Gobierno apela fallo que prohibió deportar a inmigrantes bajo el Titulo 42
La Administración de Biden notificó el viernes a la Corte de Apelaciones para el Distrito de Columbia que inicia el proceso de apelación de la orden emitida por un juez federal que falló en contra de una controversial política heredada del gobierno anterior.
Por:
Jorge Cancino.
El fallo del magistrado Emmet Sullivan detalla que el derecho de asilo prevalece sobre el Título 42 de salud pública y argumenta que EEUU cuenta con las herramientas necesarias, como vacunas y pruebas de detección del coronavirus, para detener algún tipo de emergencia sanitaria durante los trámites que los migrantes con niños adelanten en las fronteras. Ahora, el Departamento de Justicia contará con dos semanas para tomar medidas al respecto. Más información aquí.
Video Juez federal determina que el gobierno de Biden no podrá invocar razones de salud pública para deportar indocumentados
El Título 42, una vieja regla que data de 1944, fue invocada en 2020 por el gobierno del entonces presidente Donald Trump como parte de las medidas de salud públicas para frenar la propagación de la pandemia del coronavirus.
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Pero tanto Trump como Biden han utilizado el Título 42 como instrumento para contener la crisis migratoria en la frontera con México, que en los últimos años a sobrepasado la capacidad de respuesta del gobierno, para deportar de forma acelerada a unidades familiares cruzan indocumentados al país, la mayoría en busca de asilo.
El jueves el juez federal del Distrito de Columbia, Emmet Sullivan, le otorgó al gobierno de Biden un plazo de dos semanas para apelar y dejar de utilizar el Título 42 en familias con niños menores de edad hallados en la frontera sur.
Sullivan dijo en el dictamen que el Título 42 no autoriza la deportación acelerada de inmigrantes y, por tanto, no se puede denegar a los deportados la oportunidad de pedir asilo en Estados Unidos, un recurso legal disponible autorizado por el Congreso.
Agregó que la utilización del Título 42 es “probablemente ilegal” y también innecesario “en vista de la amplia disponibilidad de pruebas, vacunas y otras medidas de minimización” para contrarrestar la amenaza de una propagación del COVID-19.
Si el gobierno lo apelaba en esos 14 días concedidos, entoces la orden de suspensión se haría afectiva. Pero ahora que el Departamento de Justicia entregó un escrito iniciando el proceso de apelación en la corte de apelaciones del Distrito de Columbia (Capital).
Qué se espera
“No mucho”, dice Alex Gálvez, un abogado de inmigración que ejerce en Los Ángeles (California). “A pesar del fallo del juez Sullivan, el Título 42 sigue estando vigente, no ha sido eliminado. El tribunal dio un plazo de 14 días para implementar la orden y para apelar la sentencia, así es que todavía estamos dentro de esos plazos”.
Siendo así, “el gobierno sigue teniendo la autoridad para seguir implementando las deportaciones aceleradas y enviando de regreso a México a solicitantes de asilo bajo el Programa de Protección del Migrante (MPP) restituido por los tribunales. La situación por ahora no ha cambiado”.
Gálvez dijo además que “lamentablemente tanto el Título 42 como el MPP le están cerrando las puertas a las personas que tratan de entrar en busca de asilo. Y el gobierno no tiene que justificarse para impedirles la entrada y deportarlos de forma acelerada. Son reglas creadas por el gobierno anterior que siguen siendo utilizadas para contener la crisis que vemos en la frontera.
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Los escenarios
Mientras sigan vigentes el Título 42 como el MPP, el gobierno tiene la capacidad de seguir deportando. “Y los agentes fronterizos tienen la discrecionalidad para implementar estas dos reglas. Y en caso de que los tribunales dejen sin efecto el Título 42, el gobierno de Biden seguirá utilizando el MPP para enviar de regreso a México a inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de inmigración”, dijo Gálvez.
“Y también la discrecionalidad de los agentes de la frontera, quienes deciden qué inmigrantes pueden pedir asilo o ser deportados, cuando se trata extranjeros que han cometido delitos, han sido deportados con anterioridad o son inelegibles según la ley para ingresar y permanecer en Estados Unidos”, añadió.
A la pregunta sobre la situación que se vive en la frontera de Texas, donde unos 10,000 inmigrantes, la mayoría originarios de Haití, aguardan por una audiencia para pedir asilo, Gálvez dijo que “todo esto vuelve más compleja la situación".
"El gobierno de México no los contuvo y toda esta aglomeración perjudica la política migratoria de Biden y los planes de legalización que se debaten en el Congreso”, apuntó.
Los demandantes del Título 42 (la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, RAICES, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Oxfam, ACLU Texas y ACLU del Distrito de Columbia), señalaron las el fallo de Sullivan el jueves que “la política, iniciada bajo la administración Trump, restringe la inmigración en la frontera con base en una invocación ilegal y sin precedentes de la Ley del Servicio de Salud Pública, ubicada en el Título 42 del Código de Estados Unidos”.
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Agregaron que la política también es innecesaria. Y que, tal como han señalado los expertos en salud pública, “Estados Unidos tiene los recursos y las herramientas que necesita para procesar de manera segura a las personas que buscan protección bajo nuestras leyes de asilo”.
"El presidente Biden debería haber terminado con esta política cruel y sin ley hace mucho tiempo, y el tribunal hizo bien en rechazarla”, dijo Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
El Título 42, junto con la implementación del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), fueron activados el 21 de marzo de 2020 bajo el argumento de contener la propagación del covid-19 y frenar la llegada de inmigrantes que llegan en busca de asilo.
BREAKING: A federal court just ordered the Biden administration to stop expelling immigrant families under Title 42.
The policy, initiated under Trump, unlawfully strips people of the right to seek asylum by expelling them without a hearing under the guise of public health.
Abogados consultados por Univision Noticias han resaltado la importancia de eliminar los obstáculos creados por Trump para dificultar el asilo, y también la preocupación de Biden por proteger el debido proceso migratorio, a pesar de los problemas heredados por Trump.
“El gobierno anterior dificultó que la administración de Biden respondiera de manera rápida y efectiva, y las restricciones de covid-19 solo se han sumado al desafío”, dice Víctor Nieblas, un expresidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).
Nieblas añade que la solución de la crisis en la frontera no pasa por la implementación de medidas para frenar la llegada de personas en busca de asilo, sino en la contratación de más jueces para acelerar los procesos y descongestionar la Corte de Inmigración, que en la actualidad tiene acumulados más de 1.4 millones de casos y unos 500 jueces.
“Los jueces de inmigración deben obtener su independencia del gobierno para que puedan eliminar la influencia indebida del fiscal general y del Departamento de Justicia, como vimos en los últimos cuatro años”, agrega.
Nieblas dijo además que el desafío pasa por “abordar la crisis como el país más rico del mundo”, concluyó.
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Del Río, una comunidad fronteriza de Texas con menos de 36,000 habitantes, se ha convertido en
el epicentro de una ola migratoriaen esa zona de la frontera sur tras
la llegada de más de 10,000 personas.
