De abogado de ICE a defensor de solicitantes de asilo: "EEUU le está declarando la guerra a la inmigración"

MATAMOROS (Tamaulipas) y BROWNSVILLE (Texas).- Hace ya un año desde que Richard Newman tomó una difícil decisión: dejar un trabajo bien remunerado en el gobierno para cambiarse de bando. En solo unos meses pasó de trabajar de abogado en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a defender a los solicitantes de asilo que esa misma agencia envía a esperar durante meses a México.

En sus ocho años trabajando para el gobierno, primero como abogado litigante de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y luego como agente de operaciones especiales, Newman siempre fue consciente de que "había una parte del trabajo que era horrible".

"Estás ahí a veces expulsando del país a migrantes trabajadores por un tecnicismo", reconoció Newman en una entrevista reciente con Univision Noticias. Pero lo que le hizo replantearse la idea que se había construido de mantener a su familia con ese empleo público y esperar a una jubilación que llegaría acompañada de buenos beneficios fue la imagen de los niños siendo separados de sus padres en la frontera a principios del verano de 2018.

"Fue perturbador. Lo comenté con otros colegas abogados de la zona y a todos nos parecía injusta la separación de familias y uno de ellos me sugirió cambiarme a una organización no gubernamental y ayudar como abogado privado", recuerda. "Así que hablé con mi familia y mis amigos, discutimos la idea de dejar el gobierno e intentarlo por mi propia cuenta y ayudar con ONGs y finalmente decidí hacerlo".

Poco después, en diciembre de 2018, el abogado se convirtió en director de proyectos de Justice for Our Neighbours, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo legal a inmigrantes de bajos recursos. Además, desde hace unos meses, se dedica a asistir de manera voluntaria a los solicitantes de asilo regresados a México bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), un programa que Newman considera incluso "mucho peor" de lo que sucedió con la separación de niños en la frontera.

"Si miras todo lo que nuestro gobierno ha hecho en los últimos dos años llegas a la conclusión de que Estados Unidos le está declarando la guerra a la inmigración", apunta Newman al mencionar que su país ha pasado de ser un lugar construido sobre el multiculturalismo y donde la gente podía vivir en paz independientemente de su origen y sus creencias a liderar "el sentimiento antiinmigrante".

Por eso, él dice sentirse feliz de haber tomado partido para pronunciarse en el que cree que es "el mayor problema de derechos civiles" de nuestra época. "Estoy muy contento de haberlo hecho y quiero que mis hijos y mis nietos sepan de qué lado estuve", sostiene.

"Las leyes están hechas a favor del gobierno"

Para Newman, la entrada al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue un movimiento práctico en su carrera. Tras salir de la universidad había ejercido como abogado criminal y se había enlistado en el ejército, donde formó parte de la Abogacía General de la Marina.

En 2010, luego de dejar la vida militar, decidió buscar un trabajo en el gobierno. Solicitó varios y ICE fue la primera oficina que le contactó para unirse a su equipo en el sur de Texas.

En aquel momento, lo único que sabía de derecho migratorio era una clase que había tomado en la universidad, pero un supervisor le dio varios libros con leyes y regulaciones y fue aprendiendo poco a poco conforme asistía a audiencias judiciales en las que tenía que presentar pruebas contra los migrantes que buscaban evadir la deportación y un estatus legal.

Newman asegura que desde el primer momento se dio cuenta de que el sistema no estaba diseñado a favor de los inmigrantes y que ese derecho era muy diferente al criminal, en el que había trabajado hasta el momento y donde, al contrario que en el migratorio, todo acusado tiene derecho a un abogado.

"Trabajar para ICE como abogado es muy fácil, en realidad es extremadamente fácil", asegura. "Es como soplar y hacer botellas porque las leyes y el proceso están hechos a favor del gobierno".

Sin embargo, cuando él entró en DHS dice que no se sintió mal con lo que hacía porque las cosas eran diferentes. Con Barack Obama como presidente, los abogados de ICE podían usar la discreción procesal y cerrar administrativamente casos de inmigrantes que no consideraban una amenaza y que creían que lo merecían por razones humanitarias.

"Por ejemplo, si tenías un caso contra una madre a la que iban a mandar a México y que era la única cuidadora de un ciudadano estadounidense que no podía valerse por si mismo (...) en esos tiempos decías: 'No quiero ir detrás de esta persona, voy a cerrar el caso'. Y podíamos ponerlo en un estante", explica.

La llegada de Donald Trump cambió las reglas del juego y, a través de órdenes ejecutivas, su gobierno puso en la mira a los al menos 11 millones de indocumentados que se estima que viven en Estados Unidos.

Ahora, dice, "incluso los casos humanitarios devastadores están en peligro de deportación", lo que hace que a sus excolegas de ICE les resulte "muy difícil ser justos" como abogados. Y eso cree que se va a sumar a los ya de por sí bajos índices de ánimo entre los trabajadores de esa agencia.

"Supongo que muchos jueces de inmigración y abogados de ICE están haciendo cosas que consideran injustas porque sienten que, si no lo hacen, pueden tener consecuencias negativas. Ahora está la tolerancia cero y tienen que ir detrás de cualquier caso", apunta.

La separación de familias, el punto de inflexión

Trump había hecho campaña con la promesa de construir un muro en la frontera y cargando contra los mexicanos, pero Newman no creyó que las cosas en su departamento fueran a cambiar de forma tan drástica con la llegada del nuevo presidente: "Quizás fui inocente pero nunca pensé que ser estadounidense pudiera implicar ser antiinmigrante. Es decir, mi concepto de estadounidense es inseparable de la inmigración", justifica.

Y aunque dice que su decisión de salir no se debió a una revelación sino a una serie de conversaciones con su familia y amigos, el abogado sí que identifica un momento que le marcó especialmente: la separación de niños de sus familias en la frontera, un hecho que le hizo darse cuenta de la deshumanización que, a su juicio, el gobierno de Trump hace con los migrantes.

“Parecía que no los veíamos como humanos, que los veíamos como otra cosa. Llevábamos décadas encerrando en jaulas a adultos sin cargos criminales, pero el ver que esa práctica se extendía a los niños me impactó", afirma. "Eso y ver a niños siendo separados de los padres como una política consciente del gobierno".

Por eso, el salto a la defensa de los migrantes le salió como algo natural, aunque entre sus excompañeros de ICE hubo bromas de quienes le decían que se pasaba "al lado oscuro".

En agosto, Newman empezó a cruzar a la ciudad mexicana de Matamoros desde Brownsville para ayudar a los migrantes devueltos por EEUU bajo el programa MPP. Lo hizo inspirado por su amiga Jodi Goodwin, una abogada de la ciudad texana de Harlingen que lleva años con un papel muy activo en la defensa legal de los migrantes en esa zona de la frontera.

Al principio, ambos cruzaban con la organización Team Brownsville, que desde hace más de un año lleva comida y otras donaciones a los solicitantes de asilo que esperan viviendo en la calle al lado del puente fronterizo en Matamoros, donde surgió un campo de refugiados.

Lo que vio la primera vez que cruzó le sorprendió: gente durmiendo a la intemperie y usando el Río Grande para bañarse. "Era una crisis humanitaria obvia por la que ningún gobierno se preocupaba y que un gobierno, el de Estados Unidos, había creado. Así que cada uno hacía lo que podía para ayudar. Yo como abogado trataba de dar presentaciones legales y ayudar llevando insumos desde Brownsville", afirma.

MPP, un programa "inmoral"

Con el tiempo, los migrantes devueltos por EEUU fueron recibiendo donaciones de tiendas de campaña, ropa y comida y diversas organizaciones les pusieron bidones de agua potable, duchas, baños portátiles y un lavadero.

En el ámbito legal, la organización no gubernamental Lawyers for Good Government ha organizado una red de abogados de todo el país que ofrecen sus servicios de manera gratuita y que se contactan con los solicitantes de asilo a través de sus teléfonos tratar de asistirlos de la manera más eficaz posible.

La organización, además, contrató a una coordinadora para estar en Matamoros y rentó unas oficinas al lado del campamento donde los abogados que llegan de vez en cuando a ayudar como Newman pueden reunirse de manera privada con los solicitantes de asilo para escuchar sus casos.

El exempleado de ICE califica el programa por el que EEUU ha enviado ya a más de 55,000 solicitantes de asilo a esperar a peligrosas ciudades de México de "inmoral" y cree que el gobierno está haciendo todo lo posible para que nadie escuche los reclamos de ayuda de quienes vienen huyendo de diferentes países de América Latina.

El primer problema que identifica en el programa MPP es que el gobierno no permite hablar a los migrantes que piden protección con un oficial de asilo como sucedía antes. En su lugar, les ponen citas ante jueces de inmigración que verán en carpas en la frontera a través de videoconferencia, mientras son obligados a permanecer en México.

"Es una idea diabólicamente genial evitar que la gente hable con un oficial de asilo y que vayan directamente ante un juez. Y eso meses después de haber sido expulsados de EEUU", opina. "E incluso cuando ven a un juez de inmigración hay muchas probabilidades ahora de que sea uno que no esté entrenado en asilo. Muchos de esos jueces eran fiscales federales sin experiencia en ley de inmigración".

Pero Newman señala otros aspectos por los que considera el proceso "deshonesto" como los errores que han identificado en algunos casos en notificaciones de comparecencia con direcciones ficticias o fechas de corte falsas. Además, considera que, al enviarlos a México, los solicitantes de asilo quedan en una situación muy desfavorable para defender sus casos y conseguir ayuda legal.

"Las consecuencias son desastrosas porque es muy difícil pelear por tu caso o por tus derechos cuando estás en modo de supervivencia, cuando estás viviendo en la calle y preocupado por lo que vas a comer", afirma. Y señala que, en sus contactos con los solicitantes de asilo enviados a México, han escuchado casos de secuestros, extorsiones y violaciones.

Aunque Newman considera que los Protocolos de Protección de Migrantes son un proceso ilegal y que las cortes lo acabarán frenando, hasta que eso suceda él se ve con la obligación moral de asistir a los enviados a México bajo el programa.

"Yo estoy en la posición de ayudarlos a defenderse por sí mismos, porque sé que durante todo el proceso no van a estar frente a un solo ser humano al que le importen sus vidas", dice. "No hay nadie que esté tratando de defender a esta gente. Así que cuando alguien tiene una solicitud de asilo viable y algún abogado lo escuchamos nos preocupa que pueda ser enviado de vuelta a su país de origen sin que a nadie le importe".

"Los criminales se benefician más que nadie"

Newman también critica el enfoque de las políticas del gobierno respecto a DHS, la agencia en la que trabajaba, y lamenta que prioricen la detención de migrantes indocumentados frente a la de quienes manejan las organizaciones criminales que se benefician de ellos.

En los últimos cinco años en esa agencia, él se desempeñó como agente especial y conoció de primera mano los almacenes y casas de seguridad que esos grupos usan para retener a migrantes tanto en EEUU como en México.

"Las organizaciones criminales se han beneficiado de esto (del negocio de la migración indocumentada) más que nadie", afirma.

Aro señala que las investigaciones para ir tras esos grupos requieren de más tiempo y recursos, ya que conllevan hacer escuchas telefónicas y órdenes judiciales, entre otras cosas. "Para ir tras una organización criminal tienes que hacer muchas cosas bien porque van a contratar a un abogado y se van a defender", explica.

"Pero ahora los agentes especiales pueden ser desviados a aumentar estos operativos en la frontera en los que van tras gente que no son criminales serios", añade. "Parece que EEUU está diciendo: un arresto es un arresto. Así que arrestar a un pobre migrante cruzando el río es lo mismo que arrestar a El Chapo", lamenta.

Newman dice que podría decir exactamente cuánto ha pagado por su decisión de dejar DHS, una cifra que saldría de la sencilla operación de restar lo que ganaba en la agencia gubernamental a su sueldo actual con la práctica privada y su trabajo en Justice for Our Neighbours, peor remunerado. Pero no duda que el cambio ha merecido la pena.

"Puedo dormir mejor y estoy orgulloso", afirma. "Me siento bien y en paz. Cuando dejé el gobierno era 'solo' la separación de familias y ahora todo ha ido a mucho peor. Ahora parece que el gobierno no quiere dejar entrar a nadie en Estados Unidos".