"La jueza no me creyó": el duro camino de las víctimas de violencia doméstica que buscan asilo en EEUU

A Elsa, una jueza le negó el asilo. No hubo argumento que la moviera a darle protección en Estados Unidos. Ni que su agresor la secuestró cuando ella tenía 15 años para dominarla; ni que la violó repetidamente desde entonces y por años; ni que la lanzó por un barranco para matarla cuando ya no la quiso. Tampoco le impactó que aquel hombre le hubiera quemado la cara con aceite caliente.

La magistrada catalogó esto último como una "broma pesada", cuenta Jennifer Canales-Pelaez, abogada de la organización Tahiri y quien ahora lidera la apelación. "Minimizó todo lo que ella sufrió, porque enseñamos las fotos de cómo quedó su rostro, pero ni el intento de asesinato, ni el secuestro, nada convenció a la jueza".

Al teléfono, Elsa, ya con 40 años, asegura que ese día de abril de 2020, cuando escuchó a la jueza, se sintió " agotada, triste, desconsolada... Suprimida, de baja moral. Para ella todo fue una broma, lo ignoró, me hizo sentir muy mal. La jueza no me creyó", recuerda. Dice que sus hijos lloraron al saber que le habían dado una orden de deportación: "Si vuelvo a Guatemala él me va a quitar a mis hijos y me va a matar".

Cuando Elsa tenía 15 años, salió un día a comprar una medicina para su madre, que estaba enferma. En el camino a la farmacia, un hombre que la había estado persiguiendo durante un año, la montó en su carro a la fuerza, la llevó hasta un terreno desolado donde la amarró y la violó: "Hizo lo que quiso conmigo (...) Me dijo que si llegaba mi papá algún día a buscarme no le dijera lo que él había hecho conmigo, porque me iba a entregar a las autoridades", recuerda, y ella, inocente, se calló. Tres días después, decidió moverla a una casa y, en el trayecto, un amigo de los padres de Elsa la reconoció: "Mi papá llegó allá y dijo que nos iba a casar, que ya no me quería a mí porque había sido abusada por este señor".

Elsa, desesperada, quiso regresar con su familia varias veces, pero su papá no se lo permitió: "Me dijo que 'ya fue su marido, ya se aprovechó de ti. No le voy a dar el gusto, quédate con él'". De ahí en adelante, los abusos de su secuestrador nunca cesaron. Ella pasó de una violación a una bofetada; de un grito, a machetazos o cuchilladas; vio cómo el hombre golpeaba a sus hijos sin poder hacer nada.

Cuando huía y se escondía en casa de familiares, él la encontraba. "Yo no podía estar tranquila". En octubre de 2018 salió de Guatemala sin saber ni siquiera a dónde ir. En el camino, se encontró con una caravana de migrantes que iba rumbo a Estados Unidos. Se sumó a la marcha, llegó a la frontera en 2019 y pidió protección.

Las fórmulas para presentar un asilo

En Estados Unidos, hay cinco bases para pedir asilo: ser perseguido por motivo de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social específico o por la opinión política. Hasta 2018, las víctimas de violencia doméstica —como Elsa y como cientos de mujeres y niños— estaban amparados en la ley vigente. Pero el entonces gobierno de Donald Trump, a través de su fiscal general Jeff Sessions, revirtió una decisión de 2014 del Panel de Apelaciones para otorgar asilo a una mujer salvadoreña que había sufrido 15 años de abusos brutales de parte de su esposo. En ella, se establecía como grupo social que requería protección a las "mujeres guatemaltecas casadas que no pueden salir de una relación".

"El simple hecho de que un país tenga problemas para efectivamente hacer frente a ciertos crímenes, tales como violencia doméstica o de pandillas, o que ciertas poblaciones sean más propensas a ser víctimas de un crimen, no puede ser establecido por sí mismo como causal de asilo", ordenó el entonces fiscal y con esa declaración le cerró la puerta a cientos de decenas de víctimas.

De ahí en adelante, los abogados tuvieron que idearse fórmulas para que las víctimas de la violencia pudieran ser admitidas bajo las leyes vigentes.

En la petición de asilo de Elsa, por ejemplo, los abogados plantearon siete composiciones de grupos sociales a los que ella podía pertenecer y por los que requería asilo. Entre ellos: "mujeres de Guatemala"; "mujeres de Guatemala de raíz indígena"; "mujeres indígenas que viven en el campo, que son secuestradas y forzadas en una relación doméstica desde niñas"; "mujeres guatemaltecas que se rehúsan a ser subordinadas en su relación doméstica"; "mujeres guatemaltecas que favorecen los derechos y autonomía de la mujer"; "mujeres guatemaltecas que se rehúsan a conformarse con las normas sociales"; y "mujeres de Guatemala que son vistas como propiedad".

"La jueza decía cosas como que ese grupo social no existe en Guatemala y yo pensaba: '¿Cómo lo va a saber si ella es una persona americana, que vive aquí?'", explica Canales-Pelaez. También pidieron protección sobre la base de su creencia religiosa, porque su esposo no estaba de acuerdo con que los niños fueran criados bajo la creencia católica: "En este caso la jueza dijo que ella no fue perseguida por religión, que el esposo sí le pegaba cuando llevaba a los hijos a la iglesia, pero que el motivo por el que la golpeaba y perseguía, no era religioso, era otro (...) Para cada argumento que dábamos, la jueza daba otra razón".

El caso fue negado. Los abogados quedaron en "shock" con la decisión. Sin embargo, aseguran que el resultado era común bajo el escenario político vigente, con una política de 'tolerancia cero' aplicada con toda la fuerza.

Recién en junio, el fiscal general Merrick Garland revirtió las decisiones de Sessions.

Karen Mosalo, quien ha sido la abogada al frente de casos cruciales que han sentado precedente en esta materia, considera que el clima político ha permeado en las cortes: "Son jueces quienes escriben estas decisiones legales, pero pienso que están afectados por los mismos factores que afectan a los políticos. Creo que los jueces no están aplicando la ley en una forma objetiva. Quieren llegar a un resultado: poder negar la protección a estas personas".

Dos puntos de vista para una protección

El qué hacer para proteger a las víctimas de la violencia tiene puntos de vista encontrados.

Para la organización Tahiri, una sexta causal de asilo debe ser incluida en la ley: el género. "Tal como existe la ley de asilo en este momento no es suficiente para proteger a estas personas. Son situaciones muy intensas y serias (...) Deportar a estas personas es mandarlas a su muerte", explica Canales-Pelaez. "La única forma en que veo que se puede componer la situación es diciendo que una persona perseguida por su género merece protección", agrega.

La abogada explica que los jueces no entienden con facilidad cuál es la situación de violencia y vulnerabilidad para las mujeres en países como El Salvador y Honduras. Una sexta causal, dice, puede ayudar a "salvar vidas".

La directora del Centro para Estudios de Género y Refugiados de la Universidad de California, Karen Musalo, cree que la solución está en interpretar correctamente las leyes, de forma consistente con decisiones anteriores, convenios y con la definición internacional de refugiado dada por ACNUR.

Parte además de volver a las bases del caso 'Matter of Acosta' , que establecía que un grupo social fuera definido exclusivamente por aquellas características que una persona no pudiera cambiar, como el género, por ejemplo. Así, la persecución por ser mujer era suficiente para incluirla en un grupo social específico bajo 'Matter of Acosta'. Pero más requisitos fueron agregados a ese precedente por la Junta de Apelaciones (BIA) —como que el grupo sea reconocido por la sociedad y que se defina quién está incluido y quién queda por fuera— y complicaron la calificación de las mujeres víctimas como parte de un grupo vulnerable. "La BIA empezó a agregar requisitos que no tienen base racional", reclama Musalo.

Para la académica, sin embargo, agregar un sexto supuesto causaría más daño a las víctimas de violencia: "Resultaría en perjuicio de otros grupos de personas que merecen la protección y dependen del grupo social particular (...) De arreglarlo solo para las mujeres, va a dejar fuera de la protección a niños, niñas y adolescentes (...) No es consistente con las normas internacionales".

"Si Estados Unidos hace esto, es como si tomara la posición de que para proteger a las mujeres es necesario agregar otra base. Otros países que usan la definición internacional dirán: 'No tenemos que incluir a las mujeres dentro de un grupo social particular porque Estados Unidos está diciendo que el género no está incluido'. Va a causar un fracaso fuera de las fronteras de Estados Unidos, porque otros países van a decir que la única forma de proteger a las mujeres es agregar otra base", explica.

"Es más inteligente decir que están en un grupo social particular, pero que otros grupos también. La forma de lograr la protección a mujeres y otros grupos que merecen protección es reparar el daño de adición de otros requisitos que no son legítimos". Para la académica, Estados Unidos no brinda suficiente protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

En medio de este panorama, Elsa está a la espera de una fecha para poder apelar su caso. Aunque asegura que en Estados Unidos se siente "segura y libre" porque nadie la golpea ni la persigue, también está ansiosa porque hasta que no se resuelva su caso no puede trabajar. Por ahora vive sin pagar renta en casa de unos conocidos y a cambio les limpia, les lava la ropa y les cocina. Mientras llega el día en de volver a la corte, le reza a Dios para que le toque "el corazón y la conciencia a quienes miren de nuevo mi caso".

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