Los niños invisibles de la frontera: la crisis humanitaria que pasó de ‘las hieleras’ a las deportaciones exprés

Un adolescente de Guatemala fue descubierto dentro del maletero de techo de una camioneta que pasó por un retén de la Patrulla Fronteriza en Texas. Otro menor era parte de un grupo de 40 migrantes que eran transportados en la caja de un camión de carga que circulaba por una carretera de ese mismo estado.

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Aunque son dos escenas cotidianas en la frontera, a estos menores les tocó cruzarla mientras se implementan restricciones “más fuertes que nunca” buscando detener la propagación del coronavirus. Desde el 20 de marzo cualquier indocumentado detenido por agentes fronterizos es devuelto a su país inmediatamente, sin importar su edad. Quienes se oponen a estas medidas reclaman que socaban acuerdos internacionales y leyes federales que defienden a los refugiados

Solo en los primeros 11 días de la entrada en vigor de la norma, 299 niños y adolescentes fueron expulsados a sus países de origen, la mayoría en el Triángulo Norte de Centroamérica, la región de la cual escaparon por los altos índices de violencia y marginación social.

A la fecha, más de 11,000 personas han sido deportadas sin pasar por el proceso rutinario. “Los niños más pequeños pueden ser portadores” del virus, dijo Mark Morgan, comisionado de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP), explicándo las razones de la nueva estrategia.

Esta nueva regla que elimina prácticas que desde hace más de 20 años se establecieron para proteger a los niños del tráfico humano y el abandono de sus propios padres, marca el punto más álgido de los controles a la inmigración infantil que realiza la administración de Donald Trump.

El recuerdo de 'las hieleras'

Antes de la prohibición fronteriza relacionada con la pandemia, los menores centroamericanos eran alojados en albergues de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) mientras comenzaban sus solicitudes de asilo y esperaban reunirse con sus familiares en Estados Unidos.

Es una especie de purgatorio: deben pasar varios días en ‘las hieleras’, como llaman despectivamente a los gélidos centros de detención de la Patrulla Fronteriza (donde fallecieron seis niños entre diciembre de 2018 y mayo de 2019) y después en refugios, algunos plagados de acusaciones de abusos y maltratos. Ahora ni siquiera los envían a esos lugares.

“Los niños no acompañados constituyen uno de los grupos más vulnerables del mundo (…) Huyeron a Estados Unidos para escapar de peligros como la violencia extrema y la explotación sexual”, señala una carta que varios grupos que defienden a los migrantes enviaron al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 16 de abril, pidiendo el cese de la práctica.

Las deportaciones exprés, por las cuales ahora los catalogan como “menores individuales”, ignoran la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico (TVPRA), que pide transferir a estos niños a los refugios de la ORR en un período no mayor de tres días, después de que los detuvieron cruzando la franja fronteriza.

Además, desafían los términos del Acuerdo Judicial Flores de 1997, que exige ponerlos en instalaciones seguras que no sean demasiado restrictivas, ofrecerles asesoría legal y liberarlos en menos de 20 días mientras avanzan sus trámites migratorios.

Precisamente, citando violaciones al Acuerdo Flores y preocupaciones por la propagación del coronavirus en centros de detención para migrantes, una jueza federal de Los Ángeles ordenó al gobierno de Trump esta semana que libere lo antes posible a miles de niños bajo custodia federal.

"Es como ponerlos en una casa en llamas en vez de rescatarlos y llevarlos a un lugar seguro", comparó en su fallo la jueza Dolly Gee.

Trump vs la inmigración infantil

Las restricciones en la frontera que afectan a los menores han pasado desapercibidos, ya que los problemas en torno al coronavirus monopolizan los reflectores.

Antes de la epidemia, Trump empujó exitosamente su agenda para desalentar la migración y hacer más difícil la entrada a los niños refugiados, alegando que hay un “vacío legal” del cual se benefician las bandas de coyotes y, en sus mensajes más incendiarios, los ha vinculado con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13). “Parecen inocentes, pero no lo son”, expresó una vez de forma generalizada.

A su gobierno le tocó lidiar con el mayor arribo de menores no acompañados en la historia de este país: poco más de 76,000 durante el año fiscal 2019, sobrepasando el récord de 68,541 que fueron detenidos en 2014, en la crisis humanitaria que se generó durante el gobierno de Barack Obama.

Menos ajetreados fueron los meses siguientes. Del 1 de octubre de 2019 al pasado 31 de marzo llegaron otros 18,077 menores solos, un 50% menos comparado con el primer semestre del ciclo fiscal anterior y la cifra más baja registrada desde 2016. Esta reducción abarca las primeras dos semanas de las restricciones relacionadas con el covid-19, por lo que el virus parece no haber incidido en esa caída.

Menos casos aprobados

Varios puntos ayudan a sustentar el argumento de que el gobierno de Trump se ha encargado de hacerles la vida aún más difícil a estos niños, algunos de los cuales son huérfanos y otros sobrevivientes de abuso sexual.

Aquí algunos ejemplos: canceló el programa que les permitía pedir asilo desde sus países, eliminó la iniciativa que les ofrecía ayuda legal, impuso más restricciones en los trámites para obtener visas juveniles (que ofrecen alivio migratorio a quienes han sido abusados o abandonados por sus padres) y a sus patrocinadores.

Sus acciones más duras son la política de ‘tolerancia cero’ que separó a las familias que se entregaban en la frontera y mantuvo bajo custodia a los niños por meses, así como el programa conocido como Protocolos de Protección de Migrantes (MPP), que exige a los solicitantes de asilo esperar en México mientras revisan sus casos.

Más de 50,000 migrantes fueron devueltos y algunos comenzaron a tomar medidas desesperadas, como pedirles a sus hijos pequeños que se entreguen en las garitas. Lo vieron como la única opción para alejarlos de tantos peligros en México.

“Ver a mis hijos cruzar ese puente (internacional), solos, fue algo horrible”, describía Alexandra, una madre hondureña que mandó a sus hijos de 5 y 6 años para que se presentaran en el puerto de entrada de Brownsville, Texas, en noviembre pasado.

Esa dramática acción no garantiza que los niños ganen sus casos, ni que eviten las expulsiones a sus países.

En 2019, los jueces federales emitieron 124,850 órdenes de deportación contra menores no acompañados (28.5% del total), esto es un aumento del 700% en comparación con los fallos registrados en el inicio del gobierno de Trump en 2017, según datos del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York.

Solo el 1.6% del total o 7,053 menores recibieron un alivio migratorio el año pasado.

Entre octubre de 2019 y febrero pasado, hubo 16,635 órdenes de expulsión, casi la misma cantidad que durante todo el año fiscal 2017. En ese mismo período hubo más de 3,300 salidas voluntarias. Los estados con más casos negados son Texas, California, Florida, Nueva York, Georgia y Carolina del Norte.

De 2009 a 2016, abarcando los dos períodos de la presidencia de Obama, hubo 64,313 casos de asilo de niños que fueron rechazados en las cortes migratorias, de acuerdo con el TRAC.

Más de 15,500 niños deportados

Americans for Immigration Justice, un grupo legal sin fines de lucro que representa a migrantes en el sur de Florida, ha notado la tendencia de casos rechazados y lo atribuye a las trabas que impone la Casa Blanca. “Estamos viendo obstáculos y obstáculos en frente de estos solicitantes de asilo en todo momento”, afirma su representante Jennifer Anzardo Valdes.

“Se han intentado implementar muchas políticas que actualmente están pendientes de litigio y también decisiones del fiscal general (…) que definitivamente han afectado la capacidad de ganar los casos de los niños y los solicitantes de asilo en general”, explicó Anzardo Valdes.

Un análisis del Servicio de Investigaciones del Congreso publicado en octubre de 2019 subraya que la representación legal marca una gran diferencia. El informe concluye que el 90% de los 10,226 procesos migratorios de niños sin abogados fueron negados entre el 1 de octubre de 2017 y el 31 de marzo de 2018. Mientras que fue rechazado el 39% de los 9,543 casos que sí tenían asistencia legal.

Esto, a su vez, se ve reflejado en las cifras de deportaciones de ICE, que en 2019 expulsó a 6,351 menores no acompañados, casi el doble que el inicio del gobierno de Trump, según su informe más reciente.

Durante los primeros tres años de esta administración, más de 15,500 niños y adolescentes que llegaron solos a EEUU fueron devueltos a sus países.

“Las puertas se están cerrando para los niños que vienen huyendo de situaciones vida o muerte, que son los más vulnerables del mundo”, reclamó Alex Gálvez, un abogado de inmigración en Los Ángeles. “Esta administración lo está haciendo con impunidad, con mano dura, sin alma y sin remordimiento”.

“Ellos son la esperanza”

El perfil de la migración infantil es prácticamente el mismo desde el primer éxodo hace una década: alrededor del 75% tiene entre 15 y 17 años, los varones son el 70%, la gran mayoría proviene de Honduras, El Salvador y Guatemala, y muchos se dirigen a California, Texas, Nueva York, Maryland, Nueva Jersey, Virginia y Florida.

Muchos dan por sentado que al cruzar a EEUU sus vidas se tornan de color de rosa, pero no es así. Tanto los recién llegados, como los que vinieron en 2010, se enfrentan a retos similares: el choque cultural, acoso escolar, un hogar en el que no encajan, patrocinadores que les dan la espalda en pocos meses, deudas por su viaje a EEUU, traumas, pandillas, drogas y, en los casos más extremos, algunos terminan durmiendo en las calles.

“Vienen de situaciones donde han sido invisibles, a una situación donde son completamente invisibles”, describe Federico Bustamante, quien ha sido el mentor de más de 100 adolescentes no acompañados que conoció en un albergue de Los Ángeles.

Este activista subraya que estos muchachos son un ejemplo de resiliencia, porque han sabido sortear cada una de las dificultades desde que comenzaron su odisea para llegar a Estados Unidos. Quienes sobresalieron lograron obtener títulos universitarios, destacaron en el deporte, formaron sus propias familias o dejaron las adicciones.

“Ellos son la esperanza de una visión positiva y productiva para cualquier comunidad (…) Lo que necesitan es empatía”, concluye Bustamante.

Javier Figueroa, Amaya Verde, Ana Elena Azpurua y Lorena Arroyo contribuyeron para la realización de este reportaje.