Electricidad y cortes en los pies: las torturas del gobierno de Maduro a quienes investiga por conspirar

Cortes en las plantas de los pies, aplicación de electricidad directamente en cuerpos desnudos, tortura a familiares y esposas en presencia de las víctimas de abusos físicos y psicológicos, son algunos de los detalles que contiene el informe más reciente de Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal sobre Venezuela.

“El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”.

Las organizaciones analizaron información sobre 32 personas afectadas en estos casos, entre 2017 y 2018. Las víctimas incluyen militares de diferentes rangos acusados de conspirar contra el gobierno y civiles acusados de colaborar con Óscar Pérez, un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente en una emboscada luego de oponerse al gobierno venezolano.

Familiares, incluyendo hijos, la madre, el padre, o la pareja de presuntos implicados fueron detenidos extorsivamente para dar con el paradero de los supuestos conspiradores.

Estos ocho casos están basados en las entrevistas que sostuvieron víctimas o familiares con sus abogados y con activistas de las organizaciones que hacen el informe. En algunos casos fueron tomados directamente de expedientes. En ninguno recibieron respuesta de las autoridades o responsables.

El trabajo de Human Rights Watch y del Foro Penal muestra que los casos analizados -y presentados la misma semana en la que Maduro asumió nuevamente la presidencia bajo serios cuestionamientos de "usurpación ilegítima del poder" (Mike Pompeo, secretario de Estado de EEUU)- siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que las organizaciones han documentado desde 2014.

"Ya enviamos este documento a la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Documentar este tipo de abusos para que se conozca en la opinión pública internacional, que aunque no haya una represión en las calles sigue habiendo una respuesta brutal contra opositores en Venezuelsa, incluyendo a miembros de las fuerzas armadas y avanzar en justicia para las víctimas, algo que hoy es imposible en Venezuela, pero esperamos que contribuya para que sea posible fuera de Venezuela", explicó Tamara Taraciuk , vocera para las Américas de HRW.

En septiembre, en una decisión sin precedentes, seis países de América —todos miembros de la CPI— pidieron que la corte investigara presuntos delitos cometidos en Venezuela desde febrero de 2014. Otros gobiernos de la región y de Europa han apoyado esta remisión. La fiscal de la CPI deberá determinar si se cumplen los requisitos para que avance una investigación exhaustiva.

“En Venezuela, la impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es deliberada”, afirmó Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal. “En un contexto donde los responsables de violaciones de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para que rindan cuentas en el extranjero”.