Congresista Verónica Escobar: "México es cómplice" de Trump al recibir a solicitantes de asilo en ciudades peligrosas

En una conferencia de prensa junto a varios congresistas hispanos, la representante de El Paso (Texas) lamentó además que, con el programa 'Remain in Mexico', el gobierno de Trump está facilitando la creación de un "nuevo sistema de actividad criminal" para los carteles mexicanos que se están aprovechando de los migrantes vulnerables enviados por EEUU.

Lorena Arroyo
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Lorena Arroyo.
Escobar, Mucarsel-Powell, García y Castro ofrecieron una conferencia a los medios junto a médicos y organizaciones que han trabajado en la frontera.
Escobar, Mucarsel-Powell, García y Castro ofrecieron una conferencia a los medios junto a médicos y organizaciones que han trabajado en la frontera.
Imagen Lorena Arroyo

WASHINGTON, DC.- La congresista de El Paso (Texas) Verónica Escobar denunció este jueves que México es cómplice del gobierno de Donald Trump al recibir a miles de solicitantes de asilo en ciudades peligrosas de su frontera norte enviados por Estados Unidos mientras avanzan sus casos de asilo en ese país.

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"Quiero decir muy claramente y firmemente que México es cómplice", dijo Escobar en declaraciones a los medios delante del Capitolio al referirse al programa de la administración Trump conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) por el que el gobierno de EEUU ha enviado a más 60,000 solicitantes de asilo a México.

"En mi comunidad de El Paso (Texas) hemos visto a 18,000 personas vulnerables enviadas a Ciudad Juárez, donde no conocen a nadie, donde no tienen medios, ni dinero, ni protección", lamentó la congresista, quien además acusó al gobierno de Trump de estar alimentando a los cárteles mexicanos que se están aprovechando de los solicitantes de asilo enviados por EEUU.

"Lo que hemos visto en Ciudad Juárez es un nuevo sistema de actividad criminal que ha sido creado por la administración de Trump", asegura. "Los carteles que solían ofrecer transporte como coyotes a los migrantes, tienen ahora como objetivo a los migrantes que están siendo enviados a las comunidades fronterizas. Estos migrantes son ahora víctimas de extorsiones, secuestros y ataques sexuales".

Según Escobar, su oficina está en contacto incluso con una abogada estadounidense que intentó ser secuestrada mientras iba a atender a un cliente.

La denuncia de Escobar coincide con las críticas que han hecho reiteradamente organizaciones de derechos humanos desde que se estableció el programa hace un año que consideran que, con el envío a ciudades peligrosas de México de decenas de miles de solicitantes de asilo, se están llevando a cabo "abusos masivos a los derechos humanos", una idea que sustentan en los cientos de reportes de secuestros, violaciones, raptos, torturas y otros ataques violentos.

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El gobierno de Trump, sin embargo, ha rechazado las críticas y el comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Mark Morgan, llegó a calificar las denuncias de violencia en México contra los solicitantes de asilo como "anécdotas".

"No te puedes quitar de encima un problema sin resolverlo"

La congresista Escobar hizo las declaraciones en una conferencia de prensa junto a algunos de sus colegas del caucus hispano Joaquín Castro (Texas), Chuy García (Illinois) y Debbie Mucarsel-Powell (Florida) que compartieron sus experiencias en sus visitas recientes a la frontera o con familias migrantes de sus comunidades que tienen a miembros afectados por MPP, un programa que consideran "ilegal", "inhumano" y al que creen que hay que poner fin.

"El objetivo de 'Remain in Mexico' (como también se conoce a MPP) es negar a los solicitantes de asilo el debido proceso y seguridad en EEUU", denunció por su parte el presidente del caucus hispano Joaquín Castro, quien el mes pasado lideró un viaje a Matamoros (Tamaulipas), una de las ciudades fronterizas mexicanas donde cientos de solicitantes de asilo que esperan respuesta de EEUU han levantado un campamento.

Allí, cientos de familias, la mayoría centroamericanas, sobreviven en tiendas de campaña donadas y con comida que les llevan organizaciones no gubernamentales de ambos lados de la frontera.


Castro criticó políticas como MPP, los acuerdos de asilo con países centroamericanos o los programas de deportaciones rápidas por los que se envía a quienes buscan refugio a otras naciones de manera expedita, acuerdos con los que cree que el gobierno está intentando enviar la crisis humanitaria "fuera de la vista del público y negar cualquier responsabilidad por los solicitantes de asilo".

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"Ayer mismo (el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional) Ken Cuccinelli anunció la implementación de más programas de deportación rápida para enviar a solicitantes de asilo de vuelta a países peligrosos, a lugares donde el departamento de Estado recomienda a los estadounidenses no viajar", denunció.

"Quiero recordar a la administración Trump que no te puedes quitar de encima un problema sin resolverlo y eso es lo que está intentando hacer el gobierno de Trump", añadió.

Más de 61,000 migrantes

Finalmente, la congresista de Florida Debbie Mucarsel-Powell lamentó que el gobierno está cerrándole la puerta a los más vulnerables.

"MPP no se corresponde a los valores estadounidenses", dijo. "Tenemos a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y otros huyendo de dictaduras y represión en busca de refugio. ¿Pero qué estamos haciendo? 60,000 personas han sido enviadas a lugares muy peligrosos en México y eso es inaceptable, inhumano", criticó.

Branyerly Flores, de 18 años, vive sola en Matamoros, un municipio mexicano fronterizo con Brownsville, Texas. En enero, un juez le ordenó seguir su petición de asilo de manera independiente a pesar de que era menor de edad cuando su familia hizo la solicitud.
Video El drama de una joven migrante venezolana separada de su familia y obligada a regresar a México


El mes pasado, el comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación de ese programa cuestionando la legalidad de la política y su impacto en poblaciones vulnerables.

Según los datos más recientes de la Universidad de Syracuse, hasta enero más de 61,000 solicitantes de asilo habían sido enviados por EEUU a esperar el avance de sus casos a México. Hasta el momento, según esas estadísticas, menos del 4% de los migrantes que se presentan en las cortes de las carpas bajo el programa MPP lo hacen acompañados de un abogado.

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Esos mismos datos reflejan que la mitad de los migrantes enviados a México bajo MPP no se presentan a su primera audiencia de asilo, algo que la universidad atribuye a "los muchos retos a los que los solicitantes de asilo hacen frente en las comunidades fronterizas en las que deben esperar".

“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de 
<a href="https://www.facebook.com/watch/?v=192436578560114" target="_blank">Real America</a> una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Hace un año la administración de Donald Trump comenzó la aplicación del Protocolo de Protección del Migrante (MPP), que ha regresado a México a unos 60,000 solicitantes de asilo para que esperenen ese país durante meses la resolución de sus casos. Muchos de ellos se ven obligados a permanecer en condiciones precarias en campamentos como este de Matamoros, Tamaulipas, muy cerca de Brownsville, Texas.
“Hay que pagar un impuesto de guerra cada semana y si no lo pagas, te van a matar”, continuó Génesis, describiendo la vida diaria de su país. La pequeña guió el recorrido de los periodistas de Univision por el campamento y presentó a otros niños que esperan ahí por la resolución de sus casos de asilo en EEUU.
“A veces sí me animo a estar aquí pero a veces no, porque hay lluvia, calor, hay niños sin estudiar y los padres no le pueden comprar medicinas porque no están trabajando”, continuó la hondureña.
El MPP fue activado por la Casa Blanca luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro. El gobierno de Washington pretendía que su vecino del sur concediera asilo a la totalidad de los migrantes que cruzan su territorio y se dirigen a la frontera sur de Estados Unidos.
Al no conseguir su propósito, impuso una nueva regla que cambió parte de la política de asilo vigente desde 1980: con excepción de Menores No Acompañados (UAC) y mexicanos, el resto de migrantes que llegan buscando asilo serán procesados de igual forma, pero deberán esperar en México la resolución de sus casos en las cortes de inmigración estadounidenses.
“A veces vienen unos americanos a regalar cosas a los niños”, continuó Génesis. La pequeña y su familia tuvieron su segunda cita en inmigración el 14 de enero de 2020. Un juez les ordenó regresar a Matamoros a esperar por la tercera cita.
“Me duele mucho que ellos (los niños) estén pasando cosas feas, porque ellos no lo merecen”, dijo Yamali, la madre de Génesis. “Son menores de edad y ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. Nosotros venimos huyendo de Honduras y venimos huyendo también por nuestras vidas”, agregó.
En el campamento de Matamoros un grupo de voluntarios lleva instala una “escuelita dominical” cada semana, que agrupa a los más pequeños y les dan algunas lecciones básicas.
"Hay que tener fe, ya las cosas van a cambiar. Hay que orarle a dios, pedirle que las cosas cambien. Tal vez el presidente Donald Trump no tiene piedad de nosotros. Por favor nos dejaran entrar a todos, porque venimos por el mismo motivo”, concluyó Génesis.
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“Yo soy de Honduras, tengo 9 años y me llamo Génesis”, dijo a periodistas de Real America una niña que espera la resolución del caso de asilo de su familia en un campamento de tiendas en Matamoros, México. “¿Por qué venimos huyendo de nuestro país? Ahí a los niños les venden cocaína en las escuelas”, agregó.
Imagen Nidia Cavazos
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