Los coyotes en la era digital: monitorean los cruces ilegales por Google Maps y reclutan estudiantes en Craigslist

LOS ÁNGELES, California.- Aquellos días cuando los traficantes de personas solo usaban su conocimiento del terreno para guiar a los indocumentados por la frontera son cosa del pasado. Las bandas de ‘coyotes’ ahora están echando mano de la tecnología disponible en sus teléfonos celulares para burlar la estrecha vigilancia en la zona limítrofe entre México y EEUU, según las autoridades federales.

Una investigación liderada por la unidad de inteligencia de la Patrulla Fronteriza en el sector San Diego, en California, ha revelado los métodos modernos que usó una organización criminal para monitorear a los migrantes con localizadores satelitales (GPS). Los seguían desde su salida de Tijuana o Tecate, en México, y hasta que llegaban a moteles en el área de Los Ángeles que usaban como guaridas.

El grupo también reclutó a estudiantes de preparatorias de San Diego ofreciendo empleos como “choferes” en la página de Internet Craigslist. Les pagaban para recoger a los indocumentados en algún lugar cercano a la frontera y llevarlos hacia el norte, donde los esperaban sus familiares.

El jefe de este grupo delictivo era Cristian Hirales Morales, alias ‘Cebolla’, de 31 años y naturalizado estadounidense. Desde la ciudad mexicana de Tecate, este hombre usaba la aplicación WhatsApp para coordinar los cruces ilegales y enviar a sus choferes la ubicación exacta de los inmigrantes. Lo hacía por medio de coordenadas o “pin drops” en la página Google Maps, detalla una acusación federal.

Hirales Morales les seguía el rastro en tiempo real hasta que los llevaban a hoteles y moteles de Los Ángeles. Allí retenían a los migrantes hasta que sus familiares les pagaban 8,000 dólares. Los criminales suelen comunicarse por WhatsApp porque encripta los mensajes y no pueden ser interceptados sin tener acceso directo a uno de los dos teléfonos que los envían.

Alias ‘Cebolla’ fue arrestado hace unos días cuando intentaba cruzar por la garita fronteriza de Tecate, en California. También cayeron sus cómplices, Marcos Julián Romero, un estadounidense de 21 años que se encargaba de reclutar choferes; y Sergio Anthony Santivañez, de 23 años, residente de San Diego y quien supervisaba los traslados de los indocumentados a Los Ángeles y les cobraba a los familiares.

Los investigadores de la Patrulla Fronteriza espiaron a este trío en las operaciones de contrabando de al menos nueve personas que ingresaron al país ilegalmente entre julio y septiembre pasados.

Coordinando los cruces ilegales desde Tecate

A mediados de julio, la banda negoció en México el traslado de cuatro indocumentados cobrándoles una tarifa individual de 8,000 dólares. Para recogerlos en este lado de la frontera contrataron a un chofer identificado con las iniciales YMA. Es posible que se trate de uno de los adolescentes reclutados que menciona la Fiscalía.

Ese conductor llegó a una tienda en el este del condado de San Diego y ahí, a través de mensajes de WhatsApp, le compartió su localización en tiempo real al jefe de la banda para que supiera hacia dónde se dirigía.

Desde México, Hirales Morales le mandó las coordinadas en Google Maps para que encontrara a los cuatro migrantes. Con esa información, el chofer pudo recogerlos y los llevó en su Prius negro a un motel en la ciudad de Costa Mesa, en el condado de Orange.

Otra operación de tráfico de personas ocurrió el 12 de septiembre. En esta participó un conductor que respondió a un aviso en Craigslist que ofrecía un pago por transportar gente en San Diego. Ese chofer solo identificado con las iniciales MEB también pudo localizar a tres migrantes con un “pin drop” en Google Maps. Su trabajo concluyó cuando los dejó en algún lugar de Los Ángeles.

La denuncia penal menciona que otro chofer, TZB, llevó a un migrante a un motel en Corona el 14 de agosto, donde le pagaron 8,000 dólares. Dos semanas después, el 29 de agosto, otro conductor transportó a cuatro indocumentados al motel Sandpiper de Costa Mesa. Recibió 32,000 dólares y lo envió al líder de la organización.

Para ese momento ya había agentes encubiertos de la Patrulla Fronteriza vigilando el motel Sandpiper, que describen como un sitio donde los ‘coyotes’ suelen entregar a los indocumentados y cobrar.

Los agentes federales siguieron dos coches que recogieron a los migrantes y arrestaron a ocho personas, incluyendo a los familiares que fueron por ellos. Estos confesaron que sus parientes recién habían cruzado la frontera y que habían pagado 8,000 dólares.

También rastrearon a uno de los acusados, Santivañez, quien acudió al motel para recibir el dinero, hasta su casa en Chula Vista, en el condado de San Diego.

“Todo el peso de la justicia sobre estos reclutadores”

Al interrogar a Marcos Julián Romero, quien se dedicaba a reclutar choferes, este reveló que la banda solía llevar a los indocumentados a pie por la frontera hasta un lugar cerca de una carretera donde los recogían. Detalló que le pagaban 1,000 dólares por cada conductor contratado y que le enviaba al jefe de la banda las fotos de las licencias de manejo y autos de los conductores.

Romero también reveló que la madre del ‘coyote’ líder, Verónica Hirales, recogía las ganancias ilícitas en la casa de Santivañez, en Chula Vista.

Hirales Morales, Romero y Santivañez fueron procesados al martes en una corte federal en San Diego.

Enfrentan tres cargos de conspiración para traer indocumentados a EEUU con el fin de obtener una ganancia financiera y de transportarlos dentro del país. Cada delito conlleva una condena mínima de tres años de prisión y una máxima de 10. Es decir, podrían pasar hasta 30 años tras las rejas. También recibirían una multa de 500,000 dólares.

“No permitiremos que las organizaciones criminales recluten a nuestros jóvenes para contrabandear personas o drogas hacia nuestro país”, expresó el fiscal federal Robert Brewer en un comunicado. “Vamos a poner todo el peso de la justicia sobre estos reclutadores”, subrayó el funcionario.

Las autoridades señalan que este caso es resultado de su esfuerzo para “identificar, desmantelar y enjuiciar a miembros de alto nivel de organizaciones de contrabando de personas”.

Durante el año fiscal 2019 que concluyó el 30 de septiembre, la Patrulla Fronteriza detuvo a casi 1 millón de indocumentados, la cifra más alta en los últimos 12 años. Aunque la mayoría eran migrantes mexicanos y centroamericanos que huyeron de la violencia y la pobreza en sus países.