Una lluvia de críticas ha surgido tras la orden del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, a fiscales federales de examinar "denuncias sólidas" de supuestas irregularidades electorales de las que hasta ahora no han sido presentadas pruebas
Critican a Barr por ordenar a fiscales federales investigar presuntos delitos electorales mientras Trump se rehúsa a admitir su derrota
Los críticos coinciden en que la autorización del fiscal general, William Barr, de dar luz verde a que sus fiscales indaguen en las denuncias de irregularidades electorales de las que no han sido presentadas pruebas hasta ahora debilita el distanciamiento que el Departamento de Justicia ha mantenido históricamente respecto a la Casa Blanca. Sigue aquí lo último sobre las elecciones.

Los críticos coinciden en señalar que si bien no revertirá la victoria obtenida por el demócrata Joe Biden, la instrucción de Barr debilita la independencia que el Departamento de Justicia ha mantenido históricamente respecto a la Casa Blanca. Y, de forma más específica, la práctica habitual de ese despacho de esperar a que los escrutinios electorales fuesen certificados para no influir en el resultado.
El mandatario Donald Trump ha rehusado aceptar su derrota ante Biden, alegando un supuesto fraude en su contra del que no ha presentado evidencia.
El abogado republicano Chris Truax, presidente de CertifiedVoter.com, considera que la decisión de Barr equivale a "usar el Departamento de Justicia como una herramienta política en contradicción directa a políticas vigentes para prevenir justamente eso".
"Barr ha lanzado un ataque a la elección del 3 de noviembre. No tiene precedentes, es muy técnico y muy malo", escribió Truax al diario USA Today.
Stephen I. Vladeck, profesor de Derecho en la Universidad de Texas, dijo al diario The New York Times que emitir ese memorandum "cuando no hay tales evidencias, y cuando la estrategia clara del presidente es deslegitimar los resultados de una elección correcta, es uno de los actos más problemáticos que he visto en mi vida".
Vox explicó que la decisión de Barr concede a los abogados federales la autonomía para investigar irregularidades en el voto y en el conteo de los sufragios, un cambio respecto a la práctica habitual que había sido la de consultar previamente con la Oficina de Crímenes Electorales y esperar a que los resultados hayan sido certificados antes de lanzar una pesquisa.
Barr instruyó en su memorandum que ninguna investigación se fundamente en "denuncias excéntricas, fantasiosas, especulativas o engañosas".
Pero el principal fiscal de crímenes electorales del Departamento de Justicia renunció el pasado lunes a ese cargo –no al Departamento– en protesta a la orden de Barr.
Richard Pilger escribió que Barr estaba emitiendo "una nueva e importante política que deroga la política de no interferencia de cuarenta años para las investigaciones de fraude electoral en el período anterior a las elecciones, que se certifican y no se impugnan", según un correo electrónico al que tuvo acceso CNN.
No es la primera vez que Barr recibe críticas de politizar el Departamento de Justicia.
Después de que Trump criticara a los fiscales que trabajaban el caso, Barr rechazó la recomendación de la fiscalía para encarcelar siete años y medio al exasesor del mandatario Roger Stone por obstruir una investigación del Congreso sobre la campaña presidencial del 2016. Trump terminó conmutando en julio la pena de su amigo y exasesor.
Un traspaso de poder entrampado
La renuencia del presidente a aceptar su derrota, con el apoyo de numerosos republicanos, ha provocado la paralización del proceso de transición.
Emily Murphy, cabeza de una dependencia del gobierno federal llamada Administración de Servicios Generales (GSA por sus siglas en inglés), no ha firmado la documentación necesaria para arrancar el proceso. Sin esa certificación, el equipo de Biden no puede ponerse en contacto con las agencias del gobierno para recibir informes sobre su funcionamiento interno en asuntos que van desde presupuestos hasta relaciones con el Congreso.
Tampoco puede ver información confidencial ni enviar representantes para integrarse en las agencias gubernamentales.
Por ello, el equipo Biden estudia medidas legales para que Trump desbloquee el traspaso de poderes.
"Hay una serie de opciones sobre la mesa. La acción legal es ciertamente una posibilidad, pero también hay otras opciones que estamos considerando", dijo a la cadena de televisión ABC News un miembro del equipo de transición de Biden.
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