La necesidad y las amenazas del gobierno minimizan el paro de la oposición en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- La oposición al presidente Nicolás Maduro aspiraba convertir este viernes en un domingo con el llamado a un paro cívico de 12 horas para exigir una salida electoral a la aguda crisis económica y social del país. Pero la convocatoria, contrarrestrada con la amenaza gubernamental de “tomar” las empresas que se sumaran a la huelga, se cumplió a medias, y el ambiente en las calles de la capital terminó siendo el de un sábado.

A las puertas de cada mercado y panadería había largas filas de clientes esperando durante una horas su turno para comprar comida a precios regulados y pan. Las calles y autopistas, que un viernes cualquiera de “quincena” son un atasco infernal, estaban despejadas.

“Hoy hasta me pude sentar en el metro”, comenta Irving, que cada día cruza la ciudad entera desde el oeste para trabajar como parquero en un hotel del este. ”Estoy de acuerdo con la huelga pero vine a trabajar porque nosotros no podemos cerrar así. Y además, hoy es día de cobro”.

El paro de este viernes forma parte de una agenda de protestas anunciada esta semana por la veintena de partidos que conforman la opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), a la par del “juicio político” promovido por su mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional. El objetivo es exigir a los poderes públicos controlados por el chavismo que reanuden los procesos administrativos suspendidos la semana pasada por los tribunales y la autoridad electoral para convocar a un referendo revocatorio contra el presidente Maduro antes de que culmine el año.

Si la consulta se llevara a cabo en 2016 y Maduro pierde, la Constitución estipula que un nuevo presidente debe ser elegido en comicios generales. Pero si se realizara luego del 10 de enero y Maduro fuese derrotado, el vicepresidente de la República asumiría el poder hasta que culmine el periodo en enero de 2019. Para el chavismo, el llamado a referendo es en sí mismo un acto de conspiración y la crisis que vive el país, el resultado de una “guerra económica” que la oposición y el “imperio yanqui” libran en su contra.

Al cierre de la jornada, la MUD celebró con parquedad los resultados de la protesta. “La capital y demás estados del país amanecieron con sus calles desiertas y con poco tránsito de vehículos. La ciudadanía no acudió a sus puestos de trabajo”, informaron a través de comunicado.

En la víspera, Maduro y sus ministros amenazaron con tomar por la fuerza las empresas que se sumaran a la huelga. “Empresa parada, empresa recuperada por la revolución”, advirtió el presidente en un acto de masas frente al Palacio de Miraflores. Luego, a primeras horas del viernes, el gobierno puso en las calles a cientos de fiscales para verificar cuáles empresas se habían sumado a la huelga y envió comunicaciones a todo el sector bancario para informarles que este sería un día de inspecciones.

En la ciudad de Barquisimeto, a unas cinco horas por carretera desde Caracas, un grupo de obreros atendió el llamado de Maduro y tomó una fábrica de envases plásticos que estaba cerrada desde hace un mes por falta de materia prima para operar.

“Vamos a poner productiva la empresa”, prometió Eliécer Vargas, miembro de la Central Socialista de los Trabajadores del Campo y de la Pesca.

Con huelga o sin ella, miles de pequeñas y medianas industrias paralizan sus actividades cada mes. Según cifras de la Coindustria, la cámara que las agrupa, 8,000 empresas han cerrado sus puertas en los últimos 20 años debido a los controles impuestos por el gobierno; y las 4,000 que se mantienen activas operan al 45% de su capacidad por escasez de materiales o conflictividad laboral con sindicatos afiliados al chavismo.

Esta es una de las razones en las que se basa el proceso de “juicio político” contra Maduro aprobado el martes por la mayoría opositora en la Asamblea Nacional. Su argumento es que el presidente ha incurrido en el “abandono del cargo”, pues falta a los deberes establecidos para él en la Constitución y se excede en sus atribuciones.

Maduro fue citado a comparecer el próximo 1 de noviembre ante la Cámara de Diputados para responda a las alegaciones en su contra, pero no comparecerá pues tanto él como su partido sostienen que son los diputados quienes se han puesto al margen de la Constitución.

"Si ellos (el Parlamento) violan la Constitución y hacen un supuesto juicio político que no está en nuestra Carta Magna, la Procuraduría General de la República (...) debe meter una demanda y llevar a la cárcel a todo el que viole la Constitución", amenazó Maduro este viernes durante un acto de masas en el Palacio de Miraflores, lleno de funcionarios que, como los huelguistas de la oposición, tampoco fueron a trabajar.