Senadores republicanos proponen elevar el salario mínimo a $10, pero obligan a verificar el estatus migratorio de los trabajadores
En una suerte de contrapropuesta al alza del salario mínimo a $15 por hora propuesta por los demócratas, los senadores republicanos Mitt Romney y Tom Cotton plantearon subirlo a $10 por hora. Sin embargo, su plan contempla también obligar a los empleadores a verificar el estatus migratorio de los trabajadores y personas que soliciten empleo, lo que probablemente será rechazado por los demócratas.
Por:
Univision
El presidente aseguró que se han hecho algunas modificaciones al Programa de Protección de Nómina con el objetivo de poner fin a la disparidad y así lograr que establecimientos con menos de 20 empleados puedan acceder a los auxilios habilitados ante la crisis del coronavirus. Miles de contratistas de reparación de vivienda, centros de belleza y pequeños minoristas, entre otros, se empezarían a ver beneficiados. Más información aquí.
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Los senadores republicanos Mitt Romney y Tom Cotton pusieron este martes sobre la mesa una contrapropuesta al alza al salario mínimo que contempla el plan de ayuda del presidente Joe Biden. Pero solo si las empresas revisan el estatus migratorio de los trabajadores, algo que posiblemente será rechazado por los demócratas en el Congreso.
Su plan propone elevar gradualmente el salario mínimo a $10 por hora, frente al alza a $15 por hora incluida en el paquete de estímulo de Biden. Sin embargo, la iniciativa de Romney y Cotton condiciona esa subida a que los empleadores verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores y personas que solicitan empleo, algo que actualmente se hace solo en algunos estados usando el sistema E-Verify.
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E-Verify es el programa federal que compara electrónicamente la información de los formularios de impuestos I-9 con las bases de datos federales del Departamento de Seguridad Nacional y Administración de Seguridad Social.
El proyecto de los senadores republicanos sería bloqueado por los demócratas, en momentos en que Biden intenta avanzar una difícil reforma migratoria con un camino regulado hacia la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.
"Nuestro proyecto protege los trabajos estadounidenses al requerir a los empleadores usar E-Verify para asegurarse de que los negocios no contratan a inmigrantes indocumentados. Debemos crear oportunidades para los trabajadores estadounidenses y proteger sus trabajos, mientras eliminamos uno de los principales propulsores de la inmigración ilegal", dijo Romney.
En la misma línea, Cotton afirmó que "los trabajadores estadounidenses compiten con millones de inmigrantes indocumentados por poco trabajos con salarios que son demasiado bajos, eso es injusto. Poner fin al mercado negro del trabajo ilegal abrirá puestos de trabajo para los estadounidenses".
Los migrantes toman trabajos que los estadounidenses no quieren
Lo que ambos dicen, sin embargo, es cuestionado por estudios. Uno realizado por el Pew Research Center el año pasado en medio de la pandemia del coronavirus mostró, por ejemplo, que el 77% de las personas encuestadas consideró que los inmigrantes indocumentados aceptan trabajos que no quieren los ciudadanos estadounidenses. Ese mismo porcentaje se vio en otro estudio similar realizado en 2019, antes de la crisis que disparó la tasa de desempleo a sus peores niveles desde la Gran Depresión.
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De acuerdo con el Pew, cerca de 7.6 millones de inmigrantes indocumentados trabajaban en Estados Unidos para el 2017, lo que representa casi al 5% de todos los trabajadores en el país. Asimismo, unos 750,000 inmigrantes indocumentados tienen trabajos en industrias consideradas esenciales en la pandemia, como las que producen y distribuyen alimentos, agregó el centro investigativo.
El plan de Romney y Cotton plantea elevar el salario mínimo a los $10 por hora para el 2025, con un período de adecuación más prolongado para los negocios con menos de 20 empleados. Asimismo, a diferencia de la propuesta de Biden, el alza sería implementada una vez termine la pandemia.
Sobre la implementación del sistema computarizado E-Verify, daría 18 meses a las pequeñas empresas para que comiencen a usarlo. El proyecto también propone aumentar las sanciones civiles y criminales para los empleadores que contraten inmigrantes indocumentados.
Este sistema ha sido criticado incluso por republicanos en estados como Florida, donde poderosas asociaciones empresariales lideradas por la Cámara de Comercio estatal argumentaron el año pasado que hacer obligatorio el uso del E-Verify es innecesario, ineficaz y costoso.
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