"Ni los abogados tenían una explicación": un juez frenó su deportación de EEUU pero lo regresaron a México

Sin abogados, J * se presentó el 4 de octubre en la carpa de Laredo, Texas, donde tendría por videoconferencia la última audiencia de su caso de asilo. A través de la pantalla, el juez le explicó que no calificaba para ese beneficio migratorio como consecuencia de las últimas restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a los migrantes en la frontera, que lo obligaban a pedir asilo en alguno de los países por lo que pasó antes y que se lo negaran. Pero por los riesgos que correría de volver a Venezuela le dio otra solución: le permitió la entrada a Estados Unidos con un freno temporal para su deportación (conocido como withholding of removal) que acabaría el mismo día que cambiara el gobierno de su país. J sintió un alivio.

Pero el fiscal acusador aseguró que apelaría la decisión. Tenía 30 días para hacerlo. J no habla inglés y entendió poco de lo que dijo el juez; solo le resonaba en la cabeza una palabra que sí captó: "deportation" (deportación). "Quedé demasiado desorientado (...) Me bloqueé", recuerda el venezolano de 28 años. En una situación normal, él debía permanecer en suelo estadounidense, pero ocurrió lo contrario.

Los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Laredo (CBP) le dieron una notificación con una supuesta nueva fecha de corte para el 18 de noviembre de 2019, algo que nunca ocurriría porque su caso ya estaba resuelto. Ese papel les permitió llevarlo al puerto fronterizo y que las autoridades de México lo recibieran una vez más por estar bajo los Protocolos de Protección de Migrantes (MPP).

" Creo que había sido el primer caso en Laredo que llegaba a su última corte y había sido ganado. Ni siquiera los abogados tenían una explicación. Yo no debía estar en territorio mexicano", cuenta.

CBP emitió ese papel para poder regresarlo a México a esperar esos 30 días por la apelación del fiscal a la decisión, explica a Univision Noticias Kennji Kizuka, investigador en materia de protección de refugiados de la organización Human Rights First y quien ha llevado la defensa del venezolano: "A pesar de que ganó fue enviado de vuelta, porque el gobierno de México no admite a nadie (bajo MPP) que no tenga una fecha de corte(en Estados Unidos). Así que lo que el gobierno estadounidense ha estado haciendo es emitir notificaciones de audiencias falsas para que parezca que tienen una corte y así México los recibe".

Una investigación del diario San Diego Union Tribune publicada a inicios de mes hace un recuento de al menos 14 ocasiones en las que funcionarios de CBP en Texas y California procedieron igual que con J con personas bajo MPP y cuyos casos habían concluido. En las planillas les indican una hora y el puerto fronterizo en el que deben estar en una fecha específica para ser supuestamente trasladados a las cortes. Pero se trata de fechas falsas para evitar que permanezcan en Estados Unidos. Abogados en la zona consultados por Univision Noticias confirmaron que se han encontrado con otros casos similares.

Univision Noticias preguntó a CBP sobre este proceso, pero hasta el cierre de esta nota no había recibido alguna respuesta.

Los protocolos obligan a los solicitantes de asilo en la frontera a esperar la resolución de sus casos del lado mexicano. Hasta ahora, unas 50,000 personas se han visto afectadas por esta medida del gobierno de Trump que ha sido desafiada por distintas cortes estadounidenses que la consideran no solo inhumana sino una "violación del debido proceso".

"Son unos traidores y el que los va a procesar eres tú"

J era policía en Zulia, un estado en el occidente de Venezuela que en diciembre de 2017 fue reconquistado en elecciones por el partido oficialista (el Socialista Unido de Venezuela, PSUV). Para entonces, el país ya había pasado meses de protestas opositoras —que no cesaban— empujadas por medidas tomadas por el gobierno chavista, entre ellas la solicitud del presidente Nicolás Naduro de pedir por decreto el desmantelamiento de todos los Poderes Públicos y la redacción de una Constitución a su medida, así como un repunte de las detenciones arbitrarias, la represión y torturas a los manifestantes.

En ese panorama, los funcionarios de la policía de Zulia recibieron una orden: debían reprimir a todos los que pensaran distinto al gobierno chavista y protestaran.

Y llegó el día de la virgen, el 18 de noviembre: "Nadie quiere protestar ese día, todos celebran", dice J. Él patrullaba por la zona y recibió una llamada en la que le informaron que unas siete personas detenidas debían ser trasladadas a la comisaría. En su carro montaron a tres: "Yo les pregunté qué pasaba y ellos me dijeron que arremetieron contra ellos por desorden, pero no veo ni desorden ni la calle bloqueada sino personas con gorras de Venezuela, que usa la oposición, detenidas". J les prometió ayudarlos con sus superiores una vez que llegaran al comando.

Pero el acto de buena fe fue cuestionado por su jefe, que solo le respondió: "Ellos son unos traidores y el que los va a procesar eres tú". J se negó, salió del despacho y poco después recibió una citación del director de la policía, que luego le dijo que por desobedecer una orden lo sacaría de la calle y lo dejaría sentado en una oficina, solo en labores administrativas, con una reducción de horas de trabajo y también de sueldo. "Yo pensé que con el tiempo se le pasaría", recuerda.

De ahí en adelante todo empeoró y se convirtió en una afrenta personal en su contra.

El padre de J debía ser tratado de emergencia por un fallo cardíaco, él se identificó como policía en el hospital esperando recibir una mejor atención, pero los cardiólogos del hospital al que llegó —el único que daba asistencia en esa especialidad por la falta de médicos dada la diáspora— lo tuvieron horas esperando y al, final, no quisieron atenderlo: "La única forma es que llames a alguien pesado del gobierno. La orden (de no atenderlo) viene de la Secretaría de Salud del Gobierno", le dijeron. A la 1:30 am del 26 de febrero de 2019 el hombre falleció por falta de cuidados médicos. "Todavía no me lo creo. Ni siquiera he podido llorar como es".

Después del entierro, el 1 de marzo, J puso la denuncia en la policía científica sobre lo ocurrido con su padre. El 7 de marzo renunció a su puesto, pero no le aceptaron la carta. Asegura que no podía seguir sirviendo en ese cuerpo: "Fueron partícipes de lo que le pasó a mi papá", reclama. De igual forma él no se presentó nuevamente al trabajo y fueron por él.

El 11 de marzo de 2019 llegó a su casa una comisión de la propia policía de la que fue parte y le dijeron que había una orden de arresto en su contra por extorsión. Nunca le mostraron ni el papel ni la firma del juez con la acusación. Se lo llevaron esposado y en cinco días que estuvo preso, cuenta, lo torturaron física y psicológicamente y, de nuevo, sus propios compañeros. "Hoy sí te vas a morir", amenazó uno de ellos.

Cuando lo liberaron, él se escondió y entonces fueron por la madre. Cuatro motorizados armados la bloquearon en la calle y la amenazaron: "Le dijeron que si yo no aparecía sería ella la que pagaría los platos rotos. ¿Te puedes imaginar mi desesperación? Ya habían acabado con mi papá, no iba a sacrificar a mi mamá", dice.

Fue entonces cuando huyeron del país en un recorrido que los llevó por Colombia, Panamá y desde allí a México y a la frontera con Estados Unidos, donde pidieron asilo político.

La larga espera

Se había cumplido un mes después de aquella última corte, J estaba ansioso. "Los abogados me dicen que hay que ser conservadores, que el fiscal tenía hasta el final del día para apelar", recuerda. Así que la espera se prolongó por unas horas más.

Al final, no pasó nada. J podía avanzar. "El abogado entonces me dijo que me presentara en el puente fronterizo a las 6:00 am del 6 de noviembre para discutir mi caso con CBP", asegura al teléfono. Eso hizo. Al cruzar, fue entrevistado por los agentes, pero no lo dejaban pasar al otro lado. "Estaban renuentes".

Los abogados seguían batallando con argumentos como que había una orden de un juez que le permitía entrar a Estados Unidos y que el fiscal no presentó las pruebas en el lapso de apelación. Así pasaron cuatro horas entre la espera y el debate.

"En eso llegó una oficial de ICE (Oficina de Control de Aduanas e Inmigración) que me había visto en el juicio y me preguntó qué hacía allí, que qué pasaba que no estaba en Estados Unidos. Yo le expliqué que el fiscal había apelado el caso", cuenta J. Ella decide ir a hablar con los oficiales de CBP. Pasan 15, 20 minutos más y le informan a J que ya hay una decisión.

Paralelamente, Kennji Kizuka asegura que la organización en la que trabaja, Human Rights First, pidió ayuda de funcionarios en el Congreso. "Pero sin un abogado, CBP podría haberlo devuelto al peligro de México nuevamente", escribió el investigador en su cuenta de Twitter.

A lo lejos, J ve a un oficial de CBP con su pasaporte. Una hora después, le pidió que lo acompañara: "Ahí me dicen que puedo pasar a Estados Unidos. No me explicaron nada. Cuando iba casi en la puerta de entrada a territorio estadounidense me dijeron que si salía estaba deportado".

J ahora está en Florida con su hermana. Los abogados trabajan en la apelación de su petición de asilo. Mientras, espera que pasen los días para que llegue su permiso de trabajo pues necesita dinero con urgencia. Su madre tiene cuatro meses detenida por autoridades migratorias y la familia trata de reunir los 7,000 dólares de su fianza para que la liberen y todos puedan estar juntos de nuevo.

*El nombre de esta persona fue cambiado a solicitud de los abogados para proteger su seguridad.