Juez de Texas ordena al gobierno de Biden suspender el procesamiento de nuevos permisos de DACA
La medida no afecta unos 700,000 beneficiarios del programa, pero sí impide que se registren nuevos casos que protegen de la deportación a ciertos jóvenes que fueron traídos a EEUU por sus familias cuando eran niños.
Por:
Jorge Cancino.
El juez Andrew Hanen dijo en su sentencia que DACA es "ilegal" y por tanto el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos a las personas que califican para el plan creado bajo el gobierno de Barack Obama. De acuerdo con el abogado de inmigración Ezequiel Hernández, el fallo dice que las renovaciones sí se pueden hacer, pero ya no hay permiso para aprobar las peticiones nuevas. Sin embargo, el experto aconseja a los interesados no dejar de aplicar. Más información aquí.
Video Juez de Texas ordena suspender el procesamiento de nuevos permisos de DACA: un abogado explica los alcances de la decisión
Un juez de Texas ordenó este viernes al Departamento de Seguridad Nacional suspender el otorgamiento de nuevos permisos dentro del programa de Acción Diferida para los Menores Llegados en la Infancia, conocido como DACA, por sus siglas en inglés.
El juez Andrew Hanen dijo en su sentencia que el programa es "ilegal" y por tanto el gobierno debe abstenerse de emitir nuevos permisos para las personas que califican para el plan creado bajo el gobierno de Barack Obama.
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Sin embargo, la decisión no afecta a unos 700,000 beneficiarios que actualmente están protegidos por el programa.
Detalles del fallo
La orden, emitida por el juez Andrew Hanen, de la corte federal del distrito Sur de Texas, sin embargo, por ahora mantiene vigente el programa mientras continúa la disputa legal.
"Las aplicaciones (solicitudes) que fueron recibidas y están siendo procesadas no serán afectadas por el dictamen", dijo Juan Escalante, director de campañas digitales de FWD.us, un grupo de presión integrado por líderes de la comunidad tecnológica.
"Tampoco afecta a los dreamers protegidos bajo el programa que renueva sus amparos de deportación y las autorizaciones de emp`leo", explicó José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami (Florida).
"En la sentencia preliminar, Hanen ha dicho que el DHS violó el Acta de Procedimiento Administrativo (APA) con la creación del programa y su continuidad", añade. "Y señala que el DHS puede seguir aceptando solicitudes de renovación, pero prohíbe nuevas solicitudes, decisión que afectará a miles de jóvenes indocumentados que califican para el programa y no se habían registrado".
Guerrero dijo que el juicio en la corte de Hanen sigue y que habrá decisiones en breve.
Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes criticaron el fallo emitido por el juez Hanen y anunciaron que seguirán defendiendo el programa.
“Este fallo es una decisión muy equivocada y un gran golpe al progreso realizado para arreglar nuestro sistema de inmigración quebrado”, dijo Nathalie Rayes, directora ejecutiva de Latino Victory Pro. “DACA es un programa invaluable que ha ayudado a miles de dreamers a vivir una vida plena en comunidades de todo el país”, indicó.
A su vez, Mary Kay Henry, presidenta del Sindicato de Empleados y Servicios (SEIU), dijo que el fallo es “devastador y solo dañará a nuestro país al obligar a nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y seres queridos a regresar a las sombras donde viven por temor a la deportación”.
El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC) anunció, por su parte, que “continuará defendiendo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) que ha otorgado a cerca de 1 millón de jóvenes inmigrantes protección contra la deportación”. También criticó a los ocho estados demandantes encabezados por Texas (Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y West Virginia).
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“Desde que Trump trató por primera vez de poner fin a DACA en 2017, los beneficiarios de DACA y los jóvenes elegibles para DACA han vivido entre un caso judicial y otro, por los caprichos de los políticos que han estado empeñados en detener y deportar a nuestras comunidades”, dijo Greisa Martinez Rosas, directora Ejecutiva de United We Dream (UWD).
“La decisión del juez Hanen, de ponerse del lado de los republicanos que han atacado continuamente a nuestras comunidades, es una continuación de los ataques que definieron la agenda nacionalista blanca antiinmigrante de la administración Trump y pusieron en peligro la vida de cientos de miles de jóvenes inmigrantes”, señaló.
DACA fue creado en 2012 durante el gobierno de Barack Obama por medio de una orden ejecutiva. En 2017 fue cancelado por el gobierno de Donald Trump, pero tras una larga batalla judicial que finalizó en la Corte Suprema, el programa fue restituido en su totalidad.
En mayo de 2018 ocho estados gobernados por republicanos demandaron DACA alegando que el ejecutivo violó el procedimiento administrativo (APA). Además, señalan que el programa usa recursos estatales para la educación y la salud, y viola la ley federal.
DACA otorga un amparo de deportación a unos 700,000 jóvenes indocumentados que ingresaron al país antes de cumplir 16 años. También condede un permiso de trabajo renovable cada dos años.
El juez Hanen
La demanda de mayo de 2018 fue presentada en el mismo tribunal y ante el mismo juez que en 2015 detuvo una ampliación de DACA y la activación de DAPA, programa que amparaba de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de residentes y ciudadanos estadounidenses.
El programa, al igual que DACA, también incluía una autorización de empleo renovable cada tres años.
En julio abogados y organizaciones anticiparon que, en caso de producirse un fallo adverso y DACA sea eliminado, la batalla jurídica escalará a la Corte de Apelaciones.
“Y en caso de haber decisiones distintas en distritos y circuitos, entonces será la Corte Suprema la instancia que resuelva este pleito”, dice Rebeca Sánchez-Roig, una abogada de inmigración que ejerce en Miami (Florida) y durante 15 años fue fiscal de inmigración en el Departamento de Justicia.
Mientras se resuelve la batalla en los tribunales “todo dreamer que tenga la posibilidad y reúna los requisitos para renovar su permiso de trabajo, que lo haga”, dice Guerrero.
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“Y si tiene duda, ya sea por una falta o el cumplimiento de un requisito para calificar, busque asesoría legal antes de llenar y enviar los formularios”, indica.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal encargada de la administración del programa, advierte que el trámite para la renovación de los permisos de trabajo demora entre 4 y 5 meses (120-150 días).
Plan legislativo
Simultáneamente a la batalla que se libra en las cortes, el Senado tiene en sus manos dos proyectos de ley que incluyen un camino a la ciudadanía para dreamers, titulares del Estado de Protección Temporal (TPS) y trabajadores agrícolas.
Ambos planes son parte de un proyecto de reforma migratoria presentado en enero por la Casa Blanca de Joe Biden y que abarca a los 11 millones de indocumentados que viven en el país.
Pero debido a la falta de apoyo republicano, el 18 de marzo los demócratas de la Cámara de Representantes avanzaron con estos dos planes en espera de que la Cámara Alta los apruebe y en los meses venideros incluya a otros grupos de indocumentados.
El ala dura republicana, sin embargo, han dicho que no aprobará ningún tipo de amnistía y que, antes de hablar de inmigración, el gobierno de Biden primero debe detener la crisis en la frontera con México.
Ante un futuro incierto, los demócratas esta semana volvieron a sugerir el uso de un paquete de reconciliación para aprobar ambas iniciativas con mayoría simple sin importar si los republicanos lo apoyan o no.
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