Firma del excongresista de Florida David Rivera no se inscribió como cabildera ni agente de un gobierno extranjero, cuando fue contratada por gobierno de Venezuela

La firma de consultoría del excongresista de Florida David Rivera, acusada civilmente en Nueva York por el incumplimiento de un acuerdo de 50 millones de dólares para mejorar la reputación de la petrolera oficial de Venezuela PDVSA ante el gobierno de Estados Unidos, no aparece registrada como agente de extranjero ni como empresa cabildera en Estados Unidos.

Expertos consultados por Univision Noticias indican que la firma debió haber cumplido con ambos requisitos. Rivera, quien alcanzó a recibir 15 millones de dólares como un pago inicial del contrato, sostiene que no se relacionó con congresistas ni trató de influenciar a ningún funcionario porque todo el dinero fue enviado a la oposición política en Venezuela, con el conocimiento del Departamento de Estado.

El valor del acuerdo de tres meses con la firma de Rivera, citado por la demanda en Nueva York, supera los ingresos individuales de todo el año 2019 de las 10 grandes firmas de cabildeo de Estados Unidos. Akin Gump, la más grande, reportó 42.7 millones, Brownstein Hyatt, la segunda, tuvo ingresos de 39.5 millones y la tercera, BGR, de 29 millones.

"Cincuenta millones de dólares no lo pagan ni los jeques, ni los emires, ni ningún otro dictador, por cabildeo en un año entero. Este era un contrato por tres meses", dijo Pedro Burelli, ex director externo de Petróleos de Venezuela PDVSA.

En el pasado, el Departamento de Justicia ha formulado cargos criminales a individuos que no se registraron como agentes extranjeros, en violación de la ley FARA (Foreign Agent Registration Act) promulgada en la época de la Segunda Guerra Mundial para contrarrestar el espionaje internacional.

El abogado Agusti Filiberto, de la firma Steptoe de Washington DC, sostuvo que aún sin tener todos los detalles disponibles del caso, cree que la firma debió registrarse como agente extranjera si una de sus misiones consistía en tratar de influenciar a funcionarios o políticos de Estados Unidos para que cambiaran su percepción de una empresa gubernamental de otro país.

Según la ley, las personas o entidades que representen en Estados Unidos “política o cuasipolíticamente" los intereses de otro país, deben informar de sus actividades y finanzas.

"Me parece un poco difícil de que se pudiera mejorar la reputación de la empresa en los Estados Unidos sin comunicarse de alguna manera con esos agentes del gobierno", afirmó Filiberto. "Me parece que a los fiscales de Miami les va parecer interesante investigar", agregó.

Demanda consultada

De acuerdo con la demanda, la empresa de Rivera con sede en Miami, Interamerican Consulting Incorporated, se comprometió en 2017 a ofrecer servicios estratégicos de consultoría para formular un plan de cómo mejorar la reputación de PVDSA entre políticos, líderes de opinión, funcionarios públicos y determinados accionistas de Estados Unidos.

Interamerican Consulting recibió 15 de los 50 millones que PDV USA, filial de PDVSA, entregaría en un periodo de tres meses, a partir de marzo de ese año. Los pagos estaban sujetos a la elaboración de informes quincenales por parte de Rivera. Los demandantes aseguran que la firma de Rivera solo entregó dos informes en cinco hojas, razón por la que la filial de PDVSA suspendió el pago de la cantidad restante. Rivera insistió en que se le pagara la totalidad.

La demanda no es iniciativa de Maduro sino del gobierno de Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como el único presidente legítimo de Venezuela. Por ello, según comentó una persona relacionada con el litigio, la empresa consultó con el gobierno de Estados Unidos sobre la conveniencia de la demanda.

El abogado Filiberto agregó que si en algún momento Rivera estuvo en contacto con congresistas para desarrollar el objetivo de su misión, posiblemente también tendría que cumplir con el estatuto de cabildeo que obliga a registrarse a los intermediarios de empresas o gobiernos interesados en obtener beneficios del trabajo de los legisladores.

En una conversación por chat que Rivera sostuvo con la reportera de Univision Canal 23, Erika Carrillo, el político respondió que hizo "cero cabildeo" y que recibió "cero pagos".

Los pagos de la filial de PDVSA, según la fuente consultada por Univision, se hicieron a "una cuenta bancaria en Estados Unidos".

El abogado Michael Gottlieb, uno de los demandantes, explicó a Univision Investiga que la empresa que representa "no está enterada de ninguna reunión específica de Rivera o contactos con funcionarios del gobierno, políticos o congresistas, que hubieran ocurrido bajo el contrato".

Según él, Rivera no mencionó nombres de las personas influyentes con quienes se reunía.

Para Burelli, Rivera "tenía algún contacto, alguna serie de contactos dentro de la administración, dentro del sistema, la estructura del gobierno de los Estados Unidos que pudiera complacer, aminorar la presión de entrar en mejor relación con el que le estaba pagando 50 millones".

Rivera le aseguró al Canal 23 de Univision que su amigo, el senador Marco Rubio, uno de los más fervientes críticos del régimen de Venezuela, no estaba enterado del acuerdo con la filial de PDVSA. Un día antes, Rubio había explicado que se enteró del tema a través de los medios.

La respuesta de Rivera

Rivera ha sorprendido con la explicación que ha dado del destino del dinero. En la conversación con la reportera del Canal 23 de Univision, escribió que un "100%" de los fondos que recibió fueron "utilizados a la dirección de la oposición venezolana".

"Esto fue una operación dirigida por los presos políticos de Citgo 6" dijo en referencia a prisioneros estadounidenses presos en Venezuela. También participó "Lepoldo López para financiar actividades en contra del régimen de Maduro, incluyendo las protestas del verano de 2017 con el fin de derrocar a Maduro", agregó.

Rivera le dijo a la reportera que le preguntara a Liliana Tintori, esposa del líder de oposición Leopoldo López, de dónde había salido el dinero para su manutención ese año.

Un portavoz de la familia López Tintori negó rotundamente las acusaciones.

"Es absurdo que se quiera relacionar a Leopoldo López con un contrato firmado con los representantes del régimen de Maduro, justo en el momento cuando ese mismo régimen lo tenía aislado y torturado en una prisión militar por pensar distinto, algo que le valió el título de Preso de Conciencia, dado por Amnistía Internacional", dijo el portavoz.

Rivera no ha explicado cómo el gobierno de Maduro terminó financiando una operación en contra de su régimen.

"La verdad es que yo pensaba que el monto del contrato era lo más sorprendente de esta historia", dijo Burelli. "El caradurismo de cobrar lo que no le han pagado como la segunda cosa, pero definitivamente decir que toda una operación para financiar a la oposición creo que pasa al primer lugar en cuanto a lo absurdo de esta situación que estamos viendo", agregó.

*Margarita Rabin y Peniley Ramírez contribuyeron con este reportaje.