La guerra los persigue: los soldados que regresaron a casa envenenados por residuos tóxicos

El sueño de la infancia de Le Roy Torres era ser policía estatal de Texas.

Tras conseguir su objetivo y trabajar como policía durante 14 años, en 2012 quedó desolado al perder su trabajo como consecuencia de un envenenamiento tóxico procedente de un vertedero de residuos militares -conocido como 'pozo de quema'- mientras prestaba servicio en la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Irak.

En la actualidad, Torres, de 49 años, y su esposa, Rosie, libran dos batallas; una para mantenerlo con vida, y la otra para aliviar el sufrimiento de otros miles de veteranos como él que combinaron un trabajo diurno en el sector público con el servicio en unidades militares de la reserva.

"Pensé que la guerra había terminado cuando volví a casa, pero me siguió", dijo en una entrevista telefónica mientras se sometía a un tratamiento experimental con células madre en Medellín, Colombia, a principios de este mes. " Me obligaron a dejar el departamento [de policía]. Perdí mi casa, mis coches, mi crédito. Me afectó todo", añadió, claramente dolorido entre las sesiones de inyecciones en la columna vertebral.

Pero su batalla de 13 años empieza por fin a dar frutos. La legislación para proteger a los veteranos de los residuos tóxicos se está abriendo paso en el Congreso y el caso de Torres también ha llegado a la Corte Suprema.

Torres, un hispano de Robstown, cerca de Corpus Christi en el sur de Texas, regresó a casa en 2008 tras 400 días de despliegue en Irak como capitán de la Reserva del Ejército trabajando en logística. Volvio a su trabajo como policía del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DSP).

Pero algo iba mal. Los dolores de cabeza crónicos y los problemas respiratorios debilitantes que había empezado a experimentar mientras prestaba servicio en Irak, no desaparecían. De hecho, su estado empeoraba.

Intentó volver a su trabajo de policía en la calle, pero sus pulmones ya no estaban a la altura de las exigencias físicas del trabajo policial.

Pidió un trabajo de oficina mientras se sometía a una batería de exámenes médicos, visitando a especialistas de todo el país, para intentar averiguar qué le pasaba.

Años después, los médicos le diagnosticaron una lesión cerebral tóxica -encefalopatía tóxica- así como bronquiolitis constrictiva, una enfermedad pulmonar irreversible.

Mucho antes, Torres se había dado cuenta por sí mismo. Mientras prestaba servicio en Balad, la mayor base militar de Irak, había vivido cerca de un gran vertedero al aire libre que producía constantemente una columna de humo negro.

Conocido en la jerga militar como un 'pozo de quema' (burn pit), en él se utilizaba combustible de aviación, día y noche, para prender fuego a todo tipo de material de desecho peligroso: desde neumáticos usados, piezas de vehículos, casquillos de munición, baterías, plásticos, residuos médicos e incluso partes del cuerpo amputadas.

"Se notaba en el aire"

"Creo que en el fondo sabían que esto iba a afectar a la comunidad de veteranos", dice Torres. "Estábamos a sotavento de la fosa de quema. Había humo por todas partes", añade.

Lo peor era la noche en su unidad de descanso en forma de contenedor, ya que los humos tóxicos entraban por el aparato de aire acondicionado. Torres dice que cubría su cabeza con la sábana para intentar soportar el olor.

"Se podía saborear en el aire", dijo.

Torres acabó en el centro de urgencias de la base con tos, dolores de cabeza y dolor abdominal. Desarrolló un problema de sinusitis, con una desagradable flema gris.

Le dijeron que era un caso de 'Mugre iraquí', una enfermedad genérica e indeterminada que padecen muchos soldados en Irak. Le dieron un medicamento para la tos y antibióticos.

Cuando empezó a hacer preguntas, le dijeron que no se entrometiera. Los pozos de quema eran gestionados por contratistas, no directamente por el ejército.

"No me gusta quejarme. Así que tuvimos que aguantarnos literalmente", dijo.

Resulta que la base militar de Torres, Balad, a una hora al norte de Bagdad, tenía la mayor pozo de quema del país, con una superficie de unos 10 acres. Destinados a ser el último recurso para eliminar los residuos, se emplearon ampliamente en Afganistán e Irak, en lugar de construir incineradoras comerciales más caras.

Los mandos militares estadounidenses ignoraron durante años la ley federal y las normas militares al quemar residuos peligrosos en las fosas abiertas cerca del personal militar, según una auditoría federal de 2015.

El servicio militar no protegió a Torres

De vuelta a Estados Unidos, los problemas de salud de Torres persistieron. Pidió un trabajo de oficina mientras se sometía a una serie de exámenes médicos, visitando a especialistas de todo el país, para intentar averiguar qué le pasaba.

Según la legislación estadounidense, los soldados que regresan tienen derecho a reincorporarse a sus trabajos civiles. Se supone que la ley también protege a los veteranos que regresan con lesiones, permitiéndoles volver a un trabajo adecuado que tenga en cuenta su estado físico.

Pero la exposición a los pozos de quema los pozos de quema no se reconocía en ese momento como una discapacidad relacionada con el servicio. No sólo no tenía derecho a las prestaciones de la Administración de Veteranos, sino que sus superiores en el Departamento de Seguridad Pública de Texas le advirtieron de que tenía que volver a la calle o renunciar a su empleo.

El DPS de Texas no respondió a una solicitud de información sobre el historial laboral de Torres.

Cuando un médico del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, en Nashville, le hizo una biopsia de pulmón, el resultado fue impactante.

Cuando solicitó prestaciones contemplados bajo la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados (USERRA), los funcionarios de Texas dijeron que no cumplía los requisitos, ya que su enfermedad era resultado del trabajo federal, sin relación con su trabajo estatal.

En cambio, se vio obligado a dimitir del cuerpo. Presentó una demanda contra el Estado, pero fue desestimada por un juez que argumentó que el Estado de Texas goza de 'inmunidad soberana' y no puede ser demandado en sus propios tribunales sin el consentimiento de su legislatura.

Primer registro oficial de víctimas de las fosas de quema

Después de 23 años en el Ejército, 7 años en el servicio activo y 16 en la Reserva, Torres pudo reclamar la incapacidad médica del ejército estadounidense. Pero él y su esposa decidieron continuar la lucha por sus derechos laborales. En el transcurso de sus viajes médicos conocieron a otras personas que luchaban con problemas de salud similares, algunas de las cuales ya han fallecido.

Le Roy y Rosie Torres crearon su propio registro informal de víctimas, llamado Burn Pits 360. En 2014, la Administración de Veteranos creó un registro oficial de fosas de quema que ahora incluye a más de 215,000 miembros del servicio y veteranos.

El registro no enumera las víctimas potenciales por raza, pero muchas son hispanas, dice Torres. Los hispanos representan alrededor del 16% de todos los militares en servicio activo, según el Departamento de Defensa.

Fue el inicio de una campaña nacional que desde entonces se ha ganado un amplio apoyo, también en el Congreso.

" Éramos muchos los que inhalábamos ese humo, todo el tiempo", dijo Tim Jensen, un ex marine estadounidense de 40 años que ha empezado a tener problemas de salud y ha visto morir a algunos de sus compañeros militares. "Le Roy y Rosie han liderado esta carga a pesar de que todo el mundo les ha puesto obstáculos. Si no fuera por ellos esto no sería una conversación. Seguiríamos viendo morir a nuestros hermanos y hermanas", añadió.

Jensen, que ahora dirige un gran negocio de ropa para veteranos, Gruntstyle, dice que la cuestión de los pozos de quema es crucial para preservar un ejército profesional.

Corte Suprema falla en contra de los veteranos de guerra enfermos

En 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda por negligencia contra los contratistas de defensa KBR Inc. y Halliburton Co. presentada por miembros del servicio que enfermaron a causa de las fosas de quema. El tribunal confirmó una sentencia de un tribunal inferior que consideró que quién era responsable de las fosas de quema era una "cuestión política" que debía resolver el Congreso, no los tribunales.

KBR argumentó que estaba bajo control militar y que tenía poca discreción para decidir cómo gestionar los residuos en numerosas bases militares.

La lucha por los veteranos de guerra enfermos comienza en el Congreso

La causa de los pozos de quema ha sido defendida desde entonces por Jon Stewart, el popular cómico de la televisión nocturna que ya se hizo cargo de la causa de los socorristas del 11 de septiembre que desarrollaron problemas de salud por inhalar polvo tóxico en la zona cero.

El año pasado se introdujo en el Congreso un proyecto de ley que proporciona el derecho a las prestaciones sanitarias y a las indemnizaciones a 3.5 millones de veteranos expuestos al riesgo tóxico.

La Cámara de Representantes aprobó la medida el mes pasado. Ahora pasa al Senado, donde está aumentando el apoyo.

"Estoy agradecido al Sr. Torres por su servicio a nuestra nación y su defensa de nuestros veteranos", dijo el senador de Florida Marco Rubio a Univision en una declaración enviada por correo electrónico.

Rubio dijo que la burocracia federal había "ignorado la ciencia detrás de la exposición a los pozos de quema" durante demasiado tiempo.

En la actualidad, Torres tiene dificultades para respirar y recibe oxígeno suplementario a través de tubos en sus fosas nasales. Su mujer espera que el tratamiento con células madre mejore su calidad de vida.

"Le va muy bien. Su cuerpo está aceptando bien las células madre", dijo.

En lo que podría ser un gran avance, la demanda de Torres contra el Departamento de Seguridad Pública de Texas fue escuchado por la Corta Supremo de Estados Unidos el 29 de marzo. El dictamen, que probablemente se producirá en junio, tendrá efectos de gran alcance para los derechos laborales de los veteranos de todo el país que corren el riesgo de perder sus puestos de trabajo en el gobierno estatal mientras prestan servicio en la reserva militar.

Los abogados de Torres dicen que su caso sin precedentes implica una batalla constitucional clásica entre los derechos de los estados y el sistema federal. Mientras que Texas argumenta que un estado no puede ser demandado por sus propios ciudadanos, los abogados de Torres dicen que sus derechos laborales están legalmente protegidos por la Ley de Poderes de Guerra (WPA, War Powers Act), la ley federal que permite el envío de tropas al extranjero.

Brian Lawler, un teniente coronel retirado del Cuerpo de Marines que forma parte del equipo legal de Torres, dijo a Univision Noticias que se interesó por el caso después de que su mejor amigo muriera de un cáncer provocado por un pozo de quema.

El caso es vital para la capacidad del gobierno federal de reclutar ciudadanos para servir a su país, sostiene.

"Si la Corte Suprema no falla a nuestro favor, un empleado estatal podría ser discriminado debido a su servicio militar", dijo Lawler, que sirvió 28 años, incluidos 17 en la Reserva. "Eso servirá como un importante desincentivo para permanecer en la Reserva. Es una cuestión de retención", añadió.

Si la Corte Suprema falla a su favor, Torres ganará el derecho a demandar a Texas, aunque todavía tendrá que probar su caso en un tribunal estatal.

"Ha sido un viaje increíble. Espero que tengamos éxito", dijo Lawler.