Corte de Inmigración recomienda a jueces usar discreción para cerrar casos de deportación
El cierre administrativo no se ha estado utilizando hasta ahora porque los jueces esperan por un reglamento final sobre esta herramienta discrecional. Pero en un memorándum, el director de la Corte de Inmigración dio luz verde esta semana para usarlo en algunos casos.
Por:
Jorge Cancino.
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Los jueces de inmigración deben ser "proactivos" al investigar si un caso de deportación de un inmigrante puede ser cerrado de forma administrativa, dijo esta semana en un memorándum el director de la Corte de Inmigración (EOIR en inglés), David Neal.
Ese cierre administrativo es una "herramienta valiosa" para los encargados de administrar la justicia migratoria, aseguró, y por ello el Departamento de Justicia elabora un reglamento final que “abordará la autoridad de los jueces” para usar este recurso.
“Mientras avanza la reglamentación y excepto cuando un tribunal de apelaciones haya dictaminado lo contrario, los jueces de inmigración y la Junta (de apelaciones de Inmigración) deben aplicar el estándar para el cierre administrativo establecido”, señaló en esa ocasión un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.
De acuerdo con el memorando de Neal, “en algunos casos, cuando un demandado (inmigrante puesto en proceso de deportación) solicita el cierre administrativo y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se opone, generalmente se debe conceder la solicitud y cerrar administrativamente el caso”.
El documento recuerda que el cierre administrativo "es una herramienta de gestión de expedientes que se utiliza para pausar temporalmente” una orden de expulsión, instrumento que ayudará a la descongestión de los tribunales de inmigración que acumulan casi 1.5 millones de casos.
El cierre administrativo no estaba siendo utilizado hasta ahora porque la EOIR esperaba el reglamento final, pero con el memorando de esta semana de Neal, los jueces tienen vía libre para usar la herramienta de forma discrecional “excepto cuando un tribunal de apelaciones diga lo contrario”.
“Según la jurisprudencia, cuando el DHS solicita que un caso se cierre administrativamente porque un demandado no es una prioridad de deportación (de acuerdo con las prioridades de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE en inglés) y el demandado no se opone, la solicitud generalmente debe concederse y el caso debe cerrarse administrativamente”, escribió Neal.
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Agrega que el cierre administrativo “también es apropiado en muchas otras situaciones. Por ejemplo, puede ser apropiado para cerrar administrativamente un caso para permitir que un demandado presente una solicitud o petición con una agencia que no sea EOIR y exista la posibilidad de que tenga éxito en cualquier petición, solicitud u otra acción que él o ella está llevando a cabo fuera del proceso de deportación”.
Abogados consultados por Univision Noticias mencionaron, por ejemplo, una petición de ajuste de estatus hecha por un hijo ciudadano estadounidense mayor de edad.
También se incluye la presentación y procesamiento de un Formulario I-601ª (Solicitud de Exención por presencia ilegal ante la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración o USCIS en inglés).
“También puede ser apropiado cerrar administrativamente un caso mientras una agencia adjudica una solicitud o petición presentada anteriormente o si se ha aprobado una petición de visa mientras espera que la visa esté disponible”, agrega el memorando.
Neal también recomendó que, siempre que sea posible, los problemas relacionados con el cierre administrativo deben resolverse antes de la celebración de las audiencias de calendario individuales y no en audiencias.
Por lo tanto, se alienta a los jueces de inmigración a enviar órdenes de programación a las partes mucho antes de que se lleve a cabo la audiencia, preguntando al DHS si el demandado es una prioridad para la aplicación de la ley de inmigración y, de lo contrario, solicitando a las partes posiciones sobre el cierre administrativo y otras cuestiones relacionadas con la discreción del fiscal.
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