Abogados voluntarios de EEUU ayudan por WhatsApp a cientos de migrantes devueltos a México

Desde que comenzó el programa por el que EEUU ha devuelto a México a miles de solicitantes de asilo, las organizaciones de derechos humanos han denunciado que el gobierno de Trump busca aislarlos y dificultarles conseguir ayuda legal. Un grupo está logrando romper ese cerco al contactar a los migrantes que esperan en Matamoros con abogados voluntarios de todo el país a través de sus celulares.

Lorena Arroyo
Por:
Lorena Arroyo.
Sussy Rentería (a la izquierda de la imagen) junto a Charlene D'Cruz (a la derecha) y otras dos abogadas voluntarias.
Sussy Rentería (a la izquierda de la imagen) junto a Charlene D'Cruz (a la derecha) y otras dos abogadas voluntarias.
Imagen Cortesía Sussy Rentería

MATAMOROS, México.- Sussy Rentería, una abogada de 31 años de Chicago, cree que es una privilegiada. Sus padres migraron sin documentos hace décadas desde Guanajuato (México) a Estados Unidos y gracias a su esfuerzo ella pudo graduarse en la universidad.

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Por eso, cuando se enteró este verano a través de una amiga de que en la frontera sur necesitaban voluntarios para asistir a los solicitantes de asilo devueltos por EEUU a México, no dudó en ofrecer su tiempo y sus conocimientos para que otros migrantes puedan tener las mismas oportunidades que ella.

Desde entonces, ha ayudado a decenas de solicitantes de asilo a rellenar los formularios para presentar sus casos en cortes de Estados Unidos, principalmente a familias de Centroamérica y Cuba a las que asiste por llamadas y mensajes de WhatsApp. A principios de noviembre viajó a la ciudad fronteriza de Matamoros para poner rostro a la gente que ayuda y conocer de primera mano la realidad que viven.

Sussy Rentería es una de las abogadas que forman parte de una red de voluntarios que asesora a los migrantes a rellenar sus planillas para solicitar asilo en Estados Unidos.
Video Abogados de EEUU ayudan gratis a migrantes devueltos a México a través de WhatsApp

"Las historias que escuché por teléfono fueron muy fuertes", dice al enumerar algunos casos con los que ha tratado: desde adolescentes centroamericanos que huyen con sus familias para evitar ser reclutados por las pandillas, jóvenes nicaragüenses reprimidas por protestar o cubanos puestos en listas negras por el gobierno que les impiden trabajar por pensar diferente.

"No podía creer que esas cosas pasaban en otras partes del mundo y luego llegaban a Texas para pedir ayuda a los Estados Unidos y se la negaban aunque tengan estas historias tan fuertes", dice Rentería.

Más de 1,500 personas aspirantes a recibir asilo político aguardan del lado mexicano de la frontera por una pronta respuesta del gobierno. Sus días transcurren bajo sofocantes temperaturas y dependen de la caridad de los buenos samaritanos que llegan a regalarles comida, agua, ropa y medicinas.
Video Hacinados y en carpas, así viven cientos de migrantes en Matamoros esperando una cita de Inmigración en EEUU


La joven pertenece a una cadena de abogados de todo el país que, indignados por la decisión del gobierno de Donald Trump de enviar a los solicitantes de asilo a México, ha decidido ayudarles de manera gratuita para tratar de garantizarles el derecho a solicitar protección en Estados Unidos.

Asesorías personalizadas para "volver a humanizar el proceso"

Desde que Washington anunció el programa de Protocolos de Protección de Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), más de 55,000 solicitantes de asilo han sido enviados a México mientras avanzan sus casos y las organizaciones de derechos humanos que trabajan en la frontera han denunciado que el plan aísla a los migrantes en ciudades peligrosas y les hace casi imposible conseguir ayuda legal.

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Ahora Lawyers for Good Government, el grupo de abogados con el que se puso en contacto Sussy Rentería, está logrando romper ese cerco al poner en contacto a los migrantes que esperan en Matamoros con voluntarios como ella a través de sus celulares.

Según Charlene D'Cruz, una abogada de Michigan contratada por la organización para coordinar el proyecto en Matamoros, ella envía cada semana un promedio 50 casos de solicitantes de asilo a voluntarios de todo el país y, aunque todavía es un número pequeño en relación a los miles de migrantes que han sido enviados a esa ciudad fronteriza, el grupo está consiguiendo que cientos de ellos tengan asesoría legal individualizada para preparar sus casos.

"Al llegar yo me di cuenta de que faltaba interacción directa entre los clientes y los abogados", afirma la abogada de Michigan. Por eso decidió que había que comenzar un programa en el que que, aunque fuera de forma remota, se devolviera "la humanidad al proceso".

Conocido como Proyecto Corazón, el plan comenzó en agosto con el envío de abogados a la frontera en Matamoros y en los últimos meses ha pasado a ser completamente remoto. Así, los solicitantes de asilo deben entrar a internet para rellenar un cuestionario sencillo en el que incluyen sus datos personales, la fecha de su cita en corte y su contacto de WhatsApp.

Estados Unidos empezó a regresar a Matamoros a los solicitantes de asilo el 19 de julio. Muchos de ellos se han instalado en tiendas de campaña al lado del puente fronterizo.
Estados Unidos empezó a regresar a Matamoros a los solicitantes de asilo el 19 de julio. Muchos de ellos se han instalado en tiendas de campaña al lado del puente fronterizo.
Imagen Almudena Toral.

Esos datos les llegan a los abogados voluntarios que se ponen en contacto con las familias, escuchan las historias por las que se fueron de sus países y, en los casos que amerita, les ayudan a rellenar los formularios que deben aportar cuando se presenten ante un juez a través de una videoconferencia.

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Los contactos por WhatsApp les permite tener acceso a asesorías personalizadas, mientras que los abogados pueden ayudar sin necesidad de gastar mucho dinero y evitan también desplazarse a Tamaulipas, un estado a donde paradójicamente el departamento de Estado recomienda no viajar a los estadounidenses por el crimen y los secuestros y que considera que sufre unos niveles de inseguridad comparables a los de Siria o Afganistán.

El siguiente paso: voluntarios para la corte

Hasta que Charlene D'Cruz llegó a la frontera contratada por la ONG Lawyers for Good Government, la única asistencia legal constante que tenían los migrantes enviados a Matamoros era la de Jodi Goodwin, una abogada de la ciudad de Harlingen (Texas) que cruzaba la frontera varias veces a la semana para tratar de atender algunos casos de manera gratuita y dar información legal a los migrantes que se iban asentando en tiendas de campañas donadas al lado del puente fronterizo.

Pero Goodwin no daba abasto y el método con el que trabajan (rellenando los formularios manualmente en español para después traducirlos al inglés y transcribirlo en una computadora) era mucho más lento y trabajoso.

Durante meses, Jodi Goodwin fue la única abogada que iba regularmente a Matamoros a asistir a los solicitantes de asilo.
Durante meses, Jodi Goodwin fue la única abogada que iba regularmente a Matamoros a asistir a los solicitantes de asilo.
Imagen Almudena Toral


"Ahora ya tenemos acceso a un lugar en el que tenemos oficinas, nuestra computadora, impresora y también se puede tener una conversación en privado para que los refugiados se sientan mejor relatando sus historias", afirma la abogada texana al referirse a un local donde la ONG tiene tres oficinas. "Es algo más digno porque estamos tratando de reforzar el proceso".

Para muchos migrantes, esta abogada rubia que habla perfecto español con deje mexicano y a la que llevan meses viendo cruzar la frontera para ayudarles es un símbolo de confianza. Por eso, cada vez que Sussy Rentería contacta a los solicitantes de asilo desde Chicago usa su nombre como si fuera una clave.

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"Les mando un mensaje, les digo que soy voluntaria y que trabajo con Jodi y que puedo ayudarles a rellenar su solicitud y ahí ellos me responden si necesitan ayuda", explica Rentería. "Lo hacemos por teléfono y cuando yo termino la solicitud se la mando por email a Charlene, ella las imprime y de allí ellos se llevan una copia para ellos y una copia para el juez".

Las abogadas que están al frente del programa reconocen que aún es mucho el trabajo que queda por hacer para asesorar a los miles de migrantes enviados por Estados Unidos y además quieren avanzar para poder acompañar a los migrantes en las carpas.

Según los datos más recientes de la Universidad de Syracuse, solo el 1.2% de los migrantes que se presentan en las cortes de las carpas bajo el programa MPP lo hacen acompañados de un abogado. Esos mismos datos reflejan que hasta septiembre de este año, de las 9,974 solicitudes de asilo resueltas en las carpas de la frontera, solo 11 habían ganado sus casos, lo que supone un 0.1% del total.

Por eso, ahora Lawyers for Good Government ha contratado a otra abogada para asistir a los solicitantes de asilo en la carpa de Brownsville y también tiene previsto financiar viajes de voluntarios a la frontera para apoyar con esa labor, explica Charlene D'Cruz.

Además, la organización está dando talleres para que los migrantes aprendan a redactar las declaraciones que sirvan para defender sus casos. Y por ahí le llegó una de las mayores alegrías recientes a D'Cruz cuando uno de sus alumnos, un solicitante de asilo cubano, le contó que había ganado su caso.

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"Eso sí me emocionó un poquito porque era para mí la primera", reconoce. "Aunque yo trabajé con él y le ayudé en cómo pensar en el caso, él hizo el affidavit en el taller para pedir el asilo".

<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
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