La ruta de un saqueo oficial: así saca el gobierno de Maduro el oro de Venezuela para conseguir divisas

Pese a que prometió luchar contra el comercio ilegal del oro, mediante sofisticados esquemas, el gobierno de Nicolás Maduro participa en el contrabando de ese metal vía Aruba y Curazao para sacarlo al mercado internacional, como muestra esta investigación de Runrun.es en alianza con Connectas.

Por:
Univision
Imagen CONNECTAS

Mientras crece la presión económica sobre Venezuela para obligar al gobierno a convocar elecciones democráticas, este se aferra a la exportación de oro en un intento por conseguir divisas para sus muy mermadas arcas. Se trata de la continuación de una estrategia que diversos analistas ven como una jugada para disminuir la presión creada por Estados Unidos en enero al anunciar severas medidas contra la empresa petrolera estatal PDVSA, que le vendía cerca de la mitad de su producción.

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Como consecuencia de ese viraje económico, se ha despertado un inusitado interés por lo relacionado con las negociaciones de oro de este país. Las noticias van desde aviones rusos que sacan en lingotes por el aeropuerto de Maiquetía en Caracas hasta la negativa de Inglaterra de autorizarle a Maduro un retiro de 1,200 millones de dólares en ese oro, almacenado en Londres.

También comprenden las advertencias de Washington sobre posibles consecuencias adversas para países como Turquía y Emiratos Árabes si continúan comprando metal venezolano y la declaración de John Bolton, asesor de seguridad de Donald Trump, acerca de que “el régimen de Maduro ha utilizado este sector para financiar actividades ilícitas y apoyar grupos criminales”.

A este panorama convulsionado se suma una investigación del medio digital venezolano Runrun.es en alianza con la plataforma periodística regional CONNECTAS.

En ella se evidencia que a la par que el gobierno exaltaba la nacionalización del oro en 2011, creó una red de explotación, comercialización y negociación de la que se beneficia un reducido grupo en el poder y no el Estado. Ese grupo legitima las operaciones para justificar alguna entrada de oro en los registros del Banco Central de Venezuela (BCV).

Gobierno de Maduro quiere recuperar su reserva de oro en medio de señalamientos por corrupción y desfalco a la nación.
Gobierno de Maduro quiere recuperar su reserva de oro en medio de señalamientos por corrupción y desfalco a la nación.
Imagen Getty images


Nueve meses antes de que Bolton acusara a Maduro, en febrero de 2018 fueron decomisadas 46 barras de oro con un peso de 110 libras (50 kilos) en el aeropuerto Reina Beatrix de Aruba, mientras eran embarcadas por un escolta aduanero venezolano en un vuelo rumbo a Ámsterdam, en el Reino de los Países Bajos.


Esas barras pertenencían a Oro Azul S.A., una de las empresas mixtas creadas por el gobierno de Maduro para la explotación del Arco Minero del Orinoco, zona rica en recursos minerales y donde se estima que podría haber 1500 toneladas de reservas de oro.

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Aunque la exportación de metal está permitida, es paradójico que la mercancía llegó vía aérea en medio del bloqueo impuesto por el gobierno venezolano contra las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao), para acabar con el contrabando de oro, cobre y alimentos. ( Ve más de cómo fue la incautación).

Aquel cargamento, valorado en 2.1 millones de dólares, provenía de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, y su destino final era Dubái, en Emiratos Árabes. El mismo país al que el gobierno de Venezuela pretendía vender 15 toneladas de oro a cambio de euros. Sin embargo, la empresa Noor Capital aunque reconoció que le compró a Venezuela tres toneladas de oro en enero de 2019, afirmó que no volverá a comprarle hasta que se estabilice la situación del país.

La investigación también arrojó datos sobre los estrechos vínculos de Jorge Arreaza, actual canciller y exyerno de Hugo Chávez, con la junta directiva de Oro Azul. Y revela que otras empresas trabajan en la explotación del metal precioso con el visto bueno del gobierno y cuyos propietarios tienen compañías extranjeras dedicadas a su comercialización, aunque por ley lo extraído debe ir directo al BCV.

Runrun.es en alianza con CONNECTAS recorrió la ruta de fuga del oro venezolano vía las islas ABC que sirven de escala antes de llegar a los compradores internacionales. Estuvo en los poblados donde se procesa el oro extraído del Arco Minero para ser convertido en barras y visitó los centros urbanos del norte del estado Bolívar. Viajó hasta Aruba y Curazao donde la mercancía proveniente de Venezuela es registrada en calidad de tránsito y se despacha en vuelos comerciales hasta las refinerías de Suiza y Dubái.


Venezuela no informa oficialmente las cifras de producción y exportación de minerales. Sin embargo, a dos años del lanzamiento del Arco Minero, se estima que 30% de lo que se reporta al Banco Central de Venezuela como producción artesanal nacional, se desvía hacia las mafias contrabandistas, según Transparencia Venezuela. Más escandalosa es la cifra de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, según la cual el 90% del oro venezolano se produce de manera ilegal.

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Tampoco existen estadísticas oficiales de cuánto oro sale hacia Curazao y Aruba. De lo que sí hay registro es del oro que ambas islas exportan, pese a que allí no hay minas auríferas, explotación ni refinerías.

El oro de Venezuela proviene de un territorio sitiado por la violencia. Las minas del sur del estado Bolívar están comandadas por pranes —término de las cárceles venezolanas para designar a sus líderes criminales— lo que ha provocado 40 masacres desde 2016.

En 2018, el Gobierno emprendió la operación Manos de Metal para atacar a las mafias del contrabando de extracción de metales y aunque hay varios capturados, políticos como El diputado a la Asamblea Nacional para el estado Bolívar, Américo de Grazia, señala que son peces chicos y que es una estrategia para ceder al poder a otros grupos ilegales.

Lo que pasa en las minas parece no importar a los países beneficiarios del oro venezolano como Holanda, Suiza, Bélgica y Turquía, miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Esa institución los compromete a vigilar las relaciones comerciales con las naciones consideradas “Estado de conflicto y alto riesgo”, es decir, caracterizadas por la inestabilidad política, represión, fragilidad institucional, inseguridad, abusos graves y generalizados a los derechos humanos, tal como Venezuela, un país rico en oro, metal que está en la mira de las sanciones internacionales por sus vínculos con la corrupción, la criminalidad y la destrucción del ambiente.

Esta investigación fue realizada por Lisseth Boon y Lorena Meléndez para el medio digital venezolano runrun.es y realizado en alianza con CONNECTAS .

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Adán Chávez. Es el secretario de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. Fue elegido asambleista por el municipio Barinas, Estado Barinas. Fue exministro de Cultura y ex gobernador ese estado. Es hermano del fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Además de organizar las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente, se negó a convocar los comicios regionales que debieron realizarse hace un año y bloqueó la posibilidad de realizar un referendo revocatorio contra el presidente Maduro. En la foto Lucena recibe una réplica de la espada del héroe venezolano Simón Bolívar, como premio por haber sido incluida en una lista de sancionados por EEUU.
Rodolfo Marco Torres. Gobernador del estado Aragua por el Gran Polo Patriótico, electo en los comicios del 15 de octubre de 2017. Ministro de Alimentación. Durante el chavismo fue ministro para la Economía, Finanzas y Banca Pública. Es miembro de los directorios del Banco Central de Venezuela -el primer militar en ese cargo- y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Elías Jaua, exvicepresidente de Venezuela y jefe de la comisión presidencial constituyente. Este tambíen recibió una réplica de la espada de Simón Bolívar el pasado 27 de julio, luego de ser incluido en la lista de Departamento del Tesoro.
Tarek William Saab, ex Defensor del Pueblo. Nombrado fiscal general por la nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Hermann Escarrá, abogado constitucionalista. Miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea nacional Constituyente. Fue elegido asambleísta por el municipio Zamora, en el estado Miranda.
Iris Varela, exministra de Asuntos Penitenciarios, también condecorada con la réplica de la espada de Bolívar.
Carlos Alfredo Pérez Ampueda, comandante de la Policía Nacional Bolivariana.
Jesús Suárez Chourio, comandante general del Ejército.
Néstor Luis Reverol, ministro de Interior y Justicia, .
Francisco Ameliach, miembro de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Costituyente. Fue elegido asambleista por la ciudad de Valencia, en el Estado Carabobo. Anteriormente fue gobernador de ese Estado.
Carlos Erik Malpica Flores, tesorero nacional y sobrino de la primera dama.
Francisco Rangel Gómez, Gobernador del estado Bolívar desde 2004.
Bladimir Humberto Lugo, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana. Comandante de la unidad especial para el Palacio Federal Legislativo.
Erika Farías. Lidera la estructura electoral y mecánica del Comando Constituyente Zamora 200, promotor de la Asamblea Nacional Constituyente. Fue elegida asambleista por el municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. Fue Ministra de Agricultura Urbana.
<b>Carmen Melendez</b>, coordinadora del Comando Constituyente Zamora 200. Fue elegida asambleísta por el municipio de Iribarren en el Estado Lara. Ocupó los ministerios de interiores y defensa, entre otros.
Isaias Rodriguez.
<b> </b>Embajador de Venezuela en Italia, Fue vicepresidente de la Asamblea nacional Constituyente y fiscal general de la República. Otros sancionados fueron Carlos Enrique Quintero Cuevas, rector alternativo del Consejo Nacional Electoral; Jorge Eliecer Márquez Monsalve, ministro de la secretaría de la presidencia; Manuel Ángel Fernández Meléndez, presidente de la telefónica estatal CANTV y Carlos Alberto Osorio Zambrano, presidente del órgano superior de Transporte.
Gerardo Izquierdo Torres, Ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz.
Fabio Enrique Zavarse Pabón, Jefe militar del Estado Mayor de la Batalla Económica y comandante del Comando de Zona Número 43 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en el Distrito Capital.
<b>Alejandro Fleming</b>, ministro de Comercio.
Sergio Rivero Marcano, comandante de la Guardia Nacional.
Darío Vivas, a cargo del equipo de movilización permanente del Comando Constituyente Zamora 200. Fue elegido asambleísta por el municipio Vargas, Estado Vargas. En ese mismo estado había sido elegido diputado del Parlamento suspendido por la Asamblea Nacional Constituyente.
Simón Zerpa, vicepresidente de Finanzas de Petróleos de Venezuela.
<b>Franklin García Duque</b>, exdirector de la Policía Nacional Bolivariana.
Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral.
Rocco Albisinni, presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior.
Sandra Oblitas, rectora y vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
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Socorro Hernández, rectora del Consejo Nacional Electoral y miembro de la directiva de ese organismo.
Freddy Bernal, ministro de agricultura urbana. Es el director nacional de los Comités Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye los alimentos a la población de Venezuela. En la imágen juanto al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
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Ernesto Villegas, ministro de cultura, anteriormente ministro de información y expresidente de la televisora oficialista Venezolana de Televisión.
Elvis Amoroso (a la izquierda de Diosdado Cabello), ex segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Nombrado por este organismo como el contralor general de la República.
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Luis Parra, y otros seis diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela. El 13 de enero de 2020 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EEUU, (OFAC por sus siglas en inglés), incluyó en su lista de sanciones a los diputados Luis Parra, José Gregorio Noriega, Franklyn Duarte, José Brito, Conrado Pérez , Adolfo Superlano y Negal Manuel Morales Llovera. Según el gobierno de EEUU estos parlamentarios “ encabezaron un intento fallido de tomar ilegítimamente el control de la Asamblea Nacional y bloquear al presidente interino Juan Guaidó”. Parra se proclamó presidente de la Asamblea sin el quórum necesario para la votación mientras funcionarios controlados por Maduro impedían a la fuerza el acceso de los diputados opositores.
Imagen Matias Delacroix/AP
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