Maduro promete responder a la “amenaza imperial” de Trump

El presidente Nicolás Maduro ratificó que activará una Asamblea Constituyente este 30 de julio y convocó al Consejo de Defensa de la Nación “para responder integralmente a la amenaza imperial”, un día después de que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que tomará “fuertes y rápidas acciones económicas” contra el régimen chavista si insiste en su plan de reescribir la Carta Magna, cerrar el Parlamento de mayoría opositora y diseñar un Estado a su medida.

“A nuestra patria no le da órdenes ni la gobierna ningún gobierno extranjero”, expresó Maduro a través de su cuenta en Twitter. Sin precisar las medidas que desplegará para enfrentar la probable embestida de la Casa Blanca, el Jefe de Estado venezolano acotó que “la respuesta será muy firme, en defensa del patrimonio histórico anticolonial y antiimperialista de nuestra patria”.

El artículo 323 de la Constitución establece que el Consejo de Defensa de la Nación “es el máximo órgano de consulta para la planificación y asesoramiento del Poder Público en los asuntos relacionados con la defensa integral de la Nación, su soberanía y la integridad de su espacio geográfico”. Esta misma instancia se reunió a finales de marzo para atender la crisis que provocó en el seno del chavismo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, al declarar la "ruptura del orden constitucional" a consecuencia de los fallos del Tribunal Supremo de Justicia que inhabilitaron al Parlamento.

El canciller Samuel Moncada leyó un comunicado en el que calificó de “insólita” la declaración de Trump y respondió que el régimen chavista mantiene su decisión de imponer la Constituyente, definiéndola como un “acto de soberanía política de la República”. “El gobierno de Estados Unidos muestra, sin pudor, su parcialización absoluta con los sectores violentos y extremistas de la política venezolana, partidarios del uso del terrorismo para derrocar a un gobierno popular y democrático”, fustigó Moncada.

El resultado de la consulta popular realizada el domingo por la oposición, donde más de 7.5 millones de venezolanos manifestaron su rechazo a la instalación de la Asamblea Constituyente, es el último argumento esgrimido por la comunidad internacional para exigir a Maduro que retire su propuesta y facilite la restitución de la democracia en Venezuela.

Congresistas de Colombia y Chile denunciaron al dignatario ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya por crímenes como tortura, segregación, ataque desmesurado a un segmento de la población, homicidios selectivos, capturas y deportaciones masivas. Desde el inicio de las protestas en abril contra Maduro por la ruptura del orden constitucional, ya se han registrado más de 90 muertes. Con esta iniciativa, los legisladores demandan a la Fiscalía de la CPI “poner en observación a Venezuela y abrir una investigación formal” sobre los hechos violentos ocurridos en el país.

Maduro apeló al “antiimperialismo” y la “independencia” al momento de repudiar la posición fijada por la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, quien apuntó que la posibilidad de aplicar sanciones a Caracas está “sobre la mesa”. “A plan y machete sacamos a los ejércitos de la Federica Mogherini, a los ejércitos de las amenazas europeas”, replicó el Jefe de Estado, que también atacó al presidente del gobierno de España en estos términos: "Mariano Rajoy, saca tus narices de Venezuela".

Censura regional

La crítica no se limita a los centros del “capitalismo mundial”. La mayoría de los países de América Latina – a la que el difunto comandante Hugo Chávez gustaba referirse como “la patria grande”- hoy cuestionan a la revolución socialista. Luego de reunirse en La Habana con su homólogo cubano, Raúl Castro, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cargó contra las intenciones de su vecino. “Hay que desmontar la Constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo”, exclamó Santos.

El gobierno de México consideró que los resultados de la consulta popular organizada por la oposición son el “reflejo de la voluntad del pueblo venezolano”, y demandó a las partes tomar en cuenta este clamor “en la búsqueda de una solución negociada que les permita restaurar el orden democrático en ese país lo antes posible”.

La condena a la Constituyente también ha sido suscrita por Brasil, Argentina, España, Panamá, Alemania, Canadá, Perú y hasta Puerto Rico. El mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, interpretó el plebiscito como un “rechazo a la convocatoria de la cuestionada e ilegítima Asamblea Constituyente”; al tiempo que Buenos Aires manifestó que espera que la votación del 16 de julio, “lleve al gobierno de Venezuela a desistir de la convocatoria a una Asamblea Constituyente y a reconocer la necesidad de un diálogo político genuino y fructífero con la oposición”.

El único que en Sudamérica rompe lanzas por Maduro es su colega de Bolivia, Evo Morales, quien acusó a Trump de urdir una “conspiración económica” para la “intervención y dominación al pueblo de Venezuela. Su fin es apropiarse de su petróleo”. En su cuenta de Twitter, Morales señaló la “coincidencia vergonzosa de Trump y algunos ex presidentes latinoamericanos con sanciones económicas y conspiraciones políticas contra Venezuela”.

Aunque evitó mencionarlos directamente, el líder boliviano aludía a los antiguos mandatarios Vicente Fox (México), Andrés Pastrana (Colombia), Jorge Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Laura Chinchilla (Costa Rica), quienes encabezaron el grupo de observadores internacionales que presenciaron la consulta popular. Al cierre del proceso, Chinchilla exigió a los gobiernos del continente reconocer la legitimidad del plebiscito y dejar la indiferencia ante la crisis venezolana. El régimen venezolano declaró “persona non grata” a estos dirigentes. “No entrarán más a Venezuela: abusaron de la generosidad de nuestro pueblo”, sentenció el canciller Moncada.