¿Cambios en inmigración? No tan pronto: el equipo de Biden afirma que la "infraestructura está muy dañada"

Los asesores de política migratoria de Biden hacen una recomendación clara a los migrantes: no venir a la frontera. Aseguran que los "daños causados en cuatro años" de gobierno de Trump ameritan que la metodología para procesar a los solicitantes de asilo, por ejemplo, tenga que ser restablecida en un proceso que puede tomar meses.

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Por:
Patricia Clarembaux.
Tijuana fue la primera ciudad en la que se implementaron los Protocolos de Protección de Migrantes, también conocidos como ‘Quédate en México’. Esta política permite al gobierno estadounidense devolver a los solicitantes de asilo a México, donde esperan durante meses en siete ciudades fronterizas mexicanas con alta incidencia delictiva. Tijuana es considerada la menos insegura para ellos, pero a la vez es una de las ciudades más violentas del mundo. Allí, los migrantes reviven sus miedos y desarrollan nuevos traumas en medio de amenazas que pensaban habían escapado.
Video El trauma, el miedo y la desesperanza de quienes esperan su asilo atrapados en México

La restitución del sistema de asilo, del Estatus de Protección Temporal (TPS), de DACA. Todos son temas que el gobierno de Joe Biden planea abordar desde el inicio de su gobierno. Pero su equipo alerta a los migrantes de que los cambios no se verán de la noche a la mañana, que tomarán tiempo, incluso "meses", por el daño causado tras cuatro años de decisiones del gobierno de Donald Trump.

"La infraestructura está muy dañada", dijo este martes una vocera del equipo de transición del gobierno entrante en una llamada con reporteros. "Es un reto enorme porque la Administración (de Trump) dañó tantas cosas".

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En el caso de los solicitantes de asilo que se encuentran atascados en la frontera bajo el programa 'Quédate en México' es donde se dio más información. Explicaron que planean trabajar con organizaciones no gubernamentales en las ciudades en las que están los migrantes para facilitar el procesamiento al priorizar los casos: "Empezaremos con los más vulnerables", explican.

Sin dar mayores detalles, el equipo de Biden explicó que el daño en las instituciones afecta el procesamiento de migrantes y que los métodos deben ser restablecidos. A los retos que ya tienen, se suma la pandemia de covid-19: "Tenemos que estar seguros de que estamos protegiendo a los solicitantes de asilo y a quienes los procesan", dijo otra de las voceras, quien explicó que una vez que sean atendidos los casos más urgentes, se comenzará a resolver gradualmente el resto.

Y entre las medidas que se reinstaurarán están que entre las causales de asilo se consideren la violencia doméstica y de pandillas, eliminadas durante la gestión de Jeff Sessions como fiscal general.

Lee nuestro especial 'Atrapados en México'

El programa 'Quedate en México', también conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (PPM), fue creado por el gobierno de Donald Trump en enero de 2019 para enviar a los solicitantes de asilo a esperar sus casos del lado mexicano, en las ciudades más peligrosas de la frontera. Lo hizo contraviniendo leyes, acuerdos y reglamentos que habían regido en el país por años. En cuatro años de su gobierno y sin pedir la autorización del Congreso destruyó el sistema migratorio que habían construido los últimos nueve presidentes de Estados Unidos.

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Hasta ahora, casi 70,000 personas han sido devueltas bajo los PPM para que esperaran durante meses la solución de sus casos de asilo, sin ninguna protección de sus derechos ni siquiera por el gobierno de México. Los migrantes terminan dejados a su suerte en campamentos improvisados en avenidas, como el de Matamoros; durmiendo en la calle o en albergues que en algunos casos les garantizan estancias limitadas.

Un proceso de meses

En una entrevista con la agencia española EFE, la asesora de política nacional del equipo de Biden, Susan Rice, explicó que muchas de las decisiones implementadas por Trump "se revertirán de inmediato", entre ellas las relacionadas con los PPM y los acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras para devolver a migrantes a estos países a que soliciten asilo primero en ellos. El asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, agregó que para concretar estos cambios, en la práctica, se necesitará tiempo, incluso meses, pues deben desarrollar nuevamente la infraestructura, dotar personal y establecer procesos para aumentar la revisión de casos en los puertos fronterizos.

El presidente entrante Joe Biden calculó este martes que serían al menos unos seis meses.

Desde abril hasta junio, los arrestos en la frontera cayeron momentáneamente por el cierre de la frontera como consecuencia de la pandemia. Pero desde junio a noviembre el aumento de las detenciones ha tenido un repunte de casi 60%. No se espera que los números bajen. Un nuevo pico migratorio es esperado con la entrada del nuevo gobierno y las esperanzas de obtener un beneficio migratorio en Estados Unidos tras los anuncios del equipo de Biden.

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Por eso, al prever una oleada de migrantes llegando a puertos de entrada —sobre todo afectados por huracanes—, Rice alertó que los cambios no implican que "la frontera estará abierta repentinamente por completo para procesar a todos el primer día. No será así".

Juan González, asesor del equipo de transición de Biden, recomendó a los inmigrantes en entrevista con Claudia Uceda, reportera de Univision Noticias, que "esperen, no vengan corriendo a la frontera porque el daño que ha causado la Administración de Trump a nuestro sistema de asilo, a la habilidad de procesar inmigrantes de una forma ordenada, justa, es algo que han desmantelado. (...) Quienes vengan en este momento desafortunadamente van a estar en una situación muy caótica. No es el tiempo para venir a la frontera".

"La ayuda viene"

Según González, Biden tomará decisiones para promover una migración ordenada. Entre ellas la inversión de 4,000 millones de dólares para fortalecer las economías de los países afectados por huracanes, la pobreza y la violencia de las pandillas. Además, contempla un proyecto de ley para reparar el sistema migratorio, pero necesitará la aprobación del Congreso.

"El enfoque no es que los inmigrantes tomen ese viaje peligroso y difícil (...) Es crear una ruta para inmigración eficiente, ordenada y justa", aseguró. Por eso, además de la inversión, se esperan programas para que los centroamericanos puedan solicitar refugio desde sus países de origen, para que puedan ser reunificados con sus familiares y para que accedan a visas como trabajadores temporales.

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"La realidad es mucho más complicada, estamos en una situación humanitaria en la frontera entre los Estados Unidos y México gracias al fracaso de la Administración Trump, a su esfuerzo intencional de desmantelar el proceso de asilo, de usar la pandemia para deportar a personas sin consideración por su proceso", agregó. González aseguró que "la ayuda viene", pero que no es inmediata.

Ve también:

<b>María, una guatemalteca de 27 años,</b> fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
La abogada de inmigración en San Diego Maricela Amezola dice que 
<b>actualmente no tiene ningún caso de MPP,</b> aunque asegura que podría tomar algunos sin costo alguno si los argumentos para pedir el asilo fueran contundentes. Explica que tiene pocos abogados en su despacho y que por eso no puede enviarlos un día entero a Tijuana a ayudar a los migrantes bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP). Cree que las posibilidades de que un caso de asilo prospere sin abogado son muy remotas, sobre todo por la complejidad de los cambios en la legislación de parte del gobierno de Donald Trump.
Una vista del pasillo en forma de caracol en El Chaparral, el punto fronterizo por el que decenas de migrantes centroamericanos retornados a México 
<b>deben pasar cada vez que tienen su cita con un juez de inmigración en Estados Unidos.</b> Una vez ante los oficiales de Estados Unidos, son recibidos y traslados en buses a las salas de corte.
La carta en la que una organización le notifica a una inmigrante retornada a México que no podrán representarla ante el juez de inmigración: 
<b>"Nuestro equipo legal determinó que NO TIENE la capacidad para aceptar su caso en este momento",</b> se lee en el correo. La negativa se explica porque esta organización, Jewish Family Services, solo tiene un abogado y dos representantes autenticados por el Departamento de Justicia. Entre ellos tres evalúan cuáles y cuántos casos pueden asumir considerando, por ejeplo, que la vida de las personas corra peligro por ser víctimas de la violencia o por razones médicas. Esta es la única organización en la frontera de California que está tomando casos de migrantes devueltos a México bajo los MPP.
El pastor Gustavo Banda Aceves dirige el albergue Embajadores de Jesús en Tijuana, donde casi 90% de los migrantes que allí duermen fueron devueltos a México para los MPP. Explica que la desesperación de los centramericanos por ver una solución en sus casos es tal que hace que muchos de ellos desistan y se devuelvan a sus países. Por eso y las dificultades para conseguir abogados, asegura, 
<b>"la gente no quiere intentarlo más".</b>
Brenda Esmeralda Ruiz, una salvadoreña, ha estado a punto de desistir varias veces, pero el pastor Banda le ha dicho que no se rinda, que siga buscando un abogado que la represente y pelee su caso en Estados Unidos. Ella huyó de su país porque su esposo la golpeaba frecuentemente y la acosaba, hasta que un día se cansó. Salir de El Salvador fue la mejor solución que encontró para poner fin a ese círculo de violencia. Cuando tomó la decisión le pidió a un amigo que la acompañara y se fueron hasta Tapachula. De ahí se montó en la bestia hasta Mexicali y de allí siguió hasta Tijuana. Hasta ahora solo ha tenido una corte. En ella el juez le pidió considerar volver con un abogado.
Diana Vidal, otra salvadoreña de 32 años, también está en Tijuana. Huyó porque tanto las pandillas como la policía acosaron a sus hijos y los obligaban a cumplir órdenes. Cuando ella puso la denuncia en la Fiscalía, la policía comenzó a golpear a los adolescentes e incluso la amenazaron de muerte. Y una noche llegaron miembros de la pandilla Máquina, una de las menos numerosas y quienes controlaban la zona en la que ellos vivían, y les dieron 30 minutos para tomar unas pocas cosas y marcharse de la casa. Así hicieron. Ahora tienen algunos meses en Tijuana. Dice frustrada que ha hablado con cinco abogados y que ninguno ha aceptado su caso. 
<b>"El juez me dijo que tenía 87% de probabilidades de entrar (a Estados Unidos) con un abogado",</b> dice. "El problema es que ninguno quiere venir aquí porque dicen que están saturados".
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"Los inmigrantes vienen con la ilusión de que si no tienen dinero les asignarán un abogado, pero se decepcionan porque eso no ocurre", dice el pastor Alberto Rivera, que dirige el albergue Ágape, también en Tijuana. Cuenta que ve cómo los migrantes llegan con una hoja que les dan en Estados Unidos con una lista de posibles abogados probono y organizaciones sin fines de lucro: "Pero 
<b>ellos llaman y llaman y cuando les contestan les dicen que están saturados". </b>Hasta albergues como Ágape llegan personas que les dan asesoría legal, pero que en muchos casos no son abogados, explica: "Les dicen cómo llenar los documentos, pero 
<b>en algunos casos ha habido dificultades porque han llenado formularios de forma errónea".</b>
Un padre guatemalteco muestra los mensajes de texto con el que grupos criminales amenazaron a su familia e intentaron secuestrar a la hija adolescente desde su propio colegio. Ellos aseguran que su familia en Estados Unidos puede ayudarles a pagar un abogado que los represente, pero hasta ahora no han podido conseguir a ninguno que tome su caso.
Ahora esta familia espera en México el día de su corte. Entre sus miembros hay un bebé de apenas meses que la madre lleva entre brazos. Ella cuenta que mientras estuvieron en custodia de la Patrulla Fronteriza su hijo se enfermó por el frío; la llevaron a una clínica donde una doctora atendió al menor, pero cuando tocó pagar la cuenta, el funcionario que la trasladó se quejó por la cantidad alejando que ella no era estadounidense.
Daniela Díaz, una salvadoreña también esperando en Tijuana. Asegura que ha llamado a todos los números que le han dado en la lista de abogados y que hasta ahora ninguno si quiera le ha devuelto la llamada pese a que ha dejado mensajes de voz. "Esto me pasa cada vez que llamo", dice mientras escucha una de las grabadoras de una de las organizaciones con las que intentaba comunicarse.
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María, una guatemalteca de 27 años, fue regresada a México con sus tres hijos. Quiere ir a Estados Unidos para que sus niños tengan un mejor futuro y porque asegura que necesita protección porque era golpeada por su esposo. Ella asegura que tiene miedo de estar en México porque fue secuestrada y aunque escapó, amenazaron a su madre con que hallarían a la hija y la matarían. No ha logrado conseguir abogado que le apoye con su petición de asilo solo por estar en México. Si perdiera su caso no volvería a Guatemala, sino que se movería a Chiapas porque lo considera más seguro.
Imagen Almudena Toral/Univision
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