Título 42 en la frontera: gobierno esperará hasta audiencia clave del 13 de mayo para decidir sobre esta política

El gobierno no tomará ninguna decisión sobre el futuro del Título 42 del Código de Estados Unidos en la frontera con México hasta después del 13 de mayo, cuando la corte que detuvo el desmantelamiento de la cuestionada política celebre una audiencia donde abogados del Departamento de Justicia (DOJ en inglés) y de los estados demandantes entreguen argumentos.

“El 13 de mayo la corte escuchará argumentos sobre la decisión judicial preliminar de Arizona”, dio el viernes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Eso está programado para el 13 de mayo. Entonces, cualquier decisión sobre lo que sigue, por supuesto, la tomaría el Departamento de Justicia, pero no sucedería sino hasta después”, indicó.

"El juez ha indicado que fallará desfavorablemente hacia la Administración (para continuar con los planes de retirada de la política que restringe severamente el programa de asilo) en este momento, pero no sabremos (el siguiente paso) hasta que se tome una decisión y luego el DOJ proceda con las acciones legales”, precisó.

El pasado 25 de abril, el juez federal de Louisiana Robert Summerhays bloqueó temporalmente la decisión del gobierno de Joe Biden de poner fin al Título 42, una política de salud pública que restringe el acceso de inmigrantes debido a la pandemia del coronavirus.

La medida quedaría sin efecto el próximo 23 de mayo, pero con el bloqueo emitido por la Corte de Distrito Este de Louisiana seguirá vigente, por lo que los migrantes que llegan a la frontera sur seguirán siendo devueltos de forma acelerada a México.

El fallo

"La Corte discutió la Solicitud de Orden de Restricción Temporal (ECF No. 24) presentada por el demandante (la Oficina del Procurador General de Arizona). Por las razones expuestas en el expediente, el Tribunal anunció su intención de otorgar la solicitud. Las partes consultarán sobre los términos específicos que se incluirán en la Orden de Restricción Temporal e intentar llegar a un acuerdo", escribió Summerhays en su razonamiento por escrito de 25 páginas.

En la demanda encabezada por Arizona participan, además, los estados de Alabama, Alaska, Arkansas, Carolina del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, Montana, Mississippi, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, West Virginia y Wyoming.

Tras la decisión, el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, aplaudió al tribunal por otorgar una Orden de Restricción Temporal (TRO, por sus siglas en inglés) contra la administración Biden para mantener el Título 42 en vigor, a pesar de que ya ha intentado revertirlo antes de la fecha límite del 23 de mayo.

“La administración de Biden no puede continuar en flagrante desprecio por las leyes existentes y los procedimientos administrativos requeridos”, indicó.

Los pasos de Biden

Un día después del dictamen, la Casa Blanca dijo que permanecería a la espera de si Summerhays cumple su intención de bloquear el fin del Título 42, política que desde marzo del 2020 ha permitido la deportación de unos 2 millones de inmigrantes.

Pero mientras se produce la sentencia final, el gobierno dijo que por ahora avanza con medidas para afrontar un posible aumento en la llegada de migrantes si finalmente puede terminar con esa política el próximo mes.

Uno de sus planes es "ampliar significativamente" las deportaciones expeditas, dijeron funcionarios gubernamentales de alto nivel refiriéndose a la aplicación rigurosa del Título 8 de la Ley de Inmigración (INA), un procedimiento distinto pero garantizado bajo el respeto al debido proceso migratorio.

Pero también cabe la posibilidad de que la corte y luego las demás instancias judiciales mantengan vivo el Título 42, un escenario que, si bien trunca los planea migratorios del mandatario, le da espacio para recuperarse de las críticas republicanas e incluso de miembros del Partido Demócrata en contra de la eliminación de esta política en medio de temores a que una nueva crisis migratoria en la frontera afecte el resultado de las elecciones de medio término de noviembre.

Informe al Congreso

Simultáneamente, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés), Alejandro Mayorkas, entregó la semana pasada al Congreso un detallado plan operativo para atender la crisis migratoria en la frontera con México.

El plan prioriza la seguridad fronteriza al tiempo que construye un sistema de inmigración ordenado y humano, indica, recuperando el debido proceso.

Reconoce que en la frontera hay una crisis, pero advierte que fue “heredada” del gobierno anterior. Sin embargo, no reconoce que el problema fue advertido en 2013 en un informe elaborado por un grupo de expertos de la Universidad de California a Naciones Unidas y este organismo, a su vez, al entonces gobierno de Barack Obama: del éxodo de migrantes, sobre todo centroamericanos.

El gobierno asegura que, una vez retirado el Título 42, tiene “autoridad legal para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y seguridad fronteriza” bajo la implementación del Título 8 de la Ley de Inmigración.

Entre otras cosas, “el Título 8 establece que las personas que cruzan la frontera sin autorización legal (indocumentados) son procesados para su remoción y, si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, sean rápidamente expulsados del país”.

Todos los escenarios dibujados hasta ahora por el DHS apuntan a que, si se elimina el Título 42 como está previsto el 23 de mayo, habrá un aumento en el tráfico de personas en la frontera con México.

Algunos reportes hablan entre 6,000 y 18,000 personas diarias. Y el DHS anticipa que los niveles de migración aumentarán, ya que los traficantes buscarán aprovecharse y beneficiarse de los migrantes vulnerables”.

El gobierno también tiene en cuenta que actualmente hay más personas en el mundo desplazadas de sus hogares que en cualquier otro momento desde la II Guerra Mundial, incluso en el hemisferio occidental.

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