobre colchones delgados tirados en el piso y debían prostituirse a cualquier hora del día.

El gobierno alega que estos tratantes movieron decenas de millones de dólares obtenidos ilegalmente en Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica y Tailandia. Manejaban, sobre todo, efectivo y lo depositaban en cuentas bancarias que controlaban los líderes.

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La evidencia en este caso incluye registros de viajes, correos electrónicos, solicitudes de visa, anuncios de servicios sexuales en internet, información bancaria y testimonios de víctimas.

Entre los imputados hay doce personas originarias de Tailandia y cinco de EEUU. Los arrestaron en 2016 en redadas que realizaron en Minnesota, California, Illinois, Georgia y Hawái.

Intarathong fue detenida en Bélgica en agosto de ese año y fue extraditada a EEUU en febrero de 2021.

HSI ha identificado a cientos de víctimas, pero cree que hay muchas más en varios países.

Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Los albañiles eran reclutados a través de anuncios clasificados difundidos en Tijuana como este, que ofrecía empleo en Estados Unidos solo con dos requisitos: “tener visa y ganas de trabajar”.
Los interesados en el empleo viajaban en vehículo hasta la ciudad de Hayward, en el área de la Bahía de San Francisco.
A simple vista, parecía un negocio normal dedicado a la construcción en el norte de California. Pero detrás de una de las bodegas, en galeras precarias, se quedaban a dormir los empleados mexicanos.
Los investigadores que catearon las propiedades del empresario Job Torres Hernández encontraron sanitarios sucios y almacenes usados como dormitorios que no contaban con servicio de agua potable.
Las autoridades creen que Torres Hernández se aprovechó de sus empleados al menos entre mayo de 2015 y agosto de 2017, cuando fue arrestado en un operativo policiaco.
En cualquier rincón donde podían tender una colcha descansaban los albañiles tijuanenses.
Una bandera estadounidense cuelga en la pared del “cuarto” de un trabajador, quien dormía sobre dos tablas y una colchoneta.
Varios empleados testificaron en el juicio contra Torres Hernández, alegando que incluso los hizo trabajar sin descanso hasta 24 horas seguidas.
De acuerdo con documentos judiciales, los trabajadores tenían “acceso limitado” a sanitarios y duchas. En estas condiciones encontraron los detectives uno de los baños.
Un televisor plasma contrasta con la pésima situación en la que vivía uno de los albañiles de Tijuana llevados con falsas promesas hasta el área de la Bahía de San Francisco.
Un testigo identificado como JRLA contó que el acusado le dijo al contratarlo que “no debería preocuparse por un lugar para vivir” en California y que al ofrecerle un espacio en una bodega le prometió “que él pagaría renta o gas o agua”.
La maleta de uno de los empleados quedó en medio de ropa sucia y una bolsa negra para la basura.
La víctima JRLA contó que cuando le cobró a Torres Hernández el sueldo que había ganado este lo amenazó diciendo que “tenía muchos conocidos y que, de hecho, sabía dónde vivía mi familia”.
A un hombre identificado como JMNT le advirtió tras una acalorada discusión pidiéndole su sueldo que “iba a ir con su gente (a Tijuana) y que se encargaría de mí y de mis familiares”.
Una computadora portátil sobre una caja de cartón y un recipiente de plástico quedó en un espacio de la bodega. Un cuadro de un avión antiguo parecía aligerar la dura realidad del huésped.
Otro afectado, ALA, aseguró que el empresario le dijo que si se enteraba que estaban buscando empleo en otro lugar “les echaré a Migración”.
Según el relato de varios afectados, estos siguieron trabajando para el acusado porque les prometió que les ayudaría a conseguir una green card y “por el dinero que me debía”.
Los fiscales presentaron ante el jurado esta fotografía en la que se observa la cadena y el candado con los que el empresario encerraba a los albañiles.
Job Torres Hernández es propietario de Silvery Towers y varias compañías de la construcción en el norte de California.
Fue la unidad investigativa del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) la que tomó este caso y montó un operativo que concluyó con el arresto de Torres Hernández en agosto de 2017.
Robert Bodine, un exempleado, relató en la corte que el acusado le advirtió a uno de los tijuanenses: “Tú no eres legal”. Luego le mencionó que “estaba considerando llamar a Inmigración” y que hasta se burló cuando lo amenazó con denunciarlo ante las autoridades.
Almacenes en Hayward, San José y San Francisco eran usados como dormitorios por el tijuanense.
También en la parte alta de esta bodega pasaban la noche unos empleados, según los fiscales.
Varias veces los constructores cocinaron en los sitios donde dormían. Restos de frijoles y un guisado quedaron en dos sartenes, como muestra de que el operativo policiaco los tomó por sorpresa.
Los investigadores de ICE tuvieron bajo la mira a las empresas de Torres Hernández durante varios meses. Esta es una de las fotos tomadas durante sus operativos de vigilancia.
Esta es otra imagen captada por los detectives federales, quienes reportaron que mientras vigilaron a los trabajadores no notaron que estuvieran ahí en contra de su voluntad.
Los agentes migratorios estuvieron espiando al empresario en varias obras de construcción, incluyendo la de un hotel de la cadena Marriot.
Esta es otra de las imágenes captadas por los investigadores de ICE que se presentaron ante el jurado.
“El gobierno argumenta que el acusado aseguró el trabajo de estos empleados al prometerles falsamente salarios dignos y vivienda adecuada”, indica una carta del fiscal Alex G. Tse.
A mediados de marzo, un jurado federal lo declaró culpable de dos cargos por albergar indocumentados con el fin de obtener una ganancia financiera y por someterlos a trabajos forzados.
Torres Hernández se enfrenta a una condena de hasta 10 años de prisión y una multa de 250,000 dólares por contratar a personas sin permiso para trabajar en EEUU, y otra de hasta 20 años tras las rejas y una sanción económica de 250,000 dólares por someterlos a trabajos forzados.
Además, el tribunal federal puede ordenarle que pague los salarios que ganaron sus víctimas.
El abogado defensor Brian H. Getz dijo en una carta enviada a la corte que su cliente no ha cometido delito alguno, que “no hay evidencia” de que se aprovechara de los albañiles mexicanos, que no los retuvo por la fuerza y que no les pagó porque tampoco él recibía dinero de quienes lo contrataron.
El acusado sigue bajo custodia desde que agentes federales lo arrestaron en el otoño de 2017. Una audiencia condenatoria se ha programado para el próximo 25 de junio.
Dos supuestas víctimas del empresario Job Torres Hernández revisan sus teléfonos celulares. Todos los afectados fueron dejados en libertad, dijo la Fiscalía federal.
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Un empresario hispano trajo a constructores mexicanos para trabajar en obras en el norte de California. Pero allí los sometió a condiciones de esclavitud, según la Fiscalía federal.
Imagen Departamento de Justicia (DOJ)
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