Juez revoca la regla migratoria que niega el asilo a personas que cruzaron por un tercer país antes de llegar a Estados Unidos

Un juez federal de Washington D.C. bloqueó la noche de este martes una regla migratoria implementada por el gobierno de Donald Trump el año pasado que niega el asilo a personas que cruzaron por un tercer país y no pidieron la protección en éste antes de llegar a Estados Unidos.

El juez de la Corte del Distrito de Columbia, Timothy J. Kelly, falló a favor de las organizaciones defensoras de derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo quienes argumentaron que la regla, conocida como ‘norma de tránsito de terceros países’ y que fue publicada conjuntamente por los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS), viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El juez Kelly destacó en el fallo que la INA permite, en general, que cualquier persona que haya llegado a suelo estadounidense solicite asilo, con algunas excepciones, incluso para aquellos con antecedentes penales.

La INA fue aprobada por el Congreso en 1965 y fue promulgada por el entonces presidente Lindon B. Johnson y recibió modificaciones en 1996, durante el gobierno de Bill Clinton.

En la decisión, Kelly califica la norma de "arbitraria y caprichosa", señalando que fue emitida "sin los procedimientos previos de comentarios y notificación requeridos por la Ley de Procedimiento Administrativo (APA)" cuando fueron anunciados los cambios.

"Hay muchas circunstancias en las que los tribunales se remiten apropiadamente a los fallos del Ejecutivo en materia de seguridad nacional", escribió Kelly. "Pero determinar el alcance de una excepción de la APA no es una de ellas".

La regla del tercer país seguro fue implementada por Trump para frenar la llegada de soliciutantes de asilo a la frontera sur. El cambio al reglamento de este recurso legal disponible fue duramente cuestionado por organizaciones que defienden los derecos de los inmigrantes, quienes alegan que se trata de una violación a la Ley de Asilo de 1980.

En respuesta a las criticas, Trump implementó en enero de 2018 el Programa de Protección al Migrante (MPP), que hasta marzo de este año, poco antes de la declaratoria de emergencia de salud pública por la pandemia del coronavirus y el cierre de la frontera, había regresado a México a más de 62,000 personas a esperar la resolución de sus casos de asilo en Estados Unidos.

Todos esos pocesos en la actualidad se encuentran suspendidos por la epidemia y serán reprogramados una vez se levante el estado de emergencia.

Se espera que el gobierno apele la decisión en los próximos días.

Fallo anterior

En marzo un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, con sede en San Francisco (California) había determinado que la regulación del tercer país deja “muy pocas excepciones” o permite a extranjeros que intentaron llegar o llegaron a la frontera sur a partir del 16 de julio del año pasado, sean elegibles para asilo a menos que lo hayan solicitado en otro país, como México, por el que pasaron camino hacia Estados Unidos.

El panel dijo entonces que la regla migratoria no se refiere directamente a la validez de la política, sino al impacto de una regulación separada y que fue promulgada mientras se encontraba en litigio tras una demanda interpuesta por un subgrupo de peticionarios de asilo.

“El 9º Circuito halló que el gobierno no demostró que sufriría un daño irreparable si la orden entraba en vigor mientras el tribunal revisa los méritos”, dijo el American Inmigration Council (AIC) tras conocer el veredicto del tribunal de apelaciones.

EL panel de jueces del 9o Circuito de Apelaciones también determinó en marzo que era poco probable que el gobierno tenga éxito en la apelación, es decir, que demuestre que no tenía el deber de otorgar acceso al proceso de asilo a personas que aguardaban solicitar este beneficio antes de la puesta en vigor de la prohibición.

La decisión de este martes del juez Kelly constituye un nuevo golpe a la política migratoria de tolerancia cero de Trump después de la decisión del 18 de junio de la Corte Suprema de mantener el programa de Acción Diferida, que ha impedido la deportación de unos 650,000 jóvenes indocumentados que entraron al país antes de los 16 años y se les conoce como dreamers.

En la opinión de 52 páginas, el juz kelly dijo que el gobierno basó su argumento casi por completo en un solo artículo periodístico de octubre de 2018, que sugirió cuando la administración Trump terminó su política de separar a las familias inmigrantes en la frontera ese año la proporción de solicitantes de asilo con niños aumentado, escribió el diario The Washington Post.

Otros dictámenes

En otro fallo emitido la semana pasada por el máximo Tribunal de Justicia, la mayoría de los magistrados (7-2) dictaminaron que los solicitantes de asilo con casos rechazados por falta de méritos y puestos en proceso de deportación expedita (acelerada) no pueden desafiar la decisión en las cortes.

El dictamen limita sustancialmente el papel que pueden desempeñar los tribunales en la revisión de las decisiones de deportación en ciertos casos bajo un proceso simplificado conocido como "expulsión acelerada" (Expedited Removal).

Las deportaciones aceleradas (Expedited Removals) le permiten al gobierno expulsar de inmediato a personas que llevan menos de 14 días en el país y son detenidas en las primeras millas de la frontera, incluso sin que los individuos sean presentados ante un juez de inmigración.

A su vez, el martes de la semana pasada la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (DC) falló a favor del gobierno dándole vía libre para modificar el reglamento y ampliar la cobertura de la deportación expedida a la totalidad de la nación y que lleven menos de dos años en Estados Unidos.

El gobierno cambió el reglamento del programa el año pasado, pero fue detenido a finales de septiembre cuando la jueza federal Ketanji Brown Jackson le dio un duro golpe a los planes del gobierno de concederle poderes extraordinarios a los agentes de inmigración para detener y arrestar a inmigrantes en cualquier parte del territorio nacional, para que pudieran ser expulsados de forma acelerada si tienen antecedentes criminales y no demuestran que llevan al menos dos años en el país.

Pero un panel de jueces de Apelaciones de DC revocó el el dictamen emitido por una corte de distrito que había detenido la implementación de la nueva política del gobierno que facilita las deportaciones aceleradas desde cualquier punto del país a cualquier inmigrante indocumentado que no pueda demostrar que lleva más de 24 meses en territorio estadounidense.

En septiembre del año pasado la Corte Suprema, en una breve orden no firmada, permitió al gobierno continuar aplicando la regla después de que otro juez federal de distrito, Jon S. Tigar, de San Francisco, dictó una orden judicial preliminar para detener la prohibición de asilo indicando que había una enorme cantidad de evidencia indicando que los migrantes no podían buscar asilo de manera segura en México bajo el MPP, indicó el Washington Post.

La corte entregará una orden final en un plazo de 45 días desde la emisión del dictamen preliminar.